Desde el inicio, en Espacio Público acompañamos a personas y comunidades en la defensa, divulgación y promoción de los derechos humanos, en especial la libertad de expresión e información y, como uno de los elementos bandera, el acceso a la información pública.
Los talleres para promover el ejercicio del derecho al acceso a la información pública datan desde 2007 y, además de brindar conocimiento y herramientas para que los/as participantes y las comunidades conozcan más a profundidad el alcance del mismo y la importancia de defenderlo, han servido para cohesionar y asociar a quienes participan en torno a causas comunes que busquen beneficiar a la colectividad.
Para una de las personas beneficiadas por el proyecto “El Pueblo Pregunta” (o “EPP”), creado en 2015 para acompañar a las comunidades en su impulso por exigir respuestas e información sobre asuntos públicos que afectan su calidad de vida, el derecho a la información pública “es un instrumento que fomenta la participación ciudadana” en la vida pública del país.
A su entender, “si no hay suficiente información, no hay suficiente participación”, una va de la mano con la otra, razón que también nos impulsa a acompañar cada vez más a las comunidades en sus exigencias a las autoridades, que van desde explicaciones acerca de fallas o problemas que atraviesen y son competencia de los entes hasta la resolución de problemas que son responsabilidad directa de los órganos del Estado.
La importancia de organizarse y visibilizar
Ante la falta de Estado de Derecho, el debilitamiento de las instituciones y la sistemática violación a los Derechos Humanos, es importante reiterar que el simple hecho de ejercer el derecho al acceso a la información pública no es garantía suficiente de que se resuelvan o cambien las condiciones en las comunidades afectadas, sin embargo, es necesaria la voluntad que tienen las comunidades para organizarse, documentar, visibilizar y denunciar sus problemas.
Ejemplo de ello es lo ocurrido en 2010 en Valencia, estado Carabobo, cuando problemas de aguas blancas que llegaban sucias o con exceso de cloro, y por tanto no aptas para consumo humano, motivaron a un grupo de ciudadanos/as a dirigir una comunicación al entonces presidente de la empresa pública Hidrológica del Centro para pedir información sobre las condiciones con las que se estaba surtiendo el servicio.
Pese a que la petición no fue respondida ni por Hidrológica del Centro, ni por el Viceministerio de Aguas o el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, órganos a los que acudieron ante la falta de respuesta del primero, la movilización de las comunidades afectadas impulsó la creación del “Movimiento por la Calidad del Agua”, que desde entonces visibiliza mediante estudios y acciones de presión la falta de potabilización del agua que se distribuye en Valencia, haciendo contraloría social.
Capacitación para la acción
El coordinador regional de Espacio Público en el estado Anzoátegui, Ramón Paruta, considera que es importante que los ciudadanos exijan el acceso a la información porque, al hacerlo, también son “portavoces de los hechos que acontecen y de la verdad que ocurre”. Es por ello que, resalta, “es importante que los líderes locales tengan las herramientas necesarias” para acompañar los procesos de petición en las comunidades.
A través de los espacios formativos, de capacitación y acompañamiento, como El Pueblo Pregunta, la ciudadanía adquiere competencias que le permiten asociarse por un bien común, visibilizar y exigir a las autoridades las problemáticas, su resolución y el cumplimiento pleno del derecho al acceso a la información pública.
Casos exitosos por completo de esas acciones ocurrieron en Maracay, estado Aragua, y Hato Viejo, estado Yaracuy, en 2015 y 2016, respectivamente. Tras un taller realizado en la capital aragüeña, el grupo de participantes decidió solicitar información a la directiva del Hospital Civil de Maracay respecto a las razones detrás de la suspensión de exámenes para pacientes con VIH, el número de personas afectadas y si existía un presupuesto destinado a la reparación del equipo que paralizó los exámenes.
Posteriormente, y presionando a la directiva del hospital, las autoridades hicieron el arreglo y se retomó el servicio. En Hato Viejo, ya con la formación a través del proyecto El Pueblo Pregunta, la comunidad afectada por el mal estado de un pozo de agua profunda (que era la única vía de suministro del servicio) fue más allá de la petición de información a las autoridades estatales sobre proyectos para resolver el problema del agua o presupuestos para el arreglo del pozo.
Sumado a ello, la comunidad de Hato Viejo incorporó protestas dentro de su estrategia de exigencia del derecho a la información pública y, tras presiones continuas, la autoridad municipal autorizó un presupuesto de dos millones de bolívares para recuperar el pozo.
“El acceso a la información pública es un derecho fundamental que todo ciudadano debe conocer para tener certeza de hacia donde están destinados los recursos del Estado”.
Graciela Portillo, coordinadora de Espacio Público en el estado Zulia.
Estar informado anima a identificar los problemas
Una de las principales trabas que encuentra el ejercicio de este derecho en la sociedad venezolana es el desconocimiento de su existencia y/o utilidad, aunque tal y como comenta un líder local de la parroquia San Juan, donde se han realizado actividades formativas de acceso a la información pública y redacción de noticias, “la gente se anima a identificar las problemáticas y exigir soluciones válidas” una vez vive la experiencia de saber cómo formalizar las peticiones.
De hecho, según cuenta el ciudadano, la experiencia de su comunidad se replicó a otras aledañas que han notado efectos positivos una vez organizados para buscar mejoras en la calidad de vida de las personas. El líder local, a su vez, dice que las instituciones “buscan vías para atender las solicitudes cuando identifican organización y ejercicio ciudadano”.
Las comunidades insisten y persisten en lograr resoluciones a sus problemáticas y reconocen la necesidad de solicitar información a las autoridades encargadas de atenderlas, tal y como establece la Constitución venezolana y recomiendan organismos multilaterales. Aún así, durante años el deterioro de la institucionalidad ha erosionado el ejercicio del derecho a la información pública y las negativas están a la orden del día.
En septiembre de este año, las comunidades Fe y Alegría de Artigas, Los Eucaliptos y Barrio Coromoto, todas en el municipio Libertador de Caracas, intentaron entregar sendas peticiones de información a la empresa pública Hidrocapital para obtener respuesta por fallas en el suministro de agua que padecen desde hace tiempo y, tras dos negativas previas a recibirlas, el 16 de septiembre pudieron entregarla y fueron atendidas por un departamento de la compañía.
Entre enero y el 28 de septiembre de este año se realizaron 78 peticiones de información, con 75 de ellas hechas por Espacio Público y las otras tres por las comunidades. La poca cantidad de peticiones de las comunidades se debió a la cuarentena por la pandemia de Covid-19, las dificultades para comunicarse entre sí y para trasladarse a las sedes de los organismos públicos.
Del total de peticiones, 43 fueron recibidas de manera presencial y seis en línea. 29 solicitudes fueron rechazadas por obstáculos burocráticos en los organismos y 49 de las 78 peticiones nunca obtuvieron respuesta. Solo la hecha con las comunidades de San Juan y El Paraíso fue respondida.
Consulta y descarga el informe aquí
