Mayo: Crítica bajo acecho

Facebook
Twitter
LinkedIn

Mayo cerró como el mes con más casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión durante el año 2023 en Venezuela, hasta ahora. En el último mes, documentamos 27 casos (30 % más que en abril) y 51 violaciones, principalmente actos de censura, intimidación y hostigamiento verbal (casi 65 % del total). 

En total, registramos 32 víctimas de violaciones a la libertad de expresión, principalmente periodistas (11), medios de comunicación (6) y organizaciones no gubernamentales o sus integrantes (4), así como 15 casos relacionados con restricciones en internet (bloqueos, ataques a portales o fallas del servicio).

14 de los 33 victimarios fueron instituciones del Estado (42 % del total), junto con 7 cuerpos de seguridad y 5 funcionarios o funcionarias, lo que pone de manifiesto la política continuada e impune de irrespeto al derecho de la población a expresarse e informarse libremente.

Ataques a periodistas

El 4 de mayo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía del estado Táchira intimidaron a la periodista y corresponsal de La Patilla, Luz Dary Depablos, luego de que terminara de grabar una entrevista cerca de una sede del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Depablos estaba terminando de entrevistar a una ciudadana que exigía información sobre el estatus de la solicitud de pasaporte de su hija cuando un efectivo de la GNB, que custodiaba la entrada del Saime, le pidió sus documentos de identificación y el carné de periodista. Tanto al GNB como al policía estatal les negó entregar sus documentos. 

El periodista Gustavo Azócar fue citado por la fiscalía décimo octava del Ministerio Público, en el estado Táchira, para que se presentara el 5 de mayo y ser entrevistado en la sede gubernamental por una denuncia en su contra por unas publicaciones de su cuenta en Twitter.

Foto: cortesía

Azócar explicó en un video en TikTok, que no puede ofrecer mayores detalles ni decir quién lo denunció, solo que es una denuncia relacionada con su trabajo en redes sociales. “Por unas publicaciones que hicimos en abril y de las cuales siempre tenemos argumentos, documentos, pruebas, testimonios”, dijo.

A mediados de mayo, y en línea con una política oficial vigente desde febrero de este año, el personal de seguridad del Hospital Central de Maturín, estado Monagas (noreste) volvió a impedir el acceso al recinto a los periodistas José Ignacio Piñango, de Radio Fe y Alegría Noticias, y Jefferson Civira, de La Patilla y Qué Pasa en Venezuela. 

A los reporteros les indicaron que no los dejarían pasar a los pisos superiores del hospital y que cualquier cifra o dato a publicar debe contar con la autorización previa del Ministerio de Salud o de la Autoridad Única en Salud de la entidad. La prohibición se dio luego de que, meses atrás, los periodistas revelaran información sobre el estatus de las enfermedades de transmisión sexual en el hospital. 

Piñango, junto con el periodista Omar Padrón y el reportero gráfico Osmel Rodríguez, ambos de La Prensa de Monagas, fueron hostigados y agredidos el 18 de mayo por integrantes del consejo comunal “La Viña de Chávez” en el conjunto residencial “La Viña” de Maturín.

Los trabajadores de la prensa cubrían un conflicto que hay entre las juntas de condominio de las residencias y el consejo comunal. Luego de tomar declaraciones de los voceros de las juntas, fueron a buscar testimonios de la contraparte, pero en cambio fueron agredidos verbal y físicamente por sus integrantes, presuntamente afectos al chavismo.

Vulneraciones contra la ciudadanía

El arquitecto y columnista del portal Aporrea, Servando Marín, fue detenido el 1° de mayo bajo la acusación inconstitucional de “promoción e incitación al odio” por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y liberado con régimen de presentación el 7 de mayo.

El hecho ocurrió en Cumaná, estado Sucre (noreste), y según reportó Punto de Corte, a Marín se le informó de una “supuesta flagrancia” al utilizar las redes sociales para hacer una convocatoria de prensa, en la que “‘promovía e incitaba al odio”. Según el portal Aporrea, a su columnista lo detuvieron “por ejercer su derecho a informar, opinar, expresar ideas y pensamientos.

