agosto 2012

El día 29 de agosto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó la decisión de abrir una averiguación administrativa sobre la última campaña del partido político Voluntad Popular, “la seguridad es el camino”, acompañada por una medida cautelar que evita su transmisión, luego de una denuncia realizada por el “Comando de Campaña Carabobo” (CCC) realizada el mismo día por “promover el miedo con contenidos de violencia”.

El día 28 de agosto de 2012, en el noticiero de Venezolana de Televisión se hizo eco a una noticia en la cual se presume de un ataque con arma de fuego por parte de un equipo reporteril de Globovisión a un campesino en el estado Aragua, debido a la negación de información de este último, resultando en un disparo en el cuello, que “acorde con testigos, iba dirigido a la cabeza”, llega a afirmar una nota en el portal LaIguana.tv.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) publicó su Informe Especial sobre la transformación del panorama mediático en Venezuela durante más de una década de mandato del presidente Hugo Chávez, proceso que se desarrolló con la implementación de “leyes, amenazas y medidas regulatorias para debilitar, de manera gradual, a la prensa independiente” ahogando la “posibilidad de debatir temas importantes” para la sociedad venezolana.

El comunicador social Juan Eduardo Peraza denuncia en su cuenta en la red social Twitter @JuanchoPeraza  el corte “sospechoso” de los cables de energía eléctrica que surten a las emisoras J98.5 fm y Festiva 101 FM. El único organismo autorizado para el restablecimiento del suministro es Corpoelec, pero pese a constantes solicitudes, no se han acercado a arreglar las fallas.

El día 10 de agosto, un equipo reporteril del canal Venevisión conformado por el periodista Javier Faría, el camarógrafo Johann Pablo Rojas y el asistente Luis Labrador fue agredido por obreros identificados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras cubrían una protesta de estudiantes en la autopista Tariba – San Cristóbal, en el estado Táchira.

La nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras [1] (LOTTT) contiene elementos relativos al derecho a la libertad de expresión e información. Esta ley incluye aspectos relativos a la democracia participativa y protagónica en el contexto laboral, información que manejan los sindicatos, obligaciones en cuanto a acceso a la información pública para distintos entes de los poderes públicos, información de las Inspectorías del Trabajo, y la información que manejan los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo.