Febrero: Sin espacios para disentir

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Durante el mes de febrero se mantuvo el patrón de hostigamiento y amedrentamiento al discurso crítico de periodistas, medios de comunicación, dirigentes, trabajadores y ciudadanía en general, principalmente perpetrado por funcionarios del Estado o afines al gobierno.

En el segundo mes del año documentamos 16 casos y 28 violaciones a la libertad de expresión, entre las que predominaron la amenaza, la censura, el hostigamiento verbal y la intimidación. La mayoría de los casos (56 %) ocurrieron en internet, de los pocos espacios con los que aún cuenta la población para expresarse y opinar libremente.

Al menos 14 periodistas o reporteros y dos medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a su derecho a informar y en cinco oportunidades la víctima fue la ciudadanía en general. El Estado, por su parte, fue responsable de 19 violaciones: 10 funcionarios, dos instituciones del Estado y dos cuerpos de seguridad. 

Ataques a periodistas

El 1° de febrero, el periodista y director del medio digital Alberto News, Alberto Rodríguez Palencia, fue hostigado verbalmente por Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su programa televisivo luego de que el medio replicara una de sus declaraciones.

El hecho ocurrió apenas 45 minutos después de que Alberto News reseñara lo dicho por Cabello al aire. El líder oficialista acusó a Rodríguez de “palangrista” y dijo que el canal en el que transmite, la estatal Venezolana de Televisión, “es solo para chavistas”.

Una persona identificada con vestimenta de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) intimidó a Ricardo Tarazona, periodista y reportero de Qué Pasa en Venezuela el 6 de febrero en el sector Campo Nuevo del municipio Sucre del estado Yaracuy, mientras hacía un trabajo informativo sobre una explosión en la zona. 

Tarazona logró llegar a una zona con vista a la explosión, para hacer tomas de apoyo,  gracias a lugareños que lo guiaron y lo llevaron, pues funcionarios policiales no le permitieron entrar al lugar del suceso. Cuando terminó de grabar, una persona se bajó de un vehículo con la identificación de PDVSA, le preguntó quién lo había autorizado a grabar y le pidió sus credenciales. 

Momento en el que funcionarios abordan al periodista Ricardo Tarazona. Foto: Captura de video

Personal de seguridad del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar intimidó a los periodistas Jefferson Civira, de El Periódico de Monagas y corresponsal La Patilla, y José Ignacio Piñango, corresponsal de Radio Fe y Alegría Noticias, y les impidió el acceso al recinto a hacer una cobertura periodística el 15 de febrero. 

El hecho ocurrió en Maturín, estado Monagas (este), luego de que ambos reporteros cubrieran una pauta en la Unidad de Infectología que queda afuera del centro de salud y decidieran buscar información de otras especialidades y recoger denuncias de pacientes y familiares. Un vigilante les indicó, al principio, que no podían ingresar y luego les dijo que para pasar debían hacerlo “custodiados” por funcionarios de la Milicia. Los periodistas se negaron.

Ese día también fueron intimidadas, por funcionarios de la Policía del estado Trujillo, las periodistas Mayra Linares, de VPITV, y Yuliana Palmar, de Diario Los Andes, al impedirles la cobertura periodística y grabación de un ataque con granada a una vivienda en el municipio Motatán de la entidad. 

Linares cuenta que, cuando estaba por terminar de grabar, un funcionario se lo impidió y mandó a poner un perímetro en la zona. Les dijo que no podían estar allí por razones de seguridad, aunque dentro de las viviendas cercanas aún había personas observando lo que ocurría. 

El 27 de febrero, la periodista de investigación Ronna Rísquez denunció que varios de sus familiares recibieron amenazas luego de que hablara, en Colombia, sobre el libro que escribió acerca de la banda criminal “Tren de Aragua” y que sus comentarios fueran divulgados en redes sociales. 

Adicional a sus declaraciones, varios venezolanos publicaron reseñas sobre el lanzamiento del libro. A finales de enero, días después, sus familiares recibieron amenazas por mensajería privada de Instagram, por lo que Rísquez interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

El 28 de febrero la alcaldesa del municipio Piar del estado Bolívar, Yulisbeth García, amenazó a seis periodistas por cubrir y difundir denuncias de familiares de pacientes que fallecieron en el hospital Dr. Gervasio Vera Custodio y exigen que se abra una investigación en contra de su exdirector, acusado presuntamente de ejercer la medicina de forma ilegal. 

Entre las y los periodistas que hicieron cobertura a la protesta de familiares se encontraban Andrea Calma, de Televen; Indira Zamora, de Nueva Prensa de Guayana; David Pache, de Upata Digital; Carlos Monsalve, de Venezuela Informativa, entre otros. Carlos Suniaga, de El Pitazo, y Pableysa Ostos, de La Patilla, cubrieron el caso a distancia. La alcaldesa García acusó a la prensa de ejercer “terrorismo mediático” por dar a conocer los problemas del municipio. 

En Valera, estado Trujillo (suroeste), la directora del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) ubicado en el terminal de pasajeros prohibió el 28 de febrero que el equipo de El Bus TV pegara un papelógrafo con noticias porque había divulgado “información incómoda” anteriormente.

Génesis Chinchilla, reportera de El Bus TV, narró que el CDI del terminal de pasajeros es un lugar habitual de pega de papelógrafos desde hace dos años. El día del incidente, uno de los trabajadores le comentó que, semanas atrás, la directora del recinto le había llamado la atención al personal por permitir pegar esa información, motivo por el que no podrían hacerlo en esta ocasión.

