El alcalde oficialista del municipio Turén del estado Portuguesa, Onofrio Carvallo, acusó a la ciudadanía en general de generar “odio o violencia” en redes sociales por comentarios sobre un caso de abuso sexual infantil que ha provocado protestas en la localidad.
En los últimos días, habitantes de Turén han protestado pacíficamente exigiendo justicia a las autoridades, entre ellas a la Alcaldía y el Ministerio Público, por el caso de abuso sexual entre dos menores de edad. Las exigencias también se han visto en redes sociales como Instagram y Twitter.1
“No pueden echarme la culpa a mí por una cuestión con la que quieren llevar odio o violencia hacia una persona. Las redes están jugando a eso”, exclamó el alcalde Carvallo a unos manifestantes.
Carvallo, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que en las redes sociales “se están prestando” para echarle la culpa a él por el caso de abuso sexual en contra de una niña de tres años, presuntamente perpetrado por un joven de 13 años y familiar de una exconcejal del PSUV .
La crítica pública al accionar o falta del mismo por parte de funcionarios públicos forma parte del derecho de la ciudadanía a expresarse libremente, criminalizar un discurso crítico es una violación a ese derecho.
La calificación de discursos de odio debe hacerse por especialistas que evalúan previamente el contexto político y social en el que se llevó a cabo el discurso, incluyendo la intención de de dañar a una persona o minoría, cuál es el sentido de las palabras que pronunció o escribió el expositor, si hay posibilidades reales de que ocurra un daño, entre otras características.
Referencias
