Agosto: Aumenta la intimidación oficial

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En agosto registramos un incremento respecto a julio de más del doble en número de casos de violación a la libertad de expresión en Venezuela. En total detectamos 16 casos y 27 violaciones, con la censura y la intimidación como las más comunes ( 10 cada una en el mes). En lo que va de año, suman 261 violaciones.

Al menos 13 periodistas/reporteros fueron víctimas entre las 24 contabilizadas, seguidos por cuatro medios de comunicación, un miembro de ONG, un particular y cuatro casos que afectaron a la ciudadanía en general.

Sobre los 17 victimarios registrados en agosto, se mantiene el patrón de persecución y criminalización de la prensa y el discurso crítico por parte del Estado. Cuatro instituciones estatales, tres cuerpos de seguridad y tres funcionarios vulneraron el ejercicio de la libertad de expresión.

Entre los victimarios también destacan dos directivas de medios de comunicación, dos grupos violentos, dos desconocidos y un particular. Otras violaciones registradas fueron hostigamiento verbal (3), agresiones (2), junto con una amenaza y una restricción administrativa.

Agresiones a periodistas

El 1° de agosto, la periodista Dorkis Cárdenas fue intimidada por funcionarios del Hospital “Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz” de San Cristóbal, estado Táchira (suroeste), cuando acudió a entrevistar al jefe de la Unidad de Cardiología del centro de salud. 

Un individuo que se identificó como abogado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) le solicitó a Cárdenas sus credenciales y le dijo que necesitaba un permiso de las autoridades para hacer entrevistas en el recinto, exigencia que legalmente es innecesaria para obtener información en lugares públicos.

En el municipio Miranda del estado Falcón (noroeste), un funcionario de la Alcaldía identificado como Luis Gerardo Chávez impidió el 8 de agosto que personas refugiadas a causa de incendio declararan y dieran entrevistas a la periodista Marthy Barbera.

El hecho ocurrió en un refugio ubicado en el centro de la ciudad de Coro donde hay entre 12 y 14 familias refugiadas porque un incendio afectó sus viviendas. Cuando Barbera se estaba presentando como periodista para entrar al albergue a hacer las entrevistas, el funcionario le dijo que las familias no estaban autorizadas para dar declaraciones.

Marthy Barbera

El impedimento a la periodista no solo limitó su trabajo, sino que impidió el ejercicio pleno de las personas refugiadas a expresarse y contar su versión de los hechos y de posibles situaciones que viven en el refugio.

El 15 de agosto, el periodista independiente Edgar Tovar fue víctima de un arrebato de sus equipos de trabajo cuando intentaba hacer cobertura de un acto de uno de los candidatos a la elección primaria de la oposición, Henrique Capriles Radonski, en una cancha de la ciudad de San Fernando, en el estado Apure (sur).

Tovar narró que se disponía a hacer su trabajo cuando una persona desconocida se le acercó, le reclamó que estuviera “grabando” y le arrebató su teléfono celular, dos micrófonos inalámbricos y le dañó un cable auxiliar que el comunicador estaba usando.

Una funcionaria de la Policía del estado Táchira hostigó por teléfono a la madre del periodista Carlos Rivas por publicar información en Instagram sobre una infracción de tránsito de una patrulla en el municipio Michelena de la entidad.

Carlos Rivas
Foto: Captura de pantalla

La información fue publicada el 10 de agosto por el medio Táchira 360 gracias a una denuncia anónima y usuarios de la red social etiquetaron al director del cuerpo policial. La funcionaria le recriminó a la madre del periodista que tenían que hablar con PoliTáchira antes de publicar cualquier información sobre ellos.

A través de la red social Twitter, el periodista y director de la ONG Redes Ayuda, Melanio Escobar, fue víctima de hostigamiento por parte de cuentas vinculadas al oficialismo el 20 de agosto.

Escobar fue señalado por cuentas anónimas de “pseudo influencer” y de “generar una campaña de odio en Venezuela”. En los mensajes también se instaba a altos funcionarios a investigar al comunicador.

Un grupo de ocho mujeres agredieron e insultaron el 28 de agosto a la periodista Alexandra Torres, redactora de Entérate Noticias y locutora en Ganadera 88.1 FM, cuando cubría la toma de una sede de la PNB en Villa del Rosario, estado Zulia (oeste).

Según dijo la comunicadora, el grupo de personas agresoras estuvo liderado por el concejal Jesús López, miembro del PSUV que incitó a gritarle, insultarla y agredirla físicamente. El grupo mostró su desacuerdo con información que se ha publicado Torres sobre vínculos del concejal con la escasez de combustible en la zona.

Criminalización del discurso crítico 

Durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro hostigó verbalmente, el 3 de agosto, al portal de noticias Voz de América (VOA) por un reportaje que publicó sobre la economía venezolana. El líder oficialista acusó al medio de tener una “campaña contra Venezuela” y mentir.

El reportaje de VOA mencionaba que, según expertos, la economía venezolana entró en recesión técnica en el primer semestre del año y Maduro lo tildó de basarse “en datos falsos”. El medio explicó que el reportaje incluye comentarios de economistas y docentes con cifras alternativas del Observatorio Venezolano de Finanzas, ante la opacidad del Estado con los datos oficiales.

Personas desconocidas, vestidas de civil, intimidaron el 21 de agosto a periodistas de Televisora Regional del Táchira, Diario de Los Andes, La Nación y El Pitazo que cubrían una rueda de prensa de la Plataforma Unitaria en San Cristóbal, estado Táchira.

