A más de un mes del doblete sísmico que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, el informe Opacidad Institucional y derecho a la información reveló un patrón sistemático de secretismo, censura y restricciones a la libertad de prensa por parte del Estado durante la gestión de la emergencia.
El documento destaca que el fenómeno —catalogado por el Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) como un “doblete sísmico” de magnitudes 7,2 y 7,5 registradas con apenas 39 segundos de diferencia— ha sido abordado de forma incompleta en los portales oficiales, evitando el uso de terminología técnica de riesgo.
Brecha de datos y cifras de víctimas
El contraste entre la información oficial y los organismos internacionales expone un severo rezago informativo:
- Víctimas mortales y desaparecidos: el Ejecutivo elevó el saldo a 6.125 fallecidos y 1.579 desaparecidos en La Guaira, para la primera semana de agosto. Sin embargo, estimaciones de la ONU calculan que la cifra de personas en paradero desconocido podría ascender a 50.000, mientras que redes ciudadanas contabilizan más de 29.000.
- Impacto y daños: existen 60.992 personas atendidas en hospitales, más de 16.740 heridos graves y 6.433 viviendas en alto riesgo. La OCHA valora las pérdidas materiales en 37.000 millones de dólares, un dato ausente en los reportes gubernamentales.
- Control hospitalario y chantaje comunitario. El estudio, realizado a través de consultas en ocho estados del país, documenta graves violaciones al acceso a la información:
- Censura en el sector salud: el 70 % del personal sanitario admite temor a reportar la situación por amedrentamiento. Un 60 % de los hospitales deniega el acceso a medios independientes bajo “órdenes superiores” ejecutadas por cuerpos de seguridad y milicias, mientras que el 90 % mantiene bajo reserva las compras de emergencia y asignaciones presupuestarias.
- Coerción ciudadana: el 17,4 % de las comunidades encuestadas (y un 36,36 % en La Guaira) denunció amenazas de funcionarios sobre la suspensión de programas sociales —como las bolsas de alimentos CLAP— a quienes fotografíen infraestructuras o viviendas colapsadas. Esto deja al 91,3 % de la población en estado de indefensión informativa.
Devastación de medios y corte de servicios
La infraestructura radial sufrió daños críticos. En La Guaira se registró la pérdida total de las sedes de RNV, Enlace RV y Radio Urimare, además del cese operativo de Radio Coral y restricciones en el diario La Verdad de Vargas. En Carabobo, emisoras de alto alcance como Éxitos 93.1 y La Mega 96.5 debieron abandonar sus estudios principales.
Asimismo, el 95,7 % de los encuestados no cuenta con cronogramas oficiales de racionamiento eléctrico por parte de Corpoelec, el 60,9 % padece fallas severas en conectividad móvil y más del 43 % recibe agua sin condiciones de potabilidad.
Silencio administrativo
Pese a las solicitudes formales de información enviadas el 17 de julio de 2026 a los ministerios de Salud y Ecosocialismo —amparadas en las garantías constitucionales—, al cierre de la edición de este informe ningún ente oficial ha emitido respuesta. Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen al Estado el cese de la persecución informativa y la apertura de datos bajo el principio de máxima transparencia.
La metodología
Este informe se diseñó para hacer una recolección de datos mixta, orientada a documentar los datos de información pública en tres temáticas específicas: salud, servicios básicos y ambiente tras el sismo. La primera fase consistió en la aplicación de tres instrumentos a través de formularios digitales, los cuales estuvieron activos desde el viernes 17 de julio hasta el lunes 20 de julio de 2026.
Estos cuestionarios estaban dirigidos a tres poblaciones clave: personal de salud, comunidades afectadas y observadores de riesgo ambiental/geológico. El despliegue territorial para la recolección de datos abarcó a 8 estados: Yaracuy, Distrito Capital, Lara, Miranda, Sucre, Aragua y, de manera parcial, Carabobo y La Guaira. Las cifras expuestas deben interpretarse como indicativas de patrones de afectación y no como estadísticas representativas en el ámbito nacional.
