Situación general del derecho a la libertad de expresión. Informe enero-agosto 2021

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Tras la progresiva flexibilización de las medidas de confinamiento en Venezuela ante la presencia de la Covid-19, las limitaciones a la libertad de expresión afectan la labor de medios de comunicación y periodistas, así como el derecho de la población venezolana a mantenerse oportunamente informada.

Entre enero y agosto se contabilizaron al menos 151 casos[1], que implican 292 denuncias de violaciones a la libertad de expresión. Esta cifra refleja una disminución del 50% con relación al número de casos y del 63% con respecto al número de violaciones registradas en el mismo lapso de tiempo, durante el año pasado[2].

En rasgos generales, el número de casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela mantuvo un comportamiento lineal. Febrero (21), abril (21) y mayo (24) fueron los meses con mayor número de registros; mientras que julio (15) acumuló la cifra de casos más baja.

La agenda noticiosa transcurrió sin muchos sobresaltos, en comparación con años recientes, donde la cobertura política derivó en mayor represión y en consecuencia, mayores vulneraciones a la libertad de expresión.

A este clima se sumó la opacidad informativa que, desde el año pasado se mantiene en torno a la Covid-19 y las medidas implementadas para evitar su propagación.

Al inicio de la pandemia este hermetismo impidió en gran medida la labor periodística vinculada al virus, esto pudo afectar la difusión de información en los últimos meses por parte de medios, trabajadores de la salud y periodistas ante posibles represalias.

A pesar de la disminución en el volumen de casos, el hostigamiento e intimidación a medios de comunicación y periodistas, las detenciones arbitrarias a trabajadores de la prensa, los ataques informáticos a medios digitales y plataformas web constituyeron parte de los patrones de las violaciones al derecho contabilizados entre enero y agosto.

Las medidas restrictivas hacia medios de comunicación y espacios informativos se mantuvieron durante estos ocho meses. Los procedimientos, al margen de la ley, fueron ejecutados principalmente por funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sin previo aviso y bajo el argumento de que se trataba de visitas de rutina, lo que resultó en la incautación de equipos o restricciones administrativas. Algunos de los casos registrados se detallan a continuación:

  • El 8 de enero, funcionarios de la Conatel y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) realizaron un operativo en las sedes del medio digital Venezolanos por la Información (VPI TV)[3], en Caracas. El procedimiento que duró más de siete horas, no contó con una orden legal por escrito según informó el medio en un comunicado que compartieron a través de sus redes sociales. En ese tiempo, los trabajadores permanecieron detenidos e interrogados sobre los procesos y las funciones que desempeñaban en el medio. Luego de realizar un inventario, los funcionarios cargaron con equipos de transmisión, cámaras, computadoras y otros aparatos necesarios para continuar con la labor informativa.

  • Funcionarios de la Conatel se presentaron el 5 de marzo en las instalaciones de la emisora Radio Selecta 102.7 FM[4] en la ciudad de Machiques, estado Zulia. Tras una supuesta visita de inspección, confiscaron los equipos de transmisión lo que dejó a la emisora fuera del aire. En el proceso, Conatel se llevó dos computadoras, tres micrófonos, un procesador de sonido y un transmisor de la estación que tenía 13 años de labor ininterrumpida.

  • El diario El Tiempo[5] anunció el 25 de mayo la salida de circulación de su edición impresa. A través de su cuenta en Instagram, el medio anunció que la decisión obedeció a la crisis económica que atraviesa el país y a la falta de papel periódico. Con esto, el estado Anzoátegui se sumó a 10 regiones del país que no cuentan con periódicos: Amazonas, Apure, Cojedes, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Trujillo y Zulia.

  • El 3 de agosto, Conatel ordenó la salida del aire del programa Punto de Corte Radio[6], que se transmitía de lunes a viernes a través de la señal de Radio Fe y Alegría 1390 AM y 105.7 FM. La información la dio a conocer Nicmer Evans, a través de su cuenta en Twitter e indicó que seguirán transmitiendo vía streaming. Del mismo modo, Johan Álvarez, detalló que desde hace varios meses Conatel había ejercido presiones hacia Fe y Alegría para prohibir la transmisión del espacio radial.

