Una funcionaria de la Policía del estado Táchira (suroeste) hostigó, vía telefónica, a la madre del periodista Carlos Rivas luego de que publicara una información en la cuenta de Instagram del medio Táchira 360, relacionada con una infracción de una patrulla policial.
La publicación tiene fecha del 10 de agosto, a causa de una denuncia anónima sobre una patrulla de PoliTáchira que estaba andando a contravía por el municipio Michelena de la entidad. Usuarios de Instagram comenzaron a etiquetar al director del cuerpo policial en los comentarios una vez que se hizo viral.1
La agresión en contra de la madre de Rivas ocurrió el sábado, 12 de agosto, según relató el periodista a Espacio Público2:
“Mi mamá recibió una llamada de parte de una funcionaria preguntando que si yo era el que estaba trabajando con el medio Táchira 360, a lo cual ella le responde que sí, que qué pasó. Entonces, la funcionaria empieza a decir que nosotros tenemos que consultarles a ellos las cosas que vamos a publicar y cuándo tenemos que publicarlas”, dijo el periodista Carlos Rivas.3
La funcionaria le recriminó a la madre del periodista que tenían que hablar con el personal de PoliTáchira antes de hacer cualquier publicación ya que, a raíz de la información que se publicó, el director del organismo amonestó a los implicados en la infracción vial.4
“Básicamente están diciendo que, para nosotros poder publicar una noticia donde ellos (los funcionarios policiales) estén fallando, tenemos que pedirle autorización, lo cual es algo absurdo”, señaló Rivas.5
El periodista dijo que, desde que ocurrió el hostigamiento, han “estado con cautela” para evitar reacciones similares a futuro, de parte de funcionarios de PoliTáchira porque “uno nunca sabe cuándo un señor de la policía llama así con esas actitudes y cómo puede actuar después”.6
Los hostigamientos a periodistas y sus familiares o personas cercanas, por el simple hecho de informar, representan una violación a su derecho constitucional de expresarse libremente por cualquier medio. Los funcionarios públicos son objeto de escrutinio y cualquier tipo de información referente a sus actitudes propicia la contraloría social, por lo que no constituyen delito alguno ni motivo para que periodistas o medios sean amedrentados.
Referencias
