Al cumplirse un mes de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la región centro-occidental del país, presentamos un diagnóstico sobre las condiciones del derecho de acceso a la información pública, la libertad de expresión y el estado del ecosistema de medios en las zonas impactadas. Este informe preliminar recopila datos obtenidos mediante solicitudes institucionales, monitoreo de plataformas oficiales y la aplicación de 37 cuestionarios técnicos a personal de salud, comunidades y expertos en riesgo.
Hasta el momento, los registros oficiales emitidos por el Estado de Venezuela reportan un balance estático de 3.685 personas fallecidas reconocidas, 16.740 personas heridas, junto a 1.445 réplicas registradas por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). Por otra parte, los datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) reportan un saldo acumulado de 5.398 personas fallecidas, 16.740 heridas, 17.907 sin vivienda y 1,3 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria.
El monitoreo web determinó que el portal institucional de Funvisis reportó el evento original mediante dos alertas separadas; notas Informativas ID 2915 y ID 2914. Hasta la fecha, el término técnico “doblete sísmico” empleado externamente por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) no ha sido incorporado en comunicados oficiales, notas de prensa ni infografías de la página web del ente sismológico, el cual titula los mapas difundidos bajo la denominación de “Actividad sísmica iniciada el 24 de junio de 2026”.
Asimismo, las solicitudes de información pública enviadas el pasado 17 de julio a los ministerios de Salud y Ecosocialismo, requiriendo los planes de contingencia, gestión de escombros y presupuestos ejecutados al cierre de este balance no han sido respondidas.
En el sector salud, el 70% del personal médico consultado en Distrito Capital, Yaracuy, Lara y Sucre reportó la existencia de temores para suministrar datos informativos sobre la contingencia. El 60% de los centros asistenciales evaluados restringe el acceso de periodistas independientes bajo el argumento de “órdenes superiores”, y el 90% mantiene los registros presupuestarios extraordinarios y de compras de emergencia sin publicación en carteleras o informes técnicos públicos.
A nivel comunitario, las fallas en el suministro eléctrico afectaron al 95,7% de los encuestados debido a la ausencia de cronogramas de racionamiento por parte de Corpoelec. La interrupción de los servicios de telecomunicaciones como en la señal móvil el 60,9% tiene señal intermitente y el 21,7% tiene señal normal; mientras que para el internet fijo el 56,5% lo reporta inestable y el 30,4% inoperativo. Adicionalmente, el 17,4% de los ciudadanos reportó haber recibido advertencias administrativas de suspensión de beneficios sociales, como las bolsas CLAP, vinculadas a la prohibición de fotografiar o difundir imágenes de infraestructuras públicas colapsadas.
Finalmente, el ecosistema de medios impresos y radiales registró daños estructurales definitivos en sus plantas físicas. En el estado La Guaira, las estaciones RNV (Dial 107), Enlace RV y Radio Urimare reportan la pérdida de sus sedes y antenas por derrumbes o incendios, mientras que el diario La Verdad de Vargas opera con restricciones desde su sede en el Casco Histórico. En el estado Carabobo, entre 34 y 40 trabajadores de la radio resultaron afectados, y las emisoras Éxitos 93.1 y La Mega 96.5 se encuentran en fase de reubicación por fallas en sus instalaciones.
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