Los activistas y dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Alcides Bracho fueron condenados este 2 de agosto a 16 años de prisión, en un juicio lleno de irregularidades y sin pruebas, criminalizando su legítimo derecho a la asociación, a la huelga, a defender derechos y a la libertad de expresión, entre otros.
La organización no gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos informó, a través de su cuenta en Twitter, que los trabajadores fueron condenados por delitos de conspiración y asociación para delinquir por la jueza Grendy Luque.1
“Las únicas pruebas de la Fiscalía fueron capturas de pantalla y Twitter”, informó la Coalición por los DD. HH.2 La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) rechazó la condena arbitraria de 16 años contra los trabajadores y reiteró que el sistema de justicia en Venezuela está viciado. Añadió que el único testigo de la denuncia nunca se presentó en un año y dos meses.3
Las seis personas injustamente condenadas fueron detenidas entre el 4 y el 7 de julio de 2022 por funcionarios de seguridad del Estado en procedimientos irregulares que no cumplieron con el debido proceso.
Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés son dirigentes sindicales y militantes del partido político opositor Bandera Roja; Gabriel Blanco es sindicalista, trabajador humanitario, activista y defensor de derechos humanos; y Emilio Negrín es dirigente sindical y presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial.
Todos fueron detenidos en diversos lugares del país entre el 4 y el 7 de julio por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), órgano que fue acusado por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU por cometer actos de torturas y malos tratos a personas detenidas en su sede en Boleíta y en sitios clandestinos de reclusión.
Gabriel Blanco, defensor de DD. HH. y dirigente de la Alianza Sindical Independiente (ASI), fue abordado el 6 de julio por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su casa, ubicada en la parroquia Coche de Caracas.
Los funcionarios apuntaron a Blanco con un arma de fuego y se negaron a mostrar la orden de detención en su contra, que llegó seis horas después y decía que debía realizarla el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
La acción en contra de los seis activistas y dirigentes sindicales ha sido un claro ejemplo de cómo el Estado venezolano criminaliza la defensa de los derechos humanos, laborales y civiles como el derecho a la protesta pacífica y la participación activa en partidos políticos opositores al gobierno.
Desde sus detenciones, familiares y el equipo legal de las víctimas detallaron que la Fiscalía basó las pruebas de la parte acusatoria a un hombre que identifican como “patriota cooperante” y del que no se conoce más que un supuesto nombre de “Adalberto”.4
“El gobierno de Nicolás Maduro arremetió contra los activistas por protestar, defender los derechos humanos y haber participado en las protestas nacionales de los años 2014, 2017 y 2019. No solo que estaban en la protestas de la Onapre, sino en la calle con los venezolanos que exigen cambios en Venezuela”, dijo en agosto del año pasado el abogado de las víctimas, Eduardo Torres, al medio digital Crónica Uno.5
El arresto, enjuiciamiento y condena sin evidencia clara, todo dentro de un proceso viciado e irregular, en violación del debido proceso, forman parte de una política de hostigamiento e intimidación que ejecutan diferentes cuerpos del Estado con el fin de limitar la libertad de expresión de las personas manifestantes que critican la gestión gubernamental.
Referencias