Según información publicada por el Diario de Los Andes, al menos cinco hombres estuvieron fotografiando y grabando videos de las personas presentes en el lugar, incluyendo a las y los periodistas. Luego de ser increpados, los sujetos se fueron en un vehículo color blanco.

Seir Contreras

En la tarde del 22 de agosto, el periodista Seir Contreras fue despedido arbitrariamente del canal privado Globovisión por comentarios que hizo durante una entrevista al diputado oficialista, Ramón Magallanes.

Contreras fue notificado del despido vía telefónica por un gerente del canal, quien le notificó que seguía instrucciones de la directiva. El gerente también le indicó, sobre lo que dijo el periodista al aire, que “esas cosas se hacen en las redes personales, no en el canal”.

En la parroquia La Pastora del municipio Libertador, en Caracas, ocho funcionarios del CICPC ingresaron de manera ilegal a la vivienda de Zaida Mujica y Samuel Bravo, líderes comunitarios y conductores del programa Noticiero Machete, del medio digital Punto de Corte.

Los funcionarios no se identificaron ni llevaron orden judicial para realizar el allanamiento. Inspeccionaron el lugar, tomaron fotos e investigaron sin Mujica y Bravo son parte del consejo comunal.

Ambos comunicadores son activistas y líderes de su comunidad, en el casco central de La Pastora. A través de su noticiero popular, apoyan y difunden las denuncias vecinales y las protestas sociales que ocurren en la ciudad.

Por vías indirectas fue censurado el 25 de agosto el programa Desde el centro con Marín, que conduce el periodista Rafael Marín y se transmite por el canal regional NVH en el estado Sucre. Al programa le disminuyeron la frecuencia y lo cambiaron de horario.

El programa salía al aire de lunes a viernes, de 12:00 m. a 1:00 p. m., y en principio fue cambiado al bloque de las 10:00 a. m. Sin embargo, posteriormente le informaron que solo saldría los días lunes. 

Expresión ciudadana limitada 

Los activistas y dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho fueron condenados el 2 de agosto a 16 años de prisión, sin pruebas y criminalizando sus legítimos derechos a asociarse, expresarse, entrar en huelga, entre otros.

Las seis personas injustamente condenadas fueron detenidas entre el 4 y el 7 de julio de 2022 por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en procedimientos irregulares que no cumplieron con el debido proceso, muestra de cómo el Estado venezolano criminaliza la defensa y el ejercicio de los derechos humanos, laborales y civiles.

En el estado Apure, habitantes del poblado de Guasdualito se quedaron sin el servicio de televisión por suscripción de la empresa de cable Sat Páez y sin señal a los canales de televisión abierta por una acción de la empresa estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

En la tarde del 11 de agosto, luego de una reunión sobre una deuda pendiente de Sat Páez que terminó sin acuerdo, personal de Corpoelec desmanteló parte del sistema de cable del centro de Guasdualito y afectó a los canales locales Horizonte Cultural TV, Imparcial TV, Bolivariana TV y Apure TV.

El ciudadano Gilber García, fiscal de una línea de transporte público del municipio Libertador de Caracas, fue detenido durante 48 horas tras viralizarse un video en el que critica a la gestión de Nicolás Maduro.

El video fue grabado el 9 de agosto por unos pasajeros que reclamaban el aumento e el costo del pasaje. Por mencionar a Maduro de forma irónica, funcionarios del CICPC lo detuvieron al día siguiente.

Transportistas empezaron a rayar sus unidades exigiendo la liberación de García, con el temor de que lo imputaran con la inconstitucional ley contra el odio. Finalmente, fue acusado de usura y fue obligado a pedir disculpas públicas a las autoridades en un video.

El enfermero y defensor de derechos humanos, José Antonio Cádiz, fue victima de detención arbitraria y desaparición forzada el 21 de agosto cerca de su vivienda, en Caracas, por parte de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB.

La detención ocurrió cerca de las 5 de la tarde y, más de 12 horas después, sus familiares aún no sabían de su paradero y ningún organismo de seguridad les daba información. Cádiz fue liberado en la noche del 22 de agosto, según contó su esposa.

También en Caracas, el 30 de agosto funcionarios de la PNB detuvieron arbitrariamente al estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, en las adyacencias del centro de la ciudad y se desconoció su paradero hasta el día siguiente.

Álvarez, miembro del Comité de Usuarios del Comedor de la UCV, fue llevado dos días después ante un tribunal con competencia en terrorismo, pero la audiencia de presentación fue diferida al 4 de septiembre, aún sin conocer los cargos por los que se le imputa.

Internet

En agosto también se registraron dos caídas masivas de internet, producto de apagones y fallas eléctricas, y una caída en la región andina del país por un corte de fibra óptica.

  • El 3 de agosto un corte de fibra de la empresa estatal CANTV afectó la conectividad en varios estados, principalmente en Mérida, donde cayó a 18 % de sus valores normales.
  • Debido a cortes de electricidad, el 17 de agosto se redujo la conectividad a internet en los estados andinos. En Barinas, la conectividad cayó a 51 % de sus valores normales y en Trujillo a 71 %.
  • Al menos ocho entidades fueron afectadas por una caída masiva de internet que ocurrió el 31 de agosto. En Táchira, la conectividad cayó a 31 % y en los estados llaneros de Guárico y Portuguesa se redujo hasta 78 %.

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