El 3 de mayo se viralizó un audio en el que el entonces alcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui (noreste), Ernesto Paraqueima, hostigó verbalmente la realización de un mural en la ciudad de El Tigre, organizado por la sociedad civil para concientizar sobre el trastorno del espectro autista (TEA).

Paraqueima habló despectivamente sobre lo plasmado en la expresión artística por la ciudadanía y exigió a su administración que se quitara el mural, aunque el mismo fue hecho en una propiedad privada con el consentimiento de sus propietarios. Exigir una permisología para expresarse a través del arte es un obstáculo arbitrario que impone el Estado venezolano y vulnera el derecho a la libertad de expresión.

Al día siguiente, la Asamblea Nacional oficialista pidió a la Fiscalía General “investigar” la expresión de Paraqueima y, ese mismo día, el Ministerio Público libró una orden de detención en contra del alcalde por la presunta comisión de “promoción o incitación al odio”, delito contemplado en la inconstitucional normativa contra el odio.

El procedimiento penal no es el medio adecuado para sancionar a funcionarios/as por emitir declaraciones estigmatizantes, por lo que establecer una privativa de libertad no es proporcional. Al contrario, en casos similares se debe evaluar la aplicación de medidas menos punitivas como el derecho a réplica, sanciones contempladas en el derecho civil o administrativas.

El 10 de mayo, funcionarios del CICPC detuvieron a la ciudadana Yrasema Malavé mientras le daba una entrevista virtual a la periodista Sebastiana Barráez sobre el caso de su hija desaparecida en Valencia, estado Carabobo (centro norte).

Según reportes de prensa y periodistas con conocimiento del caso, Malavé ha denunciado a funcionarios públicos presuntamente relacionados y retuitea casos similares de irregularidades que ocurren en el Concejo de protección de niños, niñas y adolescentes “y la actuación de los fiscales” alrededor de esos casos. 

Y el 18 de mayo, el humorista y locutor, Luis Chataing, recibió amenazas de “acciones legales” por parte del ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, luego de mencionarlo en una publicación en su cuenta de Twitter.

Villegas citó un tuit irónico que publicó Chataing, lo “emplazó” a retirar la publicación y se reservó “las acciones legales a que hubiera lugar”. El chiste hacía referencia a la muerte en custodia policial del hacker Juan Almeida, quien falleció a causa de una enfermedad según la versión oficial, y la comparaba con las partes médicas que ofrecía Villegas del expresidente Hugo Chávez.

Censura digital

El portal web de Aporrea fue víctima de un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS) el 7 de mayo, según informó el medio en Twitter. Su cofundador, Gonzalo Gómez Freire, aseguró que el portal estaba “bajo ataque internacional por encargo de ‘alguien’ que lo paga en Venezuela”. 

En la tarde del día siguiente, Gómez Freire denunció un nuevo ataque “después de un cese momentáneo” del anterior. El medio crítico con el gobierno de Nicolás Maduro ya había sido víctima de censura y ataques en ocasiones anteriores, como el 28 de febrero cuando el portal fue bloqueado por DNS.

El 8 de mayo, el Observatorio Venezolano de Finanzas informó a través de su cuenta en Twitter que su página web fue bloqueada en todo el país por las empresas proveedoras del servicio de internet, acción que “busca restringir el acceso a la información y viola la libertad de prensa y expresión de la ciudadanía”.

El portal sufrió un bloqueo de tipo DNS, según reportó el observatorio de internet Ve sin Filtro. La restricción fue aplicada por la empresa estatal CANTV, así como por Movistar, Inter, NetUno, Digitel y Supercable.

El mismo tipo de bloqueo fue aplicado por CANTV, Inter, Movistar, NetUno y Digitel, al día siguiente, al sitio web salariodignovzla.com, una iniciativa comunicacional de la Red Sindical Venezolana que publica contenido relacionado con el derecho a la asociación y agrupa a distintos sindicatos, dirigentes y gremios. 

Según reportó Ve sin Filtro, el bloqueo del portal de la Red Sindical es el cuarto que documentan en los últimos años relacionado con organizaciones de la sociedad civil.

Medios y emisoras en la lupa oficial

El 5 de mayo, funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) decomisaron los equipos de la emisora Mariana 100.7 FM que estaba al aire desde la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui.

