Ayuda humanitaria sin información pública: caldo de cultivo para la corrupción

Ha pasado un mes después de los terremotos del 24 de junio, que hasta ahora oficialmente deja más de 5.398 personas fallecidas, más de 16.700 heridas¹ y al menos seis estados afectados, Venezuela ha recibido compromisos de asistencia de al menos 37 países por más de 780 millones de dólares, según la sistematización de Transparencia Venezuela ². Sin embargo, las preguntas básicas siguen sin respuesta oficial: cuánta ayuda ha ingresado efectivamente al país, dónde está, quién decide su destino y con qué criterios se reparte.

El 10 de julio expusimos que el decreto N.º 5.364, que declaró el estado de emergencia, debe cumplir con un régimen de transparencia activa: un inventario público de donaciones en tiempo real, la publicación inmediata de los contratos de emergencia, un portal oficial único de datos abiertos y la difusión del cronograma y las metas físicas del plan de recuperación ³. A finales de julio de 2026, ninguna de esas obligaciones se ha cumplido: no existe portal de datos abiertos, no hay inventario público de la ayuda recibida y no se ha publicado contrato alguno.

El Estado venezolano tiene una obligación de oficio de publicar información, según los estándares interamericanos, así también las agencias de cooperación y las organizaciones que ejecutan la ayuda según los estándares humanitarios internacionales. Aún así, en el contexto de la emergencia, la Ley de Fiscalización de ONG opera como un filtro previo que decide quién puede siquiera participar en la distribución, antes de que exista algo que fiscalizar.

El acceso a la información es un derecho humano exigible

¿Para qué le sirve este derecho a una persona damnificada, hoy? Para todo lo esencial: acceder a evaluaciones estructurales hechas por especialistas para saber si el edificio donde vivía puede volver a habitarse; encontrar a un familiar exige registros públicos de personas fallecidas, heridas y trasladadas; para decidir si permanecer en un refugio es necesario conocer su capacidad y condiciones; recibir atención médica exige saber qué hospital funciona, con qué servicios y dónde. 

Cuando esa información existe y circula, las personas toman decisiones que protegen su vida y su patrimonio. Pero cuando falta, deciden a ciegas: regresan a estructuras inseguras, viajan a centros de acopio clausurados, esperan una ayuda que fue desviada a otra ruta, y el vacío lo llenan el rumor y la desinformación, que en una emergencia también afectan la vida.

El acceso a la información pública es la herramienta que convierte a cada persona en contralora de la gestión estatal. Presentar una solicitud de información tiene un valor en sí mismo: le dice al funcionario que quien pregunta dejó de ser espectador, que su actuación le afecta y que tiene el deber de responder ⁴. En emergencias, el rol contralor de la ciudadanía permite comparar lo prometido con lo entregado, documentar y denunciar desvíos, exigir la indemnización que corresponde por bienes requisados, verificar que la ayuda se distribuya por necesidad y sin condicionamientos; por tanto, permite minimizar, documentar y visibilizar hechos de corrupción. Un derecho que se ejerce en cadena: cada respuesta obtenida por una persona se vuelve información disponible para su comunidad.

El instrumento jurídico del Ejecutivo ante la emergencia, refuerza esta exigencia. El decreto N.º 5.364 constituye un acto administrativo de rango sublegal, distinto de un estado de excepción constitucional, dictado con base en la legislación de protección civil: carece de la jerarquía necesaria para restringir derechos fundamentales y, al tramitarse por esa vía, eludió el control político de la Asamblea Nacional y el control judicial de la Sala Constitucional, sin fijar además límite temporal ni espacial ⁵. Un poder que se amplía sin controles institucionales solo deja un contrapeso disponible: la contraloría social. Y la contraloría social depende, íntegramente, del acceso a la información.

El derecho de acceso a la información pública está protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde la sentencia del caso Claude Reyes y otros vs. Chile (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006), el acceso a la información en poder del Estado es un derecho humano autónomo, regido por el principio de máxima divulgación: toda la información es pública salvo excepciones estrictas, definidas por ley y justificadas caso por caso.

