El funcionario identificado como Luis Gerardo Chávez, secretario de Protección Social de la Alcaldía del municipio Miranda del estado Falcón (noroeste), impidió que personas refugiadas por un incendio que ocurrió el pasado 5 de agosto declararan y dieran entrevistas a la periodista Marthy Barbera.
El hecho ocurrió el martes 8 de agosto en un refugio ubicado en el centro de Coro, capital del estado Falcón. En el lugar hay entre 12 y 14 familias refugiadas por un incendio que ocurrió el pasado 5 de agosto y afectó sus viviendas en el edificio Derghan, ubicado entre las calles Bolívar y Buchivacoa de la misma ciudad.1
Barbera contó a Espacio Público que ha estado haciendo seguimiento a la situación desde el día lunes. El mismo martes, la periodista fue a la zona del edificio afectado a hacer un trabajo con comerciantes afectados por el cierre de las calles luego del incendio y posteriormente fue al refugio a hablar con las familias.2
“Los que están en el refugio me pidieron que fuera a visitarlos, porque ellos querían declarar, como para hacer un poquito de presión a las autoridades, para que les den respuesta de una solución habitacional”, dijo la reportera.3
Marthy Barbera cuenta que, cuando estaba identificándose como periodista para ingresar a empezar a hacer las entrevistas, el secretario de Protección Social de la Alcaldía de Coro le dijo que las personas afectadas “no están autorizadas para dar declaraciones a nadie”.4
Barbera cuestionó al funcionario: “¿Y por qué no están autorizados? ¿Ellos están aquí en calidad de refugiados o de rehenes? Porque parecen rehenes”.5 La periodista explicó que había un grupo de “por lo menos, ocho personas afectadas que estaban detrás de él con cara de pánico y miedo”.6
La reportera le recordó al funcionario que las personas refugiadas estaban viviendo una situación difícil, que lo que querían era narrar sus historias y que ella simplemente estaba cumpliendo con su trabajo como periodista. El secretario de la Alcaldía insistió en que no podían declarar.7
“Ni siquiera pueden salir a la calle a declarar. Prácticamente están como secuestrados ahí”, relató.8
La acción del funcionario constituye un acto violatorio de los derechos humanos y es contrario a pactos y convenios internacionales firmados por el Estado venezolano, pues impiden el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión de las personas afectadas por el incendio y de la periodista Marthy Barbera a ejercer el periodismo con todas las facultades.
Esta violación busca intimidar y limitar el ejercicio pleno de los derechos de las y los ciudadanos, con el fin de acallar la crítica hacia la gestión gubernamental. Instamos al Estado venezolano a garantizar el derecho a la libertad de expresión y opinión de todas las personas en el país y respetar el trabajo de periodistas que informan las distintas realidades que ocurren.
Referencias
