Jhony La Rosa, funcionario de la oficina de la gobernación del estado Sucre, intimidó a la periodista de Qué Pasa en Venezuela, Regina Freites, mientras grababa el reclamo que le hacía una ciudadana al gobernador del estado, Edwin Rojas, a escasos metros del Palacio Municipal, este miércoles 4 de agosto.
«El funcionario obligó a nuestra colega y agremiada del Colegio Nacional de Periodistas en Sucre, Regina Freites, a entregar su teléfono celular mientras grababa el reclamo que hacía una ciudadana al gobernador del estado Edwin Rojas, mientras se realizaba una mesa técnica de agua dada la precariedad del servicio del suministro de agua potable en el municipio Bermúdez», declaró Mónica Salazar, periodista de la región. 1.
Del mismo modo, Regina Freites, en entrevista a Espacio Público, explicó que al negarse a entregar su equipo telefónico, el funcionario de la gobernación llamó a dos miembros de seguridad para quitárselo: «Yo me negué a darles el teléfono e intentó quitármelo y procedió a llamar a los funcionarios de seguridad del gobernador, a quienes le dije que era periodista y estaba en mi pleno derecho al ejercicio, siendo defendida por los presentes y un colega, quienes se interpusieron para que los efectivos no accionaran», dijo. 1.
El reclamo de la ciudadana se debió a la grave situación del agua en la capital del municipio, en la que los vecinos aseguran que no es apta para el consumo humano, y al colapso de más de cuarenta colectores que mantienen a la población pidiendo se decrete la Emergencia Sanitaria.
La petición de eliminar el video y el reclamo de la población quedó grabado y fue publicado en las redes sociales del medio.
Intimidación a la orden del día:
Espacio Público registró en el mes de junio 16 casos, traducidos en 30 violaciones a la libertad de expresión. Entre las agresiones más frecuentes resaltaron: la intimidación, censura y amenazas.
Este mes, periodistas (52%), medios de comunicación (30%) y ciudadanía en general (8%) fueron las principales víctimas, mientras que los responsables de la mayoría de los casos fueron los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios públicos.
Al cierre del sexto mes del año se acumulan 116 casos correspondientes a 227 violaciones a la libertad de expresión en medio de una pandemia y con un espectro de medios de comunicación reducido.
La intimidación se repitió como patrón de actuación por parte de funcionarios y cuerpos de seguridad restringiendo la labor de los periodistas en la cobertura.