De ese principio deriva la obligación de transparencia activa: el Estado debe publicar de oficio, sin esperar solicitudes, la información de interés público, especialmente la relativa al uso de recursos. La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública (OEA, 2010) enumera entre esas obligaciones los presupuestos, los contratos, los subsidios y beneficiarios, y los mecanismos de participación. En una emergencia, esta obligación se intensifica: la información oportuna sobre riesgos, servicios y asistencia salva vidas.

Por su parte, el artículo 143 de la Constitución nacional establece que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados oportuna y verazmente por la Administración Pública sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados, así como a acceder a los archivos y registros administrativos, y prohíbe expresamente la censura a los funcionarios que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. 

El artículo 51 garantiza el derecho de petición ante cualquier autoridad y la obtención de respuesta oportuna y adecuada; los artículos 57 y 58 protegen la libertad de expresión y el derecho a la información y el artículo 141 ordena que la Administración Pública funcione con transparencia y rendición de cuentas ⁶. Venezuela carece, además, de una ley específica que desarrolle este derecho y defina sus límites, lo que hace aún más relevante aplicar directamente la Constitución y los estándares interamericanos: ante el vacío legal, la regla es la máxima divulgación.

El Estado está obligado a publicar

Los estándares de transparencia activa se traducen en información concreta que debe estar disponible en formatos abiertos y accesibles (por ejemplo evitando fotografías o archivos difíciles de procesar), sin que nadie tenga que solicitarla:

• Inventario de donaciones en tiempo real: origen (país, organismo o particular), tipo (dinero, insumos, equipos, personal), monto o cantidad, fecha de ingreso, entidad receptora y destino final de cada aporte nacional e internacional.
• Contratos y compras de emergencia: identidad de cada proveedor, objeto, monto, plazo y criterio de adjudicación. La ausencia de licitación en la contratación directa por emergencia hace aún más urgente que esta información sea pública, para evitar asignaciones o compras a empresas que no cumplen con requisitos de seguridad o son propiedad de funcionarios/as.
• Presupuesto del Estado Mayor: los recursos asignados a la estructura creada por el decreto y a cada una de sus cinco vicepresidencias sectoriales, con ejecución actualizada. Preguntas como dónde se reúnen, presupuesto de equipos, contratación de nuevo personal, bonos o aumentos a funcionarios que asumen los cargos; deben tener respuestas.
• Cronograma y metas físicas: plazos verificables para restablecer el servicio de agua potable, electricidad, recolección de basura en la zona del desastre y la generada por la asistencia humanitaria (como por ejemplo, botellas de plástico llevadas al voluntariado con agua u otras bebidas) y telecomunicaciones en las zonas afectadas, aún no difundidos casi un mes después del decreto. Estos son servicios básicos que requieren las personas y zonas afectadas en el día a día y que, además, permiten evitar brotes de enfermedades y resguardan la dignidad humana, así como diversos derechos humanos.
• Balances diarios verificables: personas fallecidas, heridas, desaparecidas y damnificadas, desglosadas por estado y municipio, emitidos por la autoridad competente en la materia. Lo que permite entender la dimensión de las afectaciones reales de los terremotos y planificar la atención y recuperación.
• Registro de ocupaciones y requisiciones: bienes públicos y privados ocupados o requisados al amparo del artículo 6 del decreto, con inventario, plazo estimado y mecanismo de indemnización. Esto es clave para el resguardo de los derechos de propietarios a corto y largo plazo.
• Criterios de distribución de la ayuda: cómo se decide qué comunidad recibe qué asistencia y cuándo, junto con el registro de refugios, su capacidad y condiciones. 
• Canal centralizado y solicitudes urgentes: un portal oficial único de datos abiertos y lapsos reducidos de respuesta a las solicitudes ciudadanas de información durante la emergencia, lo que aumenta la transparencia, permite la organización comunitaria y pone a disposición de cualquier persona los datos.

La ciudadanía pregunta

La exigencia de transparencia responde a denuncias públicas concretas que se acumulan desde las primeras horas de la emergencia y siguen a la espera de respuesta estatal.

