Julio: censura oficial y opacidad estatal un mes después de los terremotos

agosto 9, 2026

En julio, registramos 15 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, durante la emergencia y limitaciones en internet. La intimidación (11 hechos) y la censura (9 hechos) concentraron más del 76% del total. De las 18 víctimas identificadas, 14 fueron periodistas o reporteros (77,78%). Entre los 16 victimarios, los cuerpos de seguridad concentraron la mitad de los casos (8, 50%), seguidos por funcionarios públicos (4, 25%).

El Distrito Capital (5 casos) y La Guaira (epicentro de la emergencia) concentraron el 60% de los hechos del mes.

Discursos oficiales de estigmatización contra la prensa

El mes estuvo marcado por un patrón de discursos oficiales que buscaron deslegitimar el trabajo periodístico durante la cobertura de la emergencia. Ya el 2 de julio, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, había recurrido a la narrativa de “laboratorios mediáticos” para justificar la militarización del estado La Guaira y desestimar las denuncias ciudadanas sobre la lentitud del rescate, calificando de “miserables” las alertas ciudadanas, entre ellas la alerta de tsunami que, según una investigación de Cazadores de Fake News, en realidad provino del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE. UU. y no de ningún laboratorio político ¹.

El 15 de julio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, escaló el discurso: durante su programa semanal en el canal estatal VTV, calificó la cobertura de medios extranjeros en La Guaira y Caracas como una guerra mediática y descalificó a los periodistas con términos despectivos ².

Ese mismo día, el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, instó formalmente a medios y periodistas locales a suspender por 15 días cualquier información vinculada a los sismos, condicionando la cobertura del programa “Monagas Solidaria” (que atiende a 612 personas desplazadas) a esa pausa informativa ³.

Opacidad institucional en la gestión de la emergencia

Desde el inicio del mes advertimos que el decreto de Estado de Emergencia por el doblete sísmico (N.° 5.364) debía ser transparente y garantizar el acceso a la información pública, no solo servir como marco jurídico para la gestión de la crisis ⁴. Esa advertencia se confirmó al cumplirse un mes del sismo: las omisiones institucionales continúan.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) emitió boletines técnicos con retraso injustificado durante las horas críticas posteriores al sismo, y las autoridades calificaron los cuestionamientos sobre la opacidad y lentitud de la respuesta como una “matriz politizada”, mientras se mantuvieron restricciones a la cobertura periodística en morgues e infraestructuras colapsadas y bloqueos informativos que vulneran el artículo 58 de la Constitución⁵.

Por otro lado,⁶ un balance sobre acceso a la información pública destaca la omisión de publicación de datos relevantes para la gestión de la emergencia.

El Estado venezolano ha recibido compromisos de asistencia de al menos 37 países por más de 780 millones de dólares, sin que exista aún información pública disponible sobre cómo se distribuye esa ayuda, una opacidad que sirve de caldo de cultivo para la corrupción ⁷.

Conectividad e internet

Tras los terremotos, el servicio de internet quedó severamente deteriorado en las zonas más afectadas, además de estar limitado en todo el territorio nacional. Las fallas agravan el aislamiento informativo de comunidades ya golpeadas por los terremotos, dificultando tanto la cobertura periodística como el acceso ciudadano a información vital sobre la emergencia ⁸.

Censura mediante reclamos de derechos de autor

El mecanismo legítimo de retirada de contenido por derechos de autor puede convertirse en una herramienta de censura disfrazada, como hemos registrado anteriormente. En mayo y junio, Armando.Info y El Pitazo perdieron sus cuentas de Instagram por reclamos de copyright falsos. La estrategia que instrumentaliza el copyright para silenciar periodismo no es nueva.

Nuestro texto conecta estos casos con precedentes documentados desde 2020 (el caso de la ONG Acceso a la Justicia) y con patrones similares identificados por Reporteros Sin Frontera en Asia Central y por ARTICLE 19 en toda la región. Además ofrecemos una guía práctica de prevención y respuesta para periodistas y medios ⁹.

Respuesta y solidaridad de la sociedad civil

Frente a este panorama, ocho organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa emitieron un pronunciamiento conjunto el 15 de julio expresando su preocupación por las restricciones impuestas a la prensa durante la emergencia ¹⁰. Como apoyo práctico a los equipos periodísticos desplegados en zonas de desastre, publicamos una guía de autocuidado para la cobertura de crisis, recordando que cuidar la salud física y emocional de quienes informan, una condición para sostener la cobertura en el tiempo ¹¹.

Por otro lado, la denuncia del Estatuto de Roma notificada por Delcy Rodríguez el 24 de julio profundiza el aislamiento jurídico internacional del país, dejando a la ciudadanía en mayor indefensión ante la Corte Penal Internacional ¹².