Situación general del derecho a la libertad de expresión. Enero-agosto de 2019

Entre enero y agosto del 2019, se registraron 380 casos en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que se traduce en 845 violaciones al derecho. Dichas cifras indican un incremento en el número de casos del 53% y del 145% con respecto al número de violaciones registradas durante el mismo período del año 2018. 

El primer cuatrimestre del año acumula el 67% de los casos, por lo que se evidencia un importante descenso en la incidencia registrada durante el segundo cuatrimestre del año. Este indicador coincide con los niveles de cobertura informativa que demandó la movilización opositora del 23 de enero, convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó¹, así como el ingreso de la ayuda internacional al territorio venezolano en el mes de febrero², el colapso del sistema eléctrico nacional durante el mes de marzo³ y la jornada protesta ciudadana que se registró el 30 de abril en gran parte del país⁴.

El colapso del sistema eléctrico nacional ha tenido como consecuencia, un acelerado deterioro de la calidad de vida de los venezolanos a través de la interrupción constante del servicio en distintas regiones del país. La falta de inversión y mantenimiento del sector eléctrico dejó un saldo de al menos cinco apagones masivos en el territorio nacional durante los primeros ocho meses del año⁵. Situación que, además, ocasionó la caída de la telefonía móvil y del servicio de internet, propiciando un blackout informativo. Por añadidura, la inestabilidad del servició generó daños en la infraestructura de algunos medios de comunicación regionales, quienes denunciaron pérdida de equipos.

Hasta el mes de agosto, un total de 93 personas fueron detenidas por realizar denuncias u emitir opiniones mediante el uso de las redes sociales y medios de comunicación. De esta cifra, el 54% son periodistas, y en su mayoría fueron retenidos arbitrariamente durante algunas horas por los distintos cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado.

Algunos de los casos se reseñan a continuación:

• El 30 de abril, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a José Mercedes Muñoz, locutor y director de la emisora Oestereo 99.7 FM, en el estado Monagas, mientras transmitía su programa en vivo⁶. Desde la cuenta en Twitter de la Alcaldía del municipio Ezequiel Zamora anunciaron el «acompañamiento a la ocupación de la emisora» ubicada en Punta de Mata. «Esta emisora está inmersa en la desestabilización y el golpe de Estado de la derecha que reiteradamente ha llamado a la violencia, al terrorismo y al desconocimiento de la Constitución. La paz en Venezuela y en Zamora vencerá» se lee en un tweet realizado por la cuenta oficial de la Alcaldía del municipio⁷. Se pudo conocer que Muñoz ya no se encuentra detenido.
• El 12 de marzo, el periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz, fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de su salida de la sede de Unión Radio, en Caracas. Naky Soto, esposa de Luis Carlos, denunció a través de Twitter la desaparición, detallando que la llamaron de la emisora para informar que el periodista no había llegado al operativo especial que realizaría para informar sobre la situación relacionada con la crisis de energía eléctrica venezolana⁸. Más tarde, 16 funcionarios del Sebin se presentaron armados en su residencia, para hacer un allanamiento, en el que se llevaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops, 1 disco duro y dinero en efectivo, entre otros objetos personales. Soto informó que los efectivos llevaron esposado a Díaz para que estuviera presente durante el procedimiento y que estos mismos le informaron que sería trasladado a la sede del Sebin en El Helicoide. Díaz fue excarcelado a las 11:00 de la noche del mismo día. Se le acusó de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión, le impusieron prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, y régimen de presentación. Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó al periodista y a su núcleo familiar, una medida cautelar de protección mediante la cual insta al Estado venezolano a adoptar las medidas necesarias para garantizar que pueda desarrollar sus labores como periodista, sin el temor de que pueda ser víctima de intimidación o amenazas⁹.
• Karen Palacios, clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela denunció a través de su cuenta en Twitter que fue expulsada de la organización por haber firmado a favor del referendo presidencial que impulsó la oposición venezolana en e

  

  l año 2017. Luego de realizar la denuncia a través de la red social, la joven de 25 años de edad fue detenida el 1 de junio por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) por “instigar al odio en redes sociales”. Palacios fue excarcelada el 16 de julio, luego de que el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, asegurara que sería “puesta en libertad”¹⁰.

• El 11 de julio, el periodista Wilmer Quintana fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de que este denunciara a través de su cuenta en Facebook al gobernador del estado Guárico, José Manuel Vásquez, por irregularidades en la distribución de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y el servicio de gas doméstico. El 6 de agosto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que Quintana sufrió un infarto en la sede del CICPC de San Juan, donde permaneció recluido. Posteriormente, el 20 de agosto, le fue otorgada casa por cárcel por motivos de salud¹¹.