Cuerpos policiales clausuraron centros de acopio en Barinas y otros estados con el argumento de que no contaban con autorización para recibir donaciones, y un camión cargado con ayuda fue impedido de salir desde un centro de acopio en Altamira, Caracas ⁷. La pregunta ciudadana es inmediata: ¿qué autorización se exige para acopiar y trasladar donaciones, qué órgano la otorga, en qué norma está prevista y dónde puede consultarse el procedimiento?

En la frontera con Colombia, unas 100 toneladas de alimentos, medicinas y ropa permanecieron represadas en centros de acopio de Cúcuta, Pedro María Ureña y San Antonio del Táchira a la espera de permisos, mientras voluntarios reportaban que quienes no fueran autorizados por las autoridades no podían pasar ⁸. ¿Cuál es el procedimiento para autorizar el ingreso de ayuda desde el exterior, cuántas solicitudes se han recibido y cuántas se han aprobado o negado, y por cuáles razones?

Dirigentes regionales denunciaron que entre Barinas y Caracas operan 36 alcabalas donde los camiones con insumos son detenidos sin prioridad de paso ni de combustible ⁹, y equipos internacionales de rescate, como los bomberos de Medellín, reportaron que no se les permitió ingresar pese a llevar horas en territorio venezolano, en un contexto de reclamos por la falta de información clara sobre personas desaparecidas, fallecidas y heridas ¹⁰.

En La Guaira, el estado más afectado, se multiplican los videos y publicaciones indicando que la ayuda llega poco, tarde o de forma desordenada a ciertos sectores, mientras en comunidades apartadas escasea o no existe: en Las Tunitas, vecinas pidieron ante cámaras alimentos y pañales, y una mujer de la tercera edad sostenía una cartulina con el mensaje de que necesitaban agua ¹¹. ¿Existe un mapa de distribución? ¿Quién decide qué sector recibe asistencia y cuál espera?

Todas estas denuncias convergen en una misma carencia: la información. Sin datos públicos sobre autorizaciones, criterios, rutas y destinos, cada traba o retraso parece arbitrario y el silencio estatal alimenta la sospecha de discrecionalidad.

Preguntas para el Estado Mayor

El decreto N.º 5.364 concentró la respuesta a la emergencia en un Estado Mayor integrado por cinco vicepresidencias sectoriales. En consecuencia, cada una debe publicar información y responder a preguntas correspondientes con su mandato. Estas son las preguntas mínimas que cada instancia debe responder públicamente.

Vicepresidencia sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz

• ¿Con qué base legal y bajo qué criterios los cuerpos de seguridad han clausurado centros de acopio y retenido vehículos con donaciones?
• ¿Cuántos puntos de control operan en las rutas hacia las zonas afectadas y qué protocolo garantiza el paso prioritario de la ayuda humanitaria?
• ¿Qué garantías existen para que periodistas, voluntarios y organizaciones trabajen en las zonas afectadas sin autorizaciones discrecionales?
• ¿Qué uso se da a los datos personales recabados en los censos de personas damnificadas y quién custodia esas bases de datos?
• ¿Cuál es el número de funcionarios desplegados en las zonas afectadas? ¿A cuáles cuerpos de emergencia corresponden (bomberos, Guardia Nacional, Protección Civil u otros)? ¿Cuáles fueron los logros o el trabajo realizado en cada zona?
• ¿Cuál es el criterio para seleccionar a los organismos que apadrinan los refugios temporales? 

Vicepresidencia sectorial de Economía

• ¿Cuánto dinero ha ingresado por concepto de ayuda, en qué cuentas se administra, quién lo audita y dónde se publica su ejecución?
• ¿Qué contratos de emergencia se han suscrito, con cuáles empresas, por qué montos y bajo qué criterios de adjudicación?
• ¿Qué proporción de los recursos del nuevo reglamento de hidrocarburos, anunciado como fuente para la reconstrucción, se destinará a las zonas afectadas y con qué mecanismo público de seguimiento?
• ¿Cuál es el presupuesto asignado a cada vicepresidencia del Estado Mayor y su ejecución a la fecha?
• ¿Cuál es el monto estimado de pérdidas por afectación en las zonas afectadas?
• ¿Hay alguna medida o plazo de gracia para los comerciantes afectados que tienen créditos, deben pago de impuestos u otros aranceles en los estados afectados?