El hecho ocurrió un día después de la detención del exalcalde de la localidad, Ernesto Paraqueima, quien tenía un espacio en esa emisora desde hace cuatro años. Los funcionarios de la Conatel, junto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), decomisaron todos los equipos de transmisión.

De igual forma, mientras cubrían el cierre de la emisora, presuntos afectos al exalcalde Paraqueima le lanzaron piedras al equipo reporteril de Diario El Vistazo, según reportó su directora, Nilsa Varela.

mundo oriental

También el 9 de mayo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanaron la sede en El Tigre del portal de noticias Mundo Oriental, censuraron su sitio web e incautaron sus equipos. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que el allanamiento fue un procedimiento administrativo vinculado, presuntamente, con la detención del exalcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima. 

Por presiones políticas, el 12 de mayo fue sacado del aire el programa de información y opinión Mesa de Análisis, que conducía el locutor y abogado Leonaldi Meza en la emisora Furia 89.9 FM del estado Barinas (suroeste).

El acto de censura ocurrió luego de que la junta directiva de la emisora recibiera llamadas relacionadas con un conflicto por la desaparición de 32 mil bombonas de gas doméstico de PDVSA Gas en la entidad, hecho que reseñó en su programa. 

Mientras que en Ciudad Guayana, estado Bolívar (sur), el 17 de mayo la Conatel sacó del aire el programa Ciudad 286 que se transmitía a través del Circuito Éxitos bajo el argumento de que era un segmento “muy noticioso”.

A la una de la tarde de ese día, el periodista Brayan Silva y su compañero en la conducción recibieron la instrucción vía telefónica, por parte de la emisora, de que el programa debía salir del aire por “recomendación” de la Conatel porque era muy noticioso “para el estilo de Éxitos”. 

El 22 de mayo, Ciudad 286 regresó al aire, aunque bajo la conducción de otra locutora. “No escuché el programa. No sé si fue noticioso como nos hicieron  llegar a nosotros”, dijo Silva.

Restricciones de acceso a Internet

El 8 de mayo, el observatorio de internet VE sin Filtro registró una falla eléctrica en el estado Barinas (oeste) que generó una caída de internet en ese y otros estados del occidente del país. La falla inició a las 11 de la mañana de ese día y duró casi siete horas, afectando mayormente a Barinas (cayó a 65 % de sus valores normales), Trujillo (80 %) y Táchira (80 %).

Al día siguente, cerca de las 4:00 p. m., VE sin Filtro detectó una caída de conectividad en varios estados del país; los más afectados fueron Mérida, donde la conexión a internet cayó a 18 % de sus valores normales, y Táchira, con 14 % de conectividad.

Al mediodía del 11 de mayo, VE sin Filtro registró otra caída en varios estados, falla que duró aproximadamente cinco horas. Apure, Cojedes y Guárico fueron los estados más afectados por la falla.

Los problemas para conectarse a internet limitan el ejercicio de la ciudadanía de su derecho a expresarse y acceder libremente a la información. El Estado debe velar por el buen funcionamiento del servicio para garantizar que las personas puedan comunicarse, sobre todo en estados donde no hay suficiente pluralidad informativa debido a los cierres de medios tradicionales.

La estatal CANTV es el proveedor de internet con mayor penetración en Venezuela y el Estado es quien tiene la obligación de garantizar la conexión estable, libre y neutral, que permite además el ejercicio de otros derechos humanos además de la libertad de buscar, recibir y difundir información.

Artículos relacionados

Diputado Jesús Faría hostiga a periodista en rueda de prensa

Alberto Torres, periodista del portal digital Crónica Uno, fue hostigado verbalmente por el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),

Luis Alejandro Acosta

Excarcelan con medidas cautelares al periodista Luis Alejandro Acosta

El Tribunal Primero de Control del estado Amazonas (sur) excarceló con medidas cautelares, este jueves 21 de septiembre, al periodista Luis Alejandro

Hostigan a la periodista Ronna Rísquez

La periodista Ronna Rísquez resultó víctima de hostigamiento verbal a través de la red social X (antes Twitter), este jueves 21 de

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.