Personal del hospital universitario de Maturín impidió acceso a dos periodistas

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Un vigilante del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, en Maturín, estado Monagas (al oriente del país), intimidó a los periodistas Jefferson Civira y José Ignacio Piñango al impedirles que ingresaran al centro de salud pública para hacer una cobertura periodística. 

Civira, periodista de El Periódico de Monagas y corresponsal de La Patilla, explicó que el hecho ocurrió en la mañana del 15 de febrero, luego de que ambos reporteros cubrieron una pauta en la Unidad de Infectología, afuera del centro de salud. Los periodistas querían buscar información de otras especialidades y recoger denuncias de pacientes y familiares.1

“Cuando íbamos a pasar a buscar informaciones, el vigilante que estaba allí, primero le preguntó a los milicianos si podíamos pasar (…) y me dijo que no podíamos pasar porque los periodistas no teníamos permitida la entrada”, detalló Piñango, corresponsal en la entidad del medio Radio Fe y Alegría Noticias.2

Posteriormente el vigilante puso una cuerda en la entrada para que los periodistas no pudieran ingresar y les dijo que para pasar debían hacerlo “custodiados” por dos funcionarios de la Milicia.3 “Nos negamos porque no somos delincuentes para ingresar de esa forma, custodiados; preferimos no aceptar esa condición con la que nos permitirían entrar al hospital”, dijo Civira.4

Piñango, a su vez, dijo que no pudieron entrar por ninguna de las puertas del hospital universitario de Maturín. “En todas nos negaron el acceso, luego el señor se alteró y nos sacó de la entrada del hospital”, detalló. Añadió que en ningún momento, les indicaron de dónde provenía la orden de no dejar entrar periodistas.5

Las limitaciones al trabajo de periodistas y medios de comunicación en lugares de interés público violan el derecho de la ciudadanía a recibir información imparcial, libre y plural. 

Ningún funcionario del Estado, o que trabaje para determinada institución pública, debe impedir el libre acceso de la prensa, pues su trabajo está protegido por la Constitución venezolana y los pactos internacionales suscritos por la nación. 

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