Vicepresidencia sectorial de Obras Públicas y Servicios

• ¿Cuál es el cronograma, con metas físicas verificables, para restablecer el agua potable, la electricidad y las telecomunicaciones en cada estado afectado?
• ¿Cuál es el plan, temporalidad, personal y unidades de servicio para reestablecer la recolección de basura? ¿Cuáles son los planes de saneamiento en los refugios y zonas afectadas?
• ¿Por qué hay escombros que fueron arrojados al mar? ¿Cuál es el plan de uso de los escombros o su desecho adecuado?
• ¿Qué empresas ejecutarán las obras de rehabilitación, cuáles son los procesos de licitación, bajo qué contratos y con qué supervisión?
• ¿Cuántas edificaciones han sido evaluadas estructuralmente, con qué estándares técnicos y dónde se publican los resultados y los mapas de daño?
• ¿En qué edificaciones serán reubicados los organismos públicos afectados? ¿Cuáles son las estructuras del Estado afectadas? ¿Cuál es el proceso de recuperación de estas edificaciones y estructuras? ¿Cómo es la licitación para la ejecución de las obras?
• ¿Cuánta vialidad quedó afectada y cuál es la respuesta para garantizar la movilidad de la población? ¿Cómo será la licitación de estas obras públicas y cuáles son los planes de recuperación?
• ¿Se activará una instancia especial a dónde pueden acudir los afectados para solicitar oficios de registros de inmuebles, cédulas catastrales, títulos de propiedad, entre otros documentos que perdieron durante el terremoto? En caso afirmativo, ¿dónde y a partir de qué fecha? En caso de que la instancia original esté afectada por los terremotos, ¿a cuál organismo se trasladará esta responsabilidad?

Vicepresidencia sectorial del Socialismo Social y Territorial

• ¿Cuáles son los criterios de asignación de la ayuda y qué salvaguardas garantizan una distribución basada únicamente en la necesidad, sin discriminación de ningún tipo?
• ¿Existe un registro público de personas beneficiarias y de refugios, con su ubicación, capacidad y condiciones?
• ¿Cómo pueden las comunidades apartadas solicitar asistencia y cuál es el tiempo de respuesta comprometido?
• ¿Qué mecanismo seguro de denuncia existe si la ayuda se condiciona, se desvía o no llega?
• ¿Dónde están ubicados los refugios y cómo organizan a cuáles personas envían a cuál lugar?
• ¿Cuál fue el criterio para la entrega de viviendas registrada en video y compartida por el Ejecutivo Nacional? ¿Cómo seleccionaron a las familias beneficiarias?

Vicepresidencia sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud

En cuanto a las preguntas específicas sobre salud, serán abordadas en un apartado más adelante, por ser de alta relevancia para la situación, más allá de esta vicepresidencia.

