Junio dejó tres frentes que se cruzan: detenciones exprés a periodistas por notas críticas, cierres arbitrarios de cuentas en redes sociales y, al cierre del mes, una emergencia sísmica sin precedentes recientes con la respuesta estatal militarizada. Documentamos 19 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde la intimidación y la censura fueron las modalidades más frecuentes.
Las víctimas fueron principalmente periodistas, reporteros gráficos y particulares. Entre los victimarios figuran los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y los/as funcionarios/as públicos.
En el primer semestre de 2026 hemos documentado 65 casos, 131 violaciones al derecho a la libertad de expresión y 33 detenciones, en promedio 5.5 cada mes.
Detenciones exprés a periodistas
El lunes 1° de junio, funcionarios de un cuerpo de seguridad no identificado detuvieron e interrogaron al periodista Pablo Mujica, reportero de Noticias La Voz de Valera, en la ciudad de Valera, estado Trujillo (oeste). Lo llevaron a un comando de la policía de inteligencia en la parroquia Beatriz y lo increparon por una nota en Instagram sobre la escasez de gasolina en la región. Un funcionario le dijo que ese tipo de coberturas “genera alertas a la población” y le informó que el gobernador Gerardo Márquez ordenaba su liberación a cambio de una nota que asegurara que “el Estado garantiza el suministro”. A las 11 de la noche, funcionarios se presentaron en su residencia para exigirle publicar el texto.
El miércoles 3 de junio, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron brevemente a la periodista y reportera gráfica Maryorin Méndez (independiente), a los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez (EFE) y Leonardo Fernández (Reuters) y a un motorizado, cerca del Helicoide en Caracas. Los tres cubrían un traslado de presos por causas políticas hacia otros centros de reclusión. Según relató Méndez, los efectivos llegaron en tres motos, intentaron arrebatarles los equipos y los llevaron a la fuerza a niveles superiores del organismo. Recibieron una contraorden a los pocos minutos, por lo que les devolvieron los equipos y los dejaron ir sin agresiones adicionales.
Cuentas silenciadas
El creador de contenido Miguel Heredia, conocido como “Kilómetro”, informó el 9 de junio que Instagram le canceló la cuenta @Kilometro_internacional bajo el argumento de “derecho de autor”, luego de que transmitiera en vivo denuncias sobre la falta de agua en el sector Boca de Mangle, municipio Acosta, estado Falcón (oeste). Heredia envió una apelación a la plataforma el día 8. La cancelación de la cuenta implica, en la práctica, la pérdida total del perfil y de dos años de contenido y audiencia acumulada.
Dejamos anotado para el balance de julio un debate más amplio sobre censura y derechos de autor en plataformas digitales, que enmarca este y otros cierres recientes de cuentas de medios de investigación.
Intimidación por protestar y detenciones que se prolongan
La ciudadana identificada como “Tula” recibió intimidaciones a través de estados de WhatsApp después de participar el 1 de junio en una protesta por la falta de agua en el sector Boca de Mangle, municipio Acosta, en Falcón. “Ahora anda de moto en moto escondiéndose” y “Ya sé dónde estás escondida” fueron dos de los mensajes que le hicieron llegar por capturas de pantalla, difundidos por una mujer vinculada al oficialismo y “Tula” tuvo que resguardarse temporalmente en otra vivienda. El mismo día funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se presentaron en la casa de otra participante en la protesta, pero ella no estaba allí.
El 18 de junio, Rosalba Pereira informó que se deteriora la salud del líder comunitario Manuel Sánchez, quien cumple 10 meses detenido tras la publicación en TikTok de una denuncia contra funcionarios de la Policía de Caracas. Sánchez fue trasladado al Rodeo IV y su expediente sigue en análisis, sin fecha fija para una nueva audiencia. Los informes médicos consignados desde 2019 describen depresión, síntomas psicóticos y trastorno orgánico mental. En una carta escrita el 8 de junio, Sánchez expresó estar “constantemente deprimido, atormentado y enfrentado con otros presos”. Denunciar y hacer contraloría social no puede ser criminalizado bajo ninguna circunstancia.
