El arquitecto y columnista del portal Aporrea, Servando Marín, fue detenido el 1° de mayo en Cumaná, estado Sucre (noreste), por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) bajo la acusación inconstitucional de “promoción e incitación al odio”.
El 7 de mayo, el cofundador de Aporrea, Gonzalo Gómez Freire, informó a través de su cuenta en Twitter que Marín fue liberado con régimen de presentación.1
Según informó el medio digital Punto de Corte, a las ocho de la noche del 30 de abril un grupo de seis funcionarios del CICPC llegaron a casa e intentaron llevarse a Marín. Al día siguiente, el columnista se presentó de manera voluntaria en la sede del CICPC y fue detenido sin orden de aprehensión ni solicitud de un fiscal.2
El medio asegura que a Marín se le informó de una “supuesta flagrancia” al utilizar las redes sociales para hacer una convocatoria de prensa, en la que “‘promovía e incitaba al odio’, utilizando como ‘modus operandi’ la creación de fake news o falsas noticias”.3
A Marín también se le acusó de ser “parte de una organización anarquista” financiada desde el exterior. Según el portal Aporrea, a su columnista lo detuvieron “por ejercer su derecho a informar, opinar, expresar ideas y pensamientos”.4
El medio, que en ocasiones anteriores ha sido atacado y censurado por ser crítico con las políticas del gobierno de Nicolás Maduro, cuestionó el inconstitucional delito de “promoción del odio, categoría de delito creada para judicializar la opinión y el ejercicio de la libre expresión”.5
Nícmer Evans, director de Punto de Corte, dijo que Servando Marín fue columnista regular de ese medio desde 2020 hasta principios de 2022. Allí, publicó varias denuncias sobre temas arquitectónicos, derecho de propiedad y cierres de calles en su región.6
Además, añadió que Marín tiene una organización relacionada con los temas ambientales, de salubridad y arquitectónicos en Cumaná y el estado Sucre. “Estas denuncias han perturbado a la institucionalidad del estado Sucre y de la ciudad de Cumaná”, dijo Evans.7
La persecución penal a la ciudadanía por opinar o denunciar hechos de importancia para la sociedad no solo vulnera su derecho a la libertad de expresión, sino que busca, y en ocasiones consigue, inhibir a la población de hacer denuncias y debatir sobre los problemas que afectan a sus comunidades.
Referencias