• ¿Qué evaluación estructural tienen las escuelas y cuál es el plan y el calendario de retorno a clases?
• ¿Cuál es el plan de recuperación de las infraestructuras que sufrieron afectaciones tras el doble terremoto? ¿Quién debe asumir estos costos? ¿El Estado? ¿Padres y representantes? ¿Los colegios?
• ¿Hay un plan de asistencia para los estudiantes y profesores que sufrieron pérdidas materiales y familiares durante el doblete sísmico?
• ¿Cuál será el plan de reubicación o zonificación para los estudiantes que debieron desplazarse a otras regiones?
• ¿Pondrán en marcha alguna estrategia sobre cómo responder ante un evento sísmico?
• ¿Cómo será el retorno de las actividades escolares si varios de los colegios son actualmente refugios?
• ¿Cuándo será restablecido el servicio de internet por completo en las zonas afectadas por la ruptura del cable submarino? ¿Cómo están garantizando las telecomunicaciones en las zonas más afectadas?
• ¿Pondrán en marcha algún plan de contingencia en materia de telecomunicaciones mientras dure la recuperación de las zonas afectadas, al menos en La Guaira?
• ¿Habrá alguna estrategia de puntos de conexión y cargas de equipos para que las personas puedan acudir en caso de emergencia?
• Luego del doble terremoto, ¿podría ponerse en marcha la instalación de antenas starlink para las zonas más complicadas, al menos en La Guaira?
• ¿Hay algún plan para que las personas que perdieron su documentación (tarjetas de débito, por ejemplo) tengan la facilidad de volverlas a adquirir con alguna jornada especial por parte de los bancos?
• ¿Podría ponerse en marcha un plan para que las personas que perdieron sus celulares tengan la oportunidad de adquirir otro? Esto, entendiendo que la mayoría de las operaciones actuales son tecnológicas: pago móvil, por ejemplo. ¿Cómo hacen las personas damnificadas si reciben transferencia como ayuda, pero perdieron tarjetas bancarias y su teléfono celular para hacer pagos presencial y/o en línea?

Salud: la transparencia que salva vidas

La dimensión sanitaria de la emergencia merece un apartado propio, porque aquí la opacidad, además de facilitar la corrupción, cuesta vidas y tranquilidad de familiares de personas afectadas. Venezuela está obligada por el Reglamento Sanitario Internacional (OMS, 2005), un tratado vinculante para los 194 Estados miembros, a mantener sistemas de vigilancia epidemiológica y a notificar de manera transparente y oportuna todo evento que pueda constituir una emergencia de salud pública ¹². El colapso de infraestructuras de agua y saneamiento tras los terremotos, sumado al desplazamiento de miles de familias hacia refugios y espacios abiertos, configura un escenario de riesgo de brotes que exige información pública inmediata.

En materia de salud, el Estado debe garantizar y publicar, como mínimo:

• Datos epidemiológicos reales: el número diario y acumulado de contagios, hospitalizaciones, recuperaciones y fallecimientos por enfermedades asociadas a la emergencia, desglosados por estado, municipio y, de ser posible, grupos de edad, para identificar dónde están los focos y procurar su atención temprana. ¿Cuándo se reanudará la publicación completa y disgregada del boletín epidemiológico nacional, cuya última edición, parcial, corresponde a la semana del 28 de junio al 4 de julio de de 2026?
• Capacidad del sistema de salud: información actualizada sobre la disponibilidad de camas de hospitalización y de cuidados intensivos, así como el inventario de insumos médicos esenciales, oxígeno y medicamentos en la red pública de los estados afectados. Además, personal disponible para atender la emergencia. 
• Hospitales de campaña: su ubicación exacta, capacidad instalada, dotación, personal, criterios técnicos con los que se eligió su ubicación, uso de datos personales y garantías de seguridad estructural, dado que varios se han instalado en zonas de riesgo. También nos preguntamos sobre cuánto tiempo estarán habilitados, cuáles son los mecanismos de resguardo de privacidad de los expedientes médicos y su posible sincronización con sistemas hospitalarios nacionales para facilitar la atención continua.
• Planes de contingencia, vacunación y tratamiento: qué se está haciendo para contener los riesgos sanitarios, cuáles son los criterios de distribución de recursos, vacunas y tratamientos, y los cronogramas de atención a la población, con prioridad para niños, niñas, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.
• Presupuesto y compras públicas de salud: en qué y cómo se gastan los fondos sanitarios de la emergencia, cuáles son los planes de atención a personas con amputaciones producto del terremoto, cómo están censando las nuevas necesidades, cómo será la asignación de prótesis y cuál es la capacidad estatal para ofrecer la rehabilitación correspondiente.
• Canales oficiales de guía ciudadana: protocolos claros sobre qué hacer ante síntomas, a dónde acudir y qué líneas de atención están habilitadas, de modo que la información oficial desplace a la desinformación y no al revés. La salud mental también es de gran importancia, el Estado debe publicar cuáles son los planes de salud mental para personas damnificadas y personas afectadas por los terremotos, así como los centros de salud y vías donde es posible recibir ayuda psicológica y atención psiquiátrica según sea el caso.
• Tratamiento de los cuerpos encontrados en la zona de colapso de estructuras: procesos de identificación de cuerpos, trámites claros para el retiro de cuerpos de familiares, así como planificación sanitaria para las zonas donde no es posible la recuperación de cuerpos. Información sobre enterramientos masivos y fosas comunes, tratamiento digno de cadáveres, sistema de identificación temporal y procedimientos para la futura identificación de cuerpos por parte de familiares. Registramos reclamos sobre estos procesos y el tratamiento de cadáveres que el Estado tiene la obligación de atender.