Cuadro 1. Violaciones por tipo

A diferencia del año pasado, las violaciones más recurrentes fueron las medidas de censura, las cuales sumaron al menos 96 registros (33%).Estas acciones estuvieron también estuvieron orientadas a restricciones para el acceso a la información.

En tal sentido, se registraron al menos 13 interrupciones generales del servicio de internet, en distintas regiones del país. Algunas de estas fueron generadas por fallas del servicio eléctrico que administra la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y otras por las deficiencias del servicio que ofrece el principal proveedor de internet, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV). Según un informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos[7] (OVSP), correspondiente al balance del primer semestre de 2021, el 63% de los venezolanos no cuenta con el servicio de Internet ofrecido por la Cantv.

En paralelo, destacan los ataques cibernéticos contra medios de comunicación y periodistas, los cuales sumaron 14 vulneraciones. Algunos de ellos se mencionan a continuación:

  • El portal de noticias Tal Cual[8], denunció el 13 de marzo que su sitio web fue atacado, lo que impidió el acceso. A través de su cuenta en la red social Twitter, el medio informó que el ataque ralentizó la carga del portal a partir de las 6:36 pm, por lo que tuvieron que continuar con la labor informativa a través de sus redes sociales.
  • La página web de la Asociación Civil Convite[9] fue atacada el 18 de agosto y permaneció fuera de servicio por razones de seguridad. Así lo señalaron  a través de su cuenta en la red social Twitter. Luis Francisco Cabezas, director de Convite A.C. explicó en entrevista a Espacio Público que se generaron mensajes masivos desde la cuenta de la organización: «Se comenzaron a enviar 500 mensajes por minutos desde nuestra cuenta. Nuestros proveedores nos dijeron que eso es producto de un ataque y por seguridad de los servidores lo mejor era suspender la página».

Las intimidaciones se ubican en segundo lugar con un total de 83 violaciones (28%). En este caso, las medidas estuvieron orientadas principalmente al impedimento de  coberturas y fueron ejecutadas por funcionarios públicos, así como por miembros de cuerpos de seguridad del Estado.

  • El 28 de enero un efectivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) amenazó con encarcelar al corresponsal de ABC News Miami, Daniel Blanco Paz[10], por unas grabaciones que hizo en las inmediaciones del concesionario Makinas Auto Sales, en El Rosal, Caracas. El efectivo del Sebin abordó a Blanco diciéndole que “está prohibido grabar” y que debía “borrar todo el material que tenía en la cámara”. Posteriormente, obligó a Blanco a eliminar todo el material que había registrado. Tras un descuido del funcionario, el periodista aprovechó para retirarse del concesionario.

Cuadro 2. Víctimas por ocupación

  • Jhony La Rosa, funcionario de la oficina de la gobernación del estado Sucre, intimidó a la periodista de Qué Pasa en Venezuela, Regina Freites[11], mientras grababa el reclamo que le hacía una ciudadana al gobernador del estado, Edwin Rojas, a escasos metros del Palacio Municipal. Freites en entrevista a Espacio Público, explicó que al negarse a entregar su equipo telefónico, el funcionario de la gobernación llamó a dos miembros de seguridad para quitárselo: «Yo me negué a darles el teléfono e intentó quitármelo y procedió a llamar a los funcionarios de seguridad del gobernador, a quienes le dije que era periodista y estaba en mi pleno derecho al ejercicio, siendo defendida por los presentes y un colega, quienes se interpusieron para que los efectivos no accionaran», dijo.

Al menos 68 periodistas y reporteros vieron vulnerado su derecho a la libertad de expresión entre enero y agosto, ubicándose así como el sector que acumula mayor número de víctimas, seguidos por 43 medios de comunicación.


