PNB detuvo arbitrariamente al enfermero y defensor de DD. HH. José Cádiz

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Funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron de forma arbitraria este 21 de agosto al enfermero y defensor de derechos humanos, José Antonio Cádiz, cerca de su vivienda en el centro de Caracas, según informaron testigos.

La detención arbitraria ocurrió en medio de una supuesta redada entre la avenida Fuerzas Armadas y la avenida Urdaneta, cerca de las cinco de la tarde del lunes. Los funcionarios detuvieron a Cádiz y a dos personas más que estaban en el lugar.1

“Pero en la esquina siguiente le dijeron a los muchachos que se bajaran de la camioneta, que el problema no era con ellos, sino con mi esposo”, dijo a Espacio Público Moraima Contreras.2

Contreras detalló que, más de 12 horas después de la detención de su esposo, ningún organismo o cuerpo de seguridad se ha comunicado con ella para decirle dónde está recluido. Fue hasta el comando de la PNB en el sector Cotiza y a El Helicoide, pero no obtuvo respuesta sobre su paradero.3

“El DAET tiene muchas filiales, muchas sucursales, pregunté en cada una de ellas, pero en ninguna tienen algún detenido con ese nombre”, dijo Contreras.4

La desaparición forzada de José Cádiz fue denunciada por el Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital en sus redes sociales, que exigió respeto a sus derechos y su liberación inmediata 5. Contreras comentó que su esposo está bajo tratamiento médico y debe tomar diariamente sus pastillas.

Cádiz también es activista por los derechos laborales de trabajadores del sector salud y frecuentemente participa en las protestas de ese y otros gremios como educación, empleados públicos, jubilados y pensionados. Trabajaba de forma independiente luego de ser destituido del Hospital Miguel Pérez Carreño, al suroeste de Caracas.

Su detención arbitraria coincide con un patrón de irrespeto a la libertad de expresión, de asociación y sindical de las y los trabajadores por parte del Estado venezolano, que desde 2022 -cuando se intensificaron las protestas por los bajos salarios- persigue y criminaliza a dirigentes y todo aquel que manifieste en su contra. 

El pasado 2 de agosto seis activistas y dirigentes sindicales fueron condenados, sin pruebas, a 16 años de prisión por ejercer su derecho a la asociación, a la huelga, a defender derechos humanos y a la libertad de expresión, entre otros, en un juicio lleno de irregularidades.

Desde Espacio Público instamos y exigimos a las autoridades informar sobre el paradero de José Cádiz, garantizar su integridad física y psicológica y respetar el debido proceso. Recordamos que la protesta pacífica y la libertad sindical son derechos consagrados en la Constitución y en convenios internacionales pactados por el Estado.

Referencias[+]

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