Terremotos y cerco militar a la información
La tarde del 24 de junio dos terremotos sucesivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el centro-norte de Venezuela. El estado La Guaira (norte) fue el más afectado, con cientos de edificaciones colapsadas y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía dañado y cerrado temporalmente. Al mediodía del 27 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reportó al menos 1.430 fallecidos; organismos de Naciones Unidas estimaron más de 50 mil personas desaparecidas.
La emergencia funcionó como una prueba para el derecho a la información en un entorno ya severamente restringido. La madrugada del 25 de junio, la red social X volvió a estar disponible sin VPN por primera vez desde el 8 de agosto de 2024 desde algunas operadores, aunque el desbloqueo fue parcial y discrecional: más de 200 dominios continúan bloqueados en el país, 94 de ellos de plataformas de noticias.
El 26 de junio el locutor Gabriel Tinoco documentaba labores cerca de un edificio derrumbado en Caracas a través de una transmisión en vivo por Instagram, el comisario general Robinson Navarro, del SEBIN, lo amenazó con detención: “o te vas por las buenas, tranquilito pa’ allá, o te llevo pal’ Sebin”. Navarro intentó además arrebatarle el teléfono con el que grababa.
La periodista Natalia Roca denunció que una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le impidió acercarse al edificio colapsado contiguo a Miga’s, en Altamira, municipio Chacao, donde llevaba tres días de cobertura. Esa misma jornada, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, restringió el acceso a La Guaira a partir de las 8:00 p.m. y condicionó el ingreso a una acreditación tramitada en El Poliedro de Caracas.
El 27 de junio, la periodista mexicana Paulina Sodi (N+/Univision) explicó desde la base aérea La Carlota que el ingreso de la prensa internacional a la zona de desastre quedaría controlado por el gobierno: se citaba a los corresponsales para acreditarse, se les asignaba una “visa” en plazo indefinido y solo podían entrar a las zonas afectadas en camiones oficiales, con cupo limitado y dos horarios de salida. Daniela Gastón, de Runrun.es, documentó el mismo esquema, con carpa de registro, entrega de tipo de sangre y brazalete de cobertura.
En paralelo, el reportero Reynaldo Mozo (Efecto Cocuyo) fue obstaculizado por un vigilante del Hospital J.M. de los Ríos, en Caracas, mientras registraba la llegada de voluntarios con insumos. El periodista colombiano Marcos Morin Aguirre (prensa FM) relató que en San Bernardino no le permitieron grabar; el fotógrafo Nacho Anzola Jubes, en el mismo sector, fue amenazado con detención “por tener la cámara en la mano” y acusado de “lucrarse de la desgracia”. El periodista y locutor Johan Álvarez (VPITV, Dossier Venezuela) denunció una “aparente orden de arriba” dada a algunos funcionarios policiales para impedir el acercamiento de la prensa a los edificios colapsados.
El 28 de junio, la Alcaldía de Ospino, en Portuguesa (occidente), despidió a Zenith Vielma luego de que en su vivienda se instalara un centro de acopio para los afectados por los sismos, en represalia contra quienes participan en las labores de ayuda.
El 27 de junio, junto con otras 39 organizaciones de derechos humanos, firmamos un pronunciamiento sobre la militarización de la respuesta en La Guaira. Recordamos que tras el deslave del Vargas en 1999 organizaciones nacionales e internacionales documentaron detenciones arbitrarias, restricciones a la circulación y dificultades para el trabajo independiente de medios y organizaciones humanitarias.
Exigimos que se garantice el libre acceso de personal sanitario, periodistas, equipos de rescate y organismos internacionales, y que toda actuación de los cuerpos militares y de seguridad sea excepcional, proporcional y transparente. Ese mismo día publicamos también un protocolo de seguridad para coberturas en desastres naturales, alineado con manuales del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y de la UNESCO.
En junio publicamos también una pieza sobre el silencio del Inameh en materia climática, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, y una lectura sobre cómo se reconfiguran la censura y la autocensura en el primer semestre del año.
