Funcionarios del hospital “Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz” de San Cristóbal, estado Táchira (suroeste), intimidaron a la periodista Dorkis Cárdenas cuando asistió al recinto para entrevistar al jefe de la Unidad de Cardiología, además de exigirle que eliminara material de trabajo.
El hecho ocurrió el 1 de agosto, luego de que Cárdenas, quien es reportera de Diario La Prensa de Táchira, entrevistara a un experto en el hospital, según informó en un comunicado la seccional Táchira del Colegio Nacional de Periodistas (CNP).1
Un individuo que se identificó como abogado del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), ente a cargo del hospital, le solicitó a Cárdenas sus credenciales y le dijo que necesitaba un permiso de las autoridades para hacer entrevistas en el centro de salud1, una exigencia fuera de la ley para obtener información en espacios públicos.
“No era un delito conversar con un cardiólogo sobre la situación del sistema de salud público en esa área, por cuanto se trata de información de interés público”, le dijo Dorkis Cárdenas al funcionario.1 El trabajador del IVSS no se identificó con nombre y apellido y le exigió a la periodista que borrara el material de trabajo.1
“Reiteramos nuestro llamado al RESPETO a los profesionales del periodismo en el ejercicio de su labor, pues son ellos quienes llevan la información a los hogares a través de los diferentes medios de comunicación de la región, para dar a conocer la gestión de los organismos públicos o instituciones privadas, por lo tanto, ningún funcionario, del rango que sea, tiene la potestad de cercenar el derecho a la información ni mucho menos a la libertad de expresión”, dijo el CNP en el comunicado.1
Los actos de amenaza, intimidación y censura previa constituyen violaciones de la libertad de expresión y afectan tanto a periodistas como a ciudadanos, quienes ven cercenado su derecho a acceder a información libre y plural, tal y como lo establece la Constitución nacional.
Exhortamos a las autoridades y distintos organismos y entes del Estado a abstenerse de limitar el trabajo de las y los periodistas, así como a investigar y condenar las agresiones de las que son víctimas.