Durante los primeros dos cuatrimestres del año se contabilizaron 25 detenciones vinculadas a la búsqueda y difusión de información, esta cifra refleja una disminución del 81% con relación a las detenciones ocurridas durante el mismo periodo del año 2020. Del total de personas detenidas, el 40% fueron periodistas o reporteros, mientras que un 24% correspondió a integrantes de ONG. Al menos en 10 de estos casos, las detenciones estuvieron acompañadas por cargos contenidos en la ilegítima ley contra el odio. Las detenciones por difusión de opiniones o informaciones en internet continuaron como una constante, lo cual se vio reflejado con al menos 10 detenciones.

  • El 21 de marzo, la periodista Milagros Mata Gil y el escritor Juan Manuel Muñoz[12] fueron detenidos por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) luego de que estos difundieran un artículo satírico a través de Whatsapp. El texto, titulado “Fiesta Mortal” fue compartido por Mata Gil en un grupo de Whatsapp y en él se describe una celebración de más de 800 invitados entre los que cuenta el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab y su familia. El tribunal tercero de control excarceló a ambos el 1 de abril, bajo régimen de presentación cada 30 días, prohibición de hablar públicamente sobre su caso y le fueron confiscados sus teléfonos celulares. Jorge Márquez, abogado defensor informó que en la audiencia de presentación fueron acusados  “Instigación al Odio”, un delito contenido en la inconstitucional ley contra el Odio, por la difusión de un artículo satírico en la plataforma de mensajería Whatsapp que aludía al fiscal general Tarek William Saab.

  • El 2 de julio, el director general de Fundaredes, Javier Tarazona[13], fue detenido por funcionarios del Sebin, luego de acudir a la Fiscalía en Coro, estado Falcón, para denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón y otros sujetos sin identificar. Junto a él también fueron detenidos Rafael Tarazona y Omar García, activistas de FundaRedes. A los tres les imputaron los cargos de “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, de acuerdo a la información suministrada por el abogado de los integrantes de Fundaredes, Alonso Medina, quien señaló que el sitio de reclusión fijado es el centro penitenciario “Hombre Nuevo”, antigua La Planta en la urbanización El Paraíso, Caracas. Según informó el Fiscal designado por la asamblea nacional constituyente, Tareck William Saab, los activistas fueron detenidos por denunciar la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano sin presentar pruebas.

  • Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a la enfermera Ada Macuare[14] el 21 de julio, luego de exigir mejoras salariales y vacunas para los trabajadores del ambulatorio Alí Romero de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Por el hecho, la acusan de “instigación al odio”. Su audiencia de presentación se realizó el 26 de julio. Posteriormente, el Tribunal de Control 7 le otorgó libertad provisional a Macuare con régimen de presentación cada 30 días el jueves 5 de agosto, luego de pasar 12 días detenida en la sede de la Policía Municipal de Urbaneja, en el estado Anzoátegui.

Cuadro 3. Victimarios por ocupación

Las Instituciones del Estado fueron las responsables de al menos 50 casos (28%). El Ministerio Público (MP) figura como la principal institución violadora del derecho, lo que refleja la criminalización de la denuncia y de la labor periodística. Completan la lista la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Por su parte, los cuerpos de seguridad vulneraron el derecho a la libertad al menos en 41 oportunidades (23%). El cuerpo de seguridad que actuó como victimario mayor cantidad de veces fue la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), seguido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Cuerpo de seguridad involucrado en el caso

Durante los últimos años, las denuncias por violaciones al derecho a la libertad de expresión en internet reflejaron un incremento sostenido, lo que revela, entre otras cosas, el reforzamiento de mecanismos de vigilancia y monitoreo en línea implementados por las autoridades venezolanas, con el fin de limitar y controlar la difusión de información.

Entre enero y agosto se registraron al menos 71 casos en internet (47% del total), representa un incremento de 17% con relación a los casos registrados en la web, durante el mismo periodo en el año pasado. 

Además de las interrupciones del servicio de internet, los ataques informáticos y las detenciones por la difusión de mensajes u opiniones en línea, destacan los hostigamientos verbales hacia periodistas, medios de comunicación y miembros de ONG. Entre enero y agosto se documentaron al menos 12 casos de este tipo, cuyos principales victimarios fueron funcionarios gubernamentales.