Las organizaciones que cooperan también deben rendir cuentas

La obligación de informar no recae solo sobre el Estado. Las agencias de Naciones Unidas, los organismos multilaterales, los donantes bilaterales y las organizaciones que ejecutan la ayuda están sujetos a estándares internacionales propios, exigibles públicamente.

El Core Humanitarian Standard (Norma Humanitaria Esencial), actualizado en 2024 tras una consulta global con más de 4.000 personas de comunidades afectadas en 90 países, establece nueve compromisos verificables. Dos son directamente relevantes: las comunidades afectadas tienen derecho a recibir información oportuna, clara y accesible sobre la asistencia disponible, quién la presta y cómo acceder a ella; y las organizaciones deben gestionar los recursos con eficacia, monitoreando y reportando el gasto frente al presupuesto ¹³.

El estándar de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), adoptado como referencia común del sistema humanitario desde la Cumbre Humanitaria Mundial, exige a donantes y ejecutores publicar en formato de datos abiertos el volumen, la asignación y los resultados de cada actividad de ayuda, en un registro público consultable por cualquier persona ¹⁴. Esto convierte la exigencia en verificación: puede comprobarse si OCHA, el Banco Mundial, el BID y los donantes bilaterales están publicando allí, actividad por actividad, sus desembolsos para la emergencia venezolana. Invitamos a todos los actores de la respuesta a hacerlo y a la ciudadanía a consultarlo.

Iniciativas de contraloría social como la plataforma Ruta de la Ayuda, de Transparencia Venezuela, que sistematiza las donaciones y reclama a los organismos multilaterales publicar el destino de los fondos, demuestran que la sociedad civil está dispuesta a hacer su parte ¹⁵. Conviene precisar la diferencia: la rendición de cuentas bajo estándares internacionales es un compromiso ante las comunidades afectadas y los donantes, y es distinta de la fiscalización estatal punitiva que somete a las organizaciones a controles discrecionales. 

Al 7 de julio, la OCHA reportó 59 organizaciones activas, 11 sectores humanitarios y 1.044 actividades en ejecución¹⁶. Puedes ver más información publicada por este organismo sobre Venezuela  en reliefweb. 

El filtro previo: quién puede repartir la ayuda

Antes de preguntar si la ayuda se administra con transparencia, en Venezuela opera una pregunta anterior: quién tiene permiso legal para administrarla. La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro (Ley Anti ONG, Gaceta Oficial N.º 6.855, 2024) condiciona la existencia legal de toda organización, nacional o extranjera, a un registro estatal: ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías en el caso de las nacionales, y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en el de las extranjeras. 

Su artículo 16 permite negar el registro con causales tan amplias como promover el fascismo, la intolerancia o el odio, o resultar contrario a cualquier disposición legal; sus sanciones alcanzan multas de hasta 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor, la anulación del registro y la disolución judicial ¹⁷.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió, desde el proyecto original, que un régimen de requisitos tan oneroso otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimir organizaciones ¹⁸. Tras los terremotos, esa advertencia se volvió operativa: organizaciones como Acceso a la Justicia y Provea exigieron públicamente derogar la ley porque hace prácticamente imposible constituir organizaciones en el país, y mucho menos extranjeras, justo cuando el ingreso de organizaciones humanitarias internacionales es urgente ¹⁹. Una carta abierta suscrita por decenas de organizaciones humanitarias y de la sociedad civil pidió lo mismo, junto con la garantía de que la ayuda se distribuya únicamente sobre la base de la necesidad y sin discriminación, con plena participación de las organizaciones independientes ²⁰.

