Funcionarios de un cuerpo de seguridad, que no fue identificado, detuvieron, interrogaron y liberaron el lunes 1 de junio de 2026 al periodista Pablo Mujica, reportero de Noticias La Voz de Valera, cuando iba de regreso a su casa, aproximadamente a las 4:30 p.m., por la calle 9 entre las avenidas 6 y 5 en la ciudad de Valera, estado Trujillo (oeste).
Mujica contó a Espacio Público que unos policías que se trasladaban en una moto en contravía se le acercaron, y como pensó que lo asaltarían, corrió. No obstante, otras personas más lo interceptaron, lo rodearon y le preguntaron por qué corría. Mujica les preguntó que quiénes eran ellos y es entonces cuando se identificaron como funcionarios de inteligencia y le informaron que que debía acompañarlos para una presunta entrevista.
“Me quitaron la cédula y me llevaron a la parroquia Beatriz, donde queda un comando de la policía de inteligencia. Me sentaron en un patio, me ofrecieron agua, pero no se las acepté. También me pidieron que pusiera el teléfono en modo avión porque eran las reglas de la institución”, contó a Espacio Público.1
Lo interrogaron por una nota sobre la escasez de gasolina
Posteriormente, un funcionario lo increpó sobre una nota periodística que publicó Mujica en Instagram acerca de la escasez de gasolina en la región. Le dijo que ese tipo de notas genera “alertas a la población y hace que hagan compras nerviosas porque aquí no hay escasez de gasolina. Los medios de comunicación asustan a la población”2.
Pablo Mujica le respondió que el problema del combustible no era nuevo y que ahora se tornó más preocupante al igual que la falta de electricidad. “Es una situación que vivimos todos y no podemos tapar el sol con un dedo”, le contestó al funcionario, quien insistió en su argumento inicial y, además, le informó que lo entrevistaría el gobernador del estado, Gerardo Márquez.
Luego le indicaron a Mujica que el mandatario regional ordenó que lo dejaran ir, pero que debía publicar una nota que indicara que el Estado se estaba encargando del tema de la gasolina y que son garantes que no falte.
A las 11:00 de la noche funcionarios se presentaron en su residencia para obligarlo a escribir la nota. Le dijeron que no se irían del lugar hasta que lo hiciera.
Son actos intimidatorios los señalamientos por parte de funcionarios hacia el trabajo de los periodistas. Además, es una forma de presión para evitar que los medios y otros periodistas escriban de los problemas que afectan a la ciudadanía venezolana, lo que crea un efecto inhibidor.
La actitud de los policías configura una censura indirecta, prohibida por los tratados internacionales de derechos humanos. Al atacar a la prensa, no solo se vulnera al comunicador, sino que se priva a la sociedad de su derecho humano a buscar, recibir y difundir información libremente.
Exigimos a las autoridades e instituciones del Estado el cese inmediato de las campañas de estigmatización y el cumplimiento de las garantías constitucionales (artículos 57 y 58 de la CRBV) que protegen el ejercicio periodístico de manera libre y sin coacciones.
Es una acción inmediata, por parte del Estado venezolano para iniciar un proceso genuino de restitución de derechos civiles y políticos, detener los ataques discursivos, amenazas, intimidación y agresiones contra la prensa, así como acabar con las medidas presión hacia los medios por sus líneas editoriales.