Con relación a la ocurrencia por ubicación geográfica, el Distrito Capital se ubica como la región con mayor número de casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, por acumular al menos 11 registros (7%). Esto se debe principalmente a la actividad noticiosa que se desarrolla regularmente en la capital del país. Los estados Bolívar (8), Miranda (8), Zulia (6) y Mérida (5) completan la lista de las entidades con mayor número de casos.

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, escritores, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.


[1] Se entiende por caso el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo caso se pueden contabilizar distintas víctimas y violaciones.

[2] Entre enero y agosto de 2020 se registraron 300 casos y 795 violaciones a la libertad de expresión.

[3] Espacio Público, 8 de enero de 2021. Comisión mixta de Conatel y Seniat incautó los equipos de VPITV. Recuperado en: http://espaciopublico.ong/comision-mixta-de-conatel-y-seniat-incauto-los-equipos-de-vpitv/

[4] Espacio Público, 7 de marzo de 2021.Funcionarios de Conatel confiscaron equipos de Radio Selecta 102.7 FM en Machiques. Recuperado en: http://espaciopublico.ong/funcionarios-de-conatel-confiscaron-equipos-de-radio-selecta-102-7-fm-en-machiques/

[5] Espacio Público, 30 de mayo de 2021. Diario El Tiempo deja de circular luego de 60 años de labor Recuperado en http://espaciopublico.ong/diario-el-tiempo-deja-de-circular-luego-de-60-anos-de-labor/

[6] Espacio Público, 3 de agosto de 2021. Conatel saca del aire al programa Punto de Corte Radio

Recuperado en http://espaciopublico.ong/conatel-saca-del-aire-al-programa-punto-de-corte-radio/

[7] El Pitazo, 31 de agosto de 2021. Observatorio de Servicio Públicos: 63,3% de hogares venezolanos no cuentan con servicio de Internet. Recuperado en https://elpitazo.net/gran-caracas/observatorio-de-servicio-publicos-633-de-hogares-venezolanos-no-cuentan-con-servicio-de-internet/

[8] Espacio Público, 14 de marzo de 2021. Atacan sitio web de Tal Cual por segunda vez en lo que va de año. Recuperado en http://espaciopublico.ong/atacan-sitio-web-de-talcual-por-segunda-vez-en-lo-que-va-de-ano/

[9] Espacio Público, 19 de agosto de 2021. Atacan página web de la Asociación Civil Convite.

Recuperado en http://espaciopublico.ong/atacan-pagina-web-de-la-asociacion-civil-convite/

[10] Espacio Público, 28 de enero de 2021. Funcionario del Sebin intimidó y amenazó al periodista Daniel Blanco Paz. Recuperado en http://espaciopublico.ong/funcionario-del-sebin-intimido-y-amenazo-al-periodista-daniel-blanco-paz/  

[11] Espacio Público, 4 de agosto de 2021. Funcionario intimida a periodista de Qué Pasa en Venezuela. Recuperado en http://espaciopublico.ong/funcionario-intimida-a-periodista-de-que-pasa-en-venezuela/

[12] Espacio Público, 1 de abril de 2021. Excarcelan con cautelares a escritores detenidos por difundir un artículo por Whatsapp. Recuperado en http://espaciopublico.ong/excarcelan-con-cautelares-a-escritores-detenidos-por-difundir-un-articulo-por-whatsapp/

[13] Espacio Público, 3 de julio de 2021. Dictan privativa de libertad al director de Fundaredes, Javier Tarazona, y a dos activistas de la organización. Recuperado en http://espaciopublico.ong/dictan-privativa-de-libertad-al-director-de-fundaredes-javier-tarazona-y-a-dos-activistas-de-la-organizacion/

[14] Espacio Público, 6 de agosto de 2021. Excarcelan y otorgan régimen de presentación a la enfermera Ada Macuare. Recuperado en http://espaciopublico.ong/excarcelan-y-otorgan-regimen-de-presentacion-a-la-enfermera-ada-macuare/

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