El efecto práctico es tener un filtro de entrada: la ley decide de antemano qué organizaciones pueden operar legalmente, quiénes pueden recibir, trasladar y distribuir ayuda sin exponerse a multas, disolución o expulsión del país. Sin embargo, reina la opacidad en la aplicación: no existe información pública sobre cuántas organizaciones han solicitado registro desde el 24 de junio, cuántas fueron aprobadas o rechazadas, en qué lapsos y con qué criterios. 

Ese silencio impide descartar que el registro se aplique de manera selectiva, y convierte al propio registro en objeto del derecho de acceso a la información: exigimos la publicación íntegra y actualizada del registro de organizaciones, de las solicitudes en trámite y de las decisiones adoptadas, con sus motivaciones.

La ayuda sin información es poder sin control

Más de 780 millones de dólares comprometidos, un Estado Mayor con facultades extraordinarias, cientos de toneladas de donaciones en tránsito y una ley que decide quién puede participar: todo ello opera hoy sin datos oficiales publicados en formato abierto. La combinación de recursos masivos, poderes ampliados y opacidad es la receta documentada de la corrupción en las emergencias, y su costo lo pagan las personas damnificadas que esperan agua, techo y atención médica.

Por eso exigimos al Estado venezolano:

• Publicar de inmediato, en un portal único de datos abiertos, el inventario de la ayuda recibida, los contratos de emergencia, el presupuesto del Estado Mayor y los balances diarios de la emergencia.
• Responder públicamente las preguntas dirigidas a cada vicepresidencia sectorial, empezando por los criterios de autorización y distribución de la ayuda.
• Restablecer la publicación del boletín epidemiológico y difundir la información sanitaria detallada en este especial.
• Derogar la Ley de Fiscalización de ONG y, mientras siga vigente, publicar íntegramente su registro, solicitudes y decisiones.

Y a las agencias de cooperación, organismos multilaterales y donantes, publicar sus desembolsos y resultados conforme a los estándares humanitarios internacionales. La transparencia es la condición para que la ayuda llegue a quien la necesita, desde el primer día de la emergencia.

