El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, un recordatorio anual de que un planeta sano es un derecho, no un privilegio, y que la información y la acción colectiva de la ciudadanía son las herramientas fundamentales para defenderlo.
El derecho a saber la calidad del agua que consumimos, cómo es el aire que respiramos y cuáles impactos reales tienen los proyectos industriales en los territorios, se ha convertido en la primera línea de defensa ecológica. Sin embargo, la opacidad gubernamental es uno de los mayores obstáculos para la acción climática comunitaria.
Aunque en la región existe el Acuerdo de Escazú, Venezuela no lo ha suscrito ni ratificado. Este es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que eleva a rango de derecho el acceso a la información, la participación pública y la protección de los defensores de la tierra.
Asimismo, a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza en sus artículos 28 y 127 el derecho a la información y a un ambiente sano, en la práctica existe un profundo silencio estatal en materia ambiental.
Un ejemplo claro ocurre con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), ente que, desde marzo de 2025, dejó de reportar de forma detallada los efectos del cambio climático y las variaciones de la temperatura. Uno de sus efectos secundarios se vio en el deshielo del glaciar del Píco Bolívar que reclamamos desde el año 2023.
Esta falta de datos claros no solo debilita la participación ciudadana, sino que tiene un impacto real en la salud, la economía y la seguridad de la gente. Al no haber reportes oficiales que alerten sobre olas de calor, índices de radiación UV o picos de temperatura ambiental, los ciudadanos no pueden tomar medidas preventivas básicas ni cómo saber a qué horas evitar la exposición al sol o aumentar la hidratación.
Con el propósito de alimentar la exigencia ciudadana, desde Espacio Público publicamos un video en nuestra cuenta de Instagram sobre esta crisis climática que priva a la mayoría de tener una vida digna y un entorno sano, a propósito de la tala indiscriminada de árboles. Un fenómeno que registramos en el Municipio Chacao de Caracas, en 2023 y que se ha multiplicado en la ciudad sin que haya transparencia.
La publicación, que promueve la participación activa, ya casi alcanza los 200 comentarios, en los que la audiencia identifica daños ecológicos, zonas afectadas y exige respuestas contundentes al problema.
En Caracas, las denuncias se concentran en invasiones de áreas vegetales y talas indiscriminadas en zonas como San Bernardino, La Florida, Las Palmas, Los Chaguaramos, Montalbán, El Paraíso, la avenida Urdaneta, Chacaíto, La Candelaria, Catia, Los Símbolos, Antímano, Santa Mónica y Caricuao (municipio Libertador); así como en Santa Inés, Los Samanes, Las Mercedes, El Cafetal, Santa Rosa de Lima y Macaracuay (municipio Baruta); Los Chorros, Los Cortijos, La California Norte, Palo Verde y Petare (municipio Sucre) y Altamira (municipio Chacao).
El clamor también llegan desde Guatire y Los Teques (Miranda), Valencia (Carabobo), Coro (Falcón) y el estado Lara.La mayoría de los mensajes hacen referencia al calor sofocante y a las variaciones climáticas abruptas.
Los usuarios se quejan de la pérdida de especies arbóreas clave como ceibas, caobos, araguaneyes, pinos, apamates, eucaliptos, samanes, cedros y cauchos. Ante esto, proponen crear alianzas, campañas de prevención y jornadas de reforestación, al tiempo que dirigen un llamado de atención a las autoridades, sobre quienes depositan la responsabilidad de atender esta crisis.
Desde Espacio Público exigimos:
- La publicación de estadísticas oficiales. Retomar la difusión periódica y transparente de informes sobre deforestación, derrames de hidrocarburos, calidad del agua y gestión de desechos.
- Cumplimiento de las leyes locales. Hacer valer el derecho a la información pública consagrado en la legislación venezolana para todos los proyectos de infraestructura e industrias extractivas.
- Adhesión a estándares internacionales. Evaluar la firma y ratificación de mecanismos regionales de transparencia ambiental como el Acuerdo de Escazú, indispensables para proteger los territorios y a sus defensores
