El periodista, Wilmer Quintana, recibió este martes 19, una medida de arresto domiciliario, luego de permanecer detenido 37 días por denunciar en redes sociales casos de corrupción en la distribución de gas domestico y las bolsas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en San Juan de los Morros, estado Guárico.
La medida fue otorgada por el Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control # 03, a propósito del estado de salud de Quintana quién sufrió un infarto durante sus días de detención en el Comando del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Juan de Los Morros, estado Guárico siendo trasladado inmediatamente al Hospital Israel Ranuárez Balzam.
Quintana fue detenido por las denuncias realizadas en contra del gobernador del estado, José Manuel Vasquez Aranguren y el presidente de la empresa Alimentos Guárico (Alguarisa) Emilio Avila. Está siendo investigado por presunta“promoción o incitación al odio” delitos fundamentados en la inconstitucional «ley» contra el Odio. El periodista tiene prohibición de declarar a los medios pues está en la espera de la celebración de su audiencia preliminar.
El derecho penal no puede regular los debates sobre funcionarios públicos
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el uso del derecho penal por funcionarios públicos como una herramienta de criminalización de la crítica es una práctica abiertamente contraria a los principios y estándares en materia de libertad de expresión, en particular, cuando la criminalización es producto de la manipulación del poder punitivo, judicial o coercitivo del Estado para controlar, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
De acuerdo a los patrones descritos, Venezuela es uno de los casos en los que persiste la existencia de normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión.
La reforma del Código Penal en 2005 mantuvo y aumentó los años de prisión por los delitos de difamación e injuria contra funcionarios públicos, a fin de protegerlos de la crítica mediante la condena del libre discurso y la contraloría social. Esto facilita el manejo discrecional y arbitrario de los recursos públicos, dando paso a la corrupción e impunidad. Tal como lo plantea la RELE, sancionar el discurso sobre funcionarios o asuntos de interés público, así como de otras figuras penales que permiten la imposición de medidas desproporcionadas, tienen un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática.
