La Unión Nacional de Caficultores denunció que seis de sus dirigentes están detenidos en los calabozos de la Comandancia General de la Policía en Barquisimeto, estado Lara (noroeste), por protestar y exigir mejores precios para sus cultivos.
El gremio de caficultores explicó en un comunicado que el 1° de noviembre de 2022 los productores, de varias zonas de la entidad, organizaron una protesta con el objetivo de exhortar al Ministerio de Agricultura a atender sus demandas.1
El medio regional La Prensa de Lara informó que los detenidos son productores y productoras agrícolas de Sanare, municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara. Las víctimas fueron identificadas como Mary Andreina Colmenárez, Rita Virginia Pérez, Eduardo Rodríguez, Alexandra Carolina Rojas Hernández, Antonio José Pineda y Melvin Antonio García González.2
“Aquella protesta de los caficultores es la expresión de 35 años de abandono generalizado de las responsabilidades de un Estado que se hace “la vista gorda” con las importaciones fraudulentas de café, de la presencia de oligopoliso industriales que maximizan la ganancia, de funcionarios públicos incapaces que por la vía de la omisión favorecen al poderoso dentro de la agro cadena del café”
Unión Nacional de Caficultores3
Aseguran que a los dirigentes presos se les imputaron presuntos delitos de “cierre de vías” y “asociación para delinquir”, que “sirven al propósito de criminalizar una protesta campesina e infundir el miedo”.4
De acuerdo con el boletín policial citado por La Prensa de Lara, las personas detenidas tenían orden de aprehensión a nivel nacional desde el 21 de diciembre de 2022, emitida por el Tribunal de Control N° 3 de la Circunscripción Judicial de Lara.5
El medio regional reseñó que, previamente, un grupo de caficultores se concentraron afuera de la Fiscalía Superior de la entidad para denunciar la persecución por parte de las autoridades contra los y las campesinas.6
El gremio señaló que están siendo objeto de persecución estatal, exigieron la liberación de sus seis dirigentes y que se revise cada caso por una comisión nacional y un proceso “justo no politizado”.7
La libertad de la expresión y la protesta pacífica son derechos consagrados en la Constitución venezolana y su ejercicio, bajo ningún concepto, no debe ser motivo de persecución o detención. El Estado debe garantizar la integridad de las personas detenidas y el respeto al debido proceso.
Referencias