Papelógrafo del CDI de Valera. Foto: Cortesía

Crítica silenciada

Desde el 6 de febrero, la Compañía Nacional de Cal (Conacal), una filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), le impidió el acceso a la planta al trabajador Nolberto Camacho luego de que publicara en su perfil de Twitter denuncias de un presunto caso de desfalco. 

Previamente, el 4 de febrero, Camacho, al interactuar con otro usuario de Twitter, pidió que se investigara a Conacal y mencionó que, presuntamente, personas de alto poder están detrás de hechos de corrupción y desfalco en la empresa básica del Estado. Ese mismo día, compañeros del trabajador le informaron que dos sujetos armados, presuntamente miembros del CICPC, llegaron a la empresa a buscarlo y les preguntaron dónde vivía Camacho. 

Nolberto Camacho explicó que por su labor sindical en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) ha sido amedrentado, recibe menor pago y le imponen supervisores menos calificados.

Autoridades de la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada (UNEFA) le anularon el título al enfermero Jonathan De Jesús por negarse a aceptar una sanción y realizar un “curso de nivelación” como amonestación ante la publicación de un video de humor que se hizo viral en redes sociales.

UNEFA
TSU en Enfermería, Jonathan De Jesús. Foto: captura de video

El video fue grabado con tono de humor y publicado poco después de su acto de graduación, en noviembre de 2022, y muestra a De Jesús y otros graduandos haciendo sátira sobre los conocimientos que adquirieron en sus años de carrera. El enfermero cuenta que los acusaron de “haber manchado el nombre de la universidad” y fueron intimidados por autoridades universitarias. 

El 23 de febrero, el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020, José Brito, hostigó verbalmente en Twitter al ciudadano y politólogo Carlos Rodríguez porque expresó su opinión sobre la posición personal del parlamentario respecto a la elección primaria de la oposición.

Brito le escribió por la mensajería directa de Twitter con tono hostil, insultos y lenguaje obsceno, acto que se sumó a otros tantos en los que el parlamentario ha atacado, hostigado y/o insultado a periodistas, ciudadanos, medios de comunicación y otros dirigentes por criticarlo. 

Desde el 28 de febrero el portal del medio Aporrea se encuentra bloqueado por DNS, según señaló en su cuenta de Twitter el cofundador del sitio y dirigente del movimiento político Marea Socialista, Gonzalo Gómez, quien señaló el acto como censura del Estado contra “la comunicación popular y alternativa no domesticada”. 

El bloqueo del sitio web se suma a otros aplicados por proveedores de internet de Venezuela, por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para evitar que puedan acceder a contenido independiente y crítico con el gobierno. Otros medios que permanecen bloqueados con esa técnica son Crónica Uno, Efecto Cocuyo y EVTV Miami.

Sin lugar para la protesta

Tras una serie de protestas pacíficas en el municipio Turén del estado Portuguesa, en las que los manifestantes estuvieron exigiendo justicia a las autoridades por un caso de abuso sexual entre dos menores de edad, el alcalde oficialista Onofrio Carvallo acusó a la población de “generar odio o violencia” en redes sociales.

Carvallo, militante del PSUV, aseguró que en las redes sociales “se están prestando” para echarle la culpa a él por el caso de abuso sexual en contra de una niña de tres años, presuntamente perpetrado por un joven de 13 años y familiar de una exconcejal del partido oficialista.

La Unión Nacional de Caficultores denunció el 24 de febrero, mediante un comunicado, que seis de sus dirigentes están detenidos en calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Lara, en Barquisimeto (noroeste), por protestar y exigir mejores precios para sus cultivos. 

Las y los detenidos son productores agrícolas de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco de Lara, y fueron identificados como Mary Andreina Colmenárez, Rita Virginia Pérez, Eduardo Rodríguez, Alexandra Carolina Rojas Hernández, Antonio José Pineda y Melvin Antonio García González. Les imputaron presuntos delitos de cierre de vías y asociación para delinquir con “el propósito de criminalizar una protesta campesina e infundir el miedo”, dijo la Unión Nacional de Caficultores.

caficultores

Internet

En el mes de febrero continuaron las fallas eléctricas en el país y problemas específicos con las operadoras locales que limitaron el acceso a internet por parte de la población:

  • El 2 de febrero, la empresa estatal de telefonía móvil, Movilnet, informó que sus servicios de voz y datos debido a cortes de fibra óptica, atribuida a presunto vandalismo. La falla duró más de ocho horas. 
  • El 5 de febrero, usuarios reportaron fallas del servicio eléctrico en varios estados y regiones del país, como Zulia, Mérida, Aragua, Carabobo, Altos Mirandinos y Distrito Capital.
  • El 8 de febrero, el Observatorio de Internet VE Sin Filtro reportó una caída de conectividad en la zona occidental del país, con mayor impacto en los estados Táchira y Mérida. 
  • Usuarios reportaron que una fluctuación eléctrico afectó la conectividad a internet en varias zonas del estado Zulia (oeste), principalmente a su ciudad capital, Maracaibo, el 23 de febrero.
  • La empresa estatal CANTV informó que los servicios de telefonía fija, móvil e internet en las regiones Oriente (este) y Guayana (sur) fueron afectados por un corte de fibra óptica el 28 de febrero. 

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