El 66% de los casos de intimidación estuvieron relacionados al impedimento de las coberturas a periodistas durante el desarrollo de protestas ciudadanas por derechos políticos y sociales. De igual forma, la labor de periodistas y reporteros se vio afectada por la prohibición de acceso a instituciones públicas, como la Asamblea Nacional¹².

La censura y las restricciones administrativas fueron principalmente impuestas desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) a páginas web o plataformas digitales. Un total de 86 violaciones fueron registradas en este sentido. En reiteradas oportunidades la empresa estatal implementó bloqueos de distintos tipos para evitar el ingreso de usuarios a determinados sitios y redes sociales como Youtube, SoundCluod, Twitter e Instagram. 

Varios medios de comunicación fueron bloqueados por órdenes del principal proveedor de servicio de internet del país; tal fue el caso de VivoPlay, VPITV, EVTV Miami y El Tiempo, de Colombia, quienes permanecieron censurados durante varios días, tras la labor informativa que desplegaron en la frontera colombo venezolana durante la última semana de febrero¹³.

Durante este periodo la actividad censora de Cantv incrementó significativamente, llegando incluso a bloquear servicios de VPN como TunnelBear y Windscribe¹⁴, los cuales son utilizados por los venezolanos para burlar las restricciones y poder acceder a contenido informativo. Según se pudo constatar, las medidas aplicadas a plataformas digitales se registraron, en la mayoría de los casos, en situaciones de tensión política, convocatorias a manifestaciones en contra de Nicolás Maduro o sesiones de la Asamblea Nacional.  Considerando la actual coyuntura política que vive el país, estas medidas dejan a la población venezolana sin alternativas para informarse.

Como parte de las restricciones registradas, fueron cerradas 18 emisoras de radio en todo el territorio nacional. Destaca el caso de Radio Caracas Radio¹⁵, la emisora más antigua del país, la cual se vio obligada a cesar operaciones el 30 de abril, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

Los principales afectados han sido periodistas y reporteros, quienes integran el 48% del total de víctimas. En la mayoría de los casos a través de prácticas intimidatorias, agresiones y hostigamiento verbal, lo cual impide el libre ejercicio de sus labores.

• Durante la cobertura de los hechos ocurridos en Cotiza en la madrugada y mañana del lunes 21 de enero, el periodista Luis Carlos Parada¹⁶ fue herido de perdigón en una pierna por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que se encontraban presentes en el lugar.

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  El periodista estadounidense, Cody Weddle¹⁷, fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) después de hacer un allanamiento en su residencia la mañana del 6 de marzo. Weddle fue liberado, después de pasar 12 horas detenido, posteriormente fue deportado a los Estados Unidos.

• El 1 de junio, el periodista del Diario Primicia, Edwin Rosal¹⁸, denunció que María Álvarez y Pedro Acuña, miembros del Frente Amplio del Estado Bolívar, lo hostigaron verbalmente mientras este le realizaba una entrevista al dirigente político de Voluntad Popular, Yon Goicochea. Tras el incidente, Rosal tuvo que concluir su labor.

Distintos medios de comunicación han visto limitado su rol informativo debido, no solo a los cierres de medios y bloqueos en línea, sino también al hurto de equipos técnicos en los estados Trujillo¹⁹, Zulia²⁰, Mérida²¹, Lara²² y Anzoátegui²³, entre los cuales suman un total de 12 medios de comunicación. Situación que en el contexto actual acentúa las dificultades que tienen los ciudadanos venezolanos para acceder a información oportuna y veraz en las distintas regiones del país. 

Unos 30 trabajadores públicos fueron víctimas de acoso, amenazas o persecución por participar en manifestaciones públicas, denunciar casos de corrupción en instituciones del Estado o por negarse a suscribir documentos favorables al partido de gobierno. Tal fue el caso de Geovany Zambrano Rodríguez²⁴, trabajador jubilado de la estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), quien fue detenido el 14 de marzo por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de San Félix, en el estado Bolívar. Días antes de su detención, Zambrano había denunciado públicamente la crisis del sistema eléctrico venezolano. 

Entre los principales victimarios se encuentran los cuerpos de seguridad, quienes han sido los responsables de 131 de los casos. En tal sentido, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acumulan la mayor cantidad de violaciones.

Casi en la misma proporción que los cuerpos de seguridad, figuran las Instituciones del Estado con 126 registros. La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), son las entidades responsables de la gran mayoría de esos casos.

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional. 

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.