CVG Conacal impide acceso a trabajador que hizo denuncias de corrupción

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Una filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) impidió el acceso a la planta a Nolberto Camacho a partir del 6 de febrero. Dos días antes el dirigente sindical denunció en su perfil en Twitter un presunto caso de desfalco en la filial Compañía Nacional de Cal (Conacal), además de negarse a asistir a las instalaciones de trabajo un sábado.

El sábado 4 de febrero, en su cuenta personal de Twitter, Camacho interactuó con otro usuario y pidió que se investigara a Conacal, en el estado Anzoátegui, al oriente del país. Mencionó que gente de alto poder, presuntamente, está detrás de hechos de corrupción y desfalco en la empresa básica del Estado.1

El mismo sábado, dos personas que fueron a la empresa lo llamaron a su casa y le informaron que debía ir a la planta de Conacal, para retirar una bolsa de mercado, pero no acudió. Compañeros de trabajo de Camacho le informaron que dos sujetos, presuntamente miembros armados del CICPC, llegaron a la empresa buscándolo y les preguntaron dónde vivía Camacho.2

Al día siguiente, le informaron en un oficio que se le prohibía la entrada a la empresa a partir del lunes, con la excusa de que no se presentó a la reunión del 4 de febrero “y se precisa resolver situación laboral”. Camacho aseguró que cuando lo llamaron para que fuera a la sede de Conacal no dijeron que era para una reunión.3

El trabajador explicó que es dirigente sindical de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores (CBST) “y de allí viene todo ese atropello”. Aseguró que ha sido amedrentado, recibe menor pago y le imponen supervisores menos calificados a raíz de su actividad sindical. 4

Camacho señala que hizo la denuncia de corrupción, en parte, porque desde el mismo gobierno de Nicolás Maduro se ha llamado en varias oportunidades a denunciar lo que ocurra en las empresas del Estado.5

Las represalias tomadas en contra del trabajador de Conacal representan violaciones a su derecho a la libertad de expresión, contravienen la Constitución y las leyes laborales. El Estado debe garantizar que ninguna persona sea criminalizada por criticar públicamente la gestión de ningún ente, instituto, organismo o gobierno. 

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