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1. Según el parte oficial publicado por Jorge Rodríguez en Instagram. Ver más en https://www.instagram.com/p/DbHZ1truKVl/?hl=en [↩]
2. TalCual, julio de 2026. Transparencia Venezuela crea portal para auditar la ayuda humanitaria por los sismos. Disponible en https://talcualdigital.com/transparencia-venezuela-crea-portal-para-fiscalizar-ayuda-humanitaria-por-sismos/  [↩]
3. Espacio Público, 10 de julio de 2026. Decreto de emergencia por el doblete sísmico debe ser transparente y garantizar acceso a la información. Disponible en https://espaciopublico.ong/decreto-emergencia-doblete-sismico-transparente-garantizar-acceso-informacion/ [↩]
4. Espacio Público, 2019. Acceso a la Información Pública: una herramienta para la solución de problemas locales. Disponible en https://espaciopublico.ong/acceso-a-la-informacion-publica-una-herramienta-para-la-solucion-de-problemas-locales/ [↩]
5. Acceso a la Justicia, 3 de julio de 2026. ¿Es constitucional el estado de emergencia decretado tras los terremotos?. Disponible en https://accesoalajusticia.org/es-constitucional-estado-emergencia-decretado-tras-terremotos/ [↩]
6. Espacio Público, 2019. Balance 2016-2018 Acceso a la Información Pública en Venezuela. Disponible en https://espaciopublico.ong/balance-2016-2018-acceso-a-la-informacion-publica-en-venezuela/ [↩]
7. El Día, junio de 2026. Denuncian trabas para distribuir las donaciones. Disponible en https://www.eldia.com/el-mundo/denuncian-trabas-para-distribuir-las-donaciones-el-mundo_1782539328 [↩]
8. Infobae, 4 de julio de 2026. Donaciones bloqueadas en la frontera: Andrea Valdiri denunció complicaciones para llevar ayudas a los afectados por el doble terremoto en Venezuela. Disponible en https://www.infobae.com/colombia/2026/07/04/donaciones-bloqueadas-en-la-frontera-andrea-valdiri-denuncio-complicaciones-para-llevar-ayudas-a-los-afectados-por-el-doble-terremoto-en-venezuela/ [↩]
9. Emol, 30 de junio de 2026. Las denuncias contra el Gobierno venezolano de impedir las labores de rescate y entrega de ayuda tras doble terremoto. Disponible en https://www.emol.com/noticias/Internacional/2026/06/30/1204264/doble-terremoto-venezuela-denuncias-gobierno.html [↩]
10. MDZ, junio de 2026. Ayuda humanitaria bajo control: denuncian restricciones del régimen chavista tras los terremotos en Venezuela. Disponible en https://www.mdzol.com/mundo/ayuda-humanitaria-control-denuncian-restricciones-del-regimen-chavista-los-terremotos-venezuela-n1555377 [↩]
11. Univision, junio de 2026. Crisis humanitaria en La Guaira tras sismos: denuncian falta de ayuda y colapso de servicios. Disponible en https://www.univision.com/noticias/america-latina/crisis-humanitaria-en-la-guaira-tras-sismos-denuncian-falta-de-ayuda-y-colapso-de-servicios [↩]
12. Organización Panamericana de la Salud, 2009. Reglamento Sanitario Internacional: texto completo en la web. Disponible en https://www.paho.org/es/noticias/1-5-2009-reglamento-sanitario-internacional-texto-completo-web [↩]
13. CHS Alliance, Groupe URD y Sphere, 2024. Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability. Disponible en https://d1h79zlghft2zs.cloudfront.net/uploads/2020/06/Core_Humanitarian_Standard-English.pdf [↩]
14. IATI, 2026. International Aid Transparency Initiative. Disponible en https://iatistandard.org/en/ [↩]
15. TalCual, julio de 2026. Transparencia Venezuela crea portal para auditar la ayuda humanitaria por los sismos. Disponible en https://talcualdigital.com/transparencia-venezuela-crea-portal-para-fiscalizar-ayuda-humanitaria-por-sismos/ [↩]
16. OCHA, 7 de julio de 2026. Venezuela: Quién hace qué y dónde en la respuesta al terremoto (7 de julio de 2026). Disponible en: https://www.unocha.org/publications/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-quien-hace-que-y-donde-en-la-respuesta-al-terremoto-7-de-julio-de-2026 [↩]
17. Espacio Público, 2 de mayo de 2025. Análisis de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. Disponible en https://espaciopublico.ong/analisis-de-la-ley-de-fiscalizacion-regularizacion-actuacion-y-financiamiento-de-las-organizaciones-no-gubernamentales-y-organizaciones-sociales-sin-fines-de-lucro-2/  [↩]
18. Espacio Público, 1 de febrero de 2023. Misión de Determinación de los Hechos advierte sobre implicaciones de proyecto de ley anti ONG. Disponible en https://espaciopublico.ong/mision-de-determinacion-de-los-hechos-advierte-sobre-ley-antiong/ [↩]
19. Infobae, 2 de julio de 2026. Exigieron a Delcy Rodríguez derogar la “Ley Anti-ONG” para facilitar el apoyo humanitario a las víctimas del terremoto. Disponible en https://www.infobae.com/venezuela/2026/07/02/exigieron-a-delcy-rodriguez-derogar-la-ley-anti-ong-para-facilitar-el-apoyo-humanitario-a-las-victimas-del-terremoto/ [↩]
20. WOLA y organizaciones firmantes, julio de 2026. Carta abierta de gratitud y llamado a los gobiernos que apoyan la respuesta al terremoto en Venezuela. Disponible en https://www.wola.org/es/2026/07/carta-abierta-de-gratitud-y-llamado-a-los-gobiernos-que-apoyan-la-respuesta-al-terremoto-en-venezuela/ [↩]