En febrero la sociedad venezolana fue testigo de persecución, hostigamiento e intimidación llevada a cabo por un Estado que utiliza el acoso como arma para silenciar la disidencia; cierre de medios, discriminación laboral, detenciones arbitrarias a ciudadanos y periodistas, amenazas y citaciones a sacerdotes son algunas de las acciones que castigan la expresión en Venezuela.
En aras de castigar la expresión y al margen de lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (Copp) que establece la prohibición de privar de libertad a personas mayores de 70 años, el pasado viernes 02 de febrero en horas de la madrugada funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) irrumpieron en la casa del abogado de 84 años Enrique Aristiguieta Gramko, sin una orden judicial que justificara la detención, fue presentado ante tribunales civiles por convocar una huelga general en enero de 1958 y dejado en libertad posteriormente al no demostrarse culpabilidad en los cargos. Días antes de la detención Diosdado Cabello denunció en su programa que un “peligroso” grupo de opositores se reunían en el Country Club de Valencia, entre ese grupo se encontraba el abogado.
Detenido por cuestionar la eficiencia de Corpoelec
Una política de Estado enmarcada en la retaliación contra los empleados públicos limitándoles la expresión e imponiendo un solo modo de pensar se evidenció en la detención de Elio Palacios, quien es empleado y secretario general del sindicato único de la clase trabajadora de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue aprehendido el 14 de febrero por denunciar que en los próximos días el sistema eléctrico venezolano sufriría un colapso, el hecho fue considerado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) como “divulgación de información falsa para causar pánico y zozobra”.
Control de redes sociales a empleados públicos
Así como Corpoelec castiga la expresión de sus trabajadores, Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de una comunicación firmada por su consultor jurídico Alexis Chacón, impuso restricciones a su personal sobre el uso de las redes sociales.
El comunicado fue divulgado el 20 de febrero y en su contenido prohíbe a los empleados “seguir” a cuentas no oficiales en las redes, explicando que de no seguir este “lineamiento” serán objeto de “sanciones disciplinarias o despido” puesto que el incumplimiento de esta medida “atenta gravemente contra la seguridad y la estabilidad operacional de la empresa”.
Acciones como estas vulneran no solo la estabilidad de los empleos sino el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta como mecanismo fundamental para expresar la incomodidad que los trabajadores puedan tener en el ejercicio de sus funciones. La Constitución, así como la legislación venezolana en materia laboral es explícita en la prohibición de cualquier tipo de discriminación que anule las condiciones de igualdad en el disfrute pleno de los derechos y la libertad.
Arremetida contra la iglesia católica
El Estado venezolano pretende forzar a la sociedad a sostener un mismo discurso, pero se ha encontrado con algunos sectores que se resisten, ante la tenacidad de éstos responde con hostigamiento en distintas formas, luego de que Nicolás Maduro instara a la Fiscalía a investigar a monseñor Víctor Hugo Basabe por presuntos “delitos de odio” que se habrían llevado a cabo durante la homilía homenaje a la Divina Pastora en Barquisimeto, la iglesia católica se convirtió en blanco de distintos ataques. 
Producto de la orden el obispo auxiliar de Caracas, Tulio Luis Ramírez y el párroco de la Iglesia Nuestra Señora de La Candelaria, Miguel Acevedo fueron citados ante el Ministerio de Interior y Justicia siendo acusados de “instigar al odio” durante las homilías que ofrecieran el pasado 02 de febrero.
Según el portal Aleteia los sacerdotes asistieron al interrogatorio sin contratiempos “el obispo y su sacerdote fueron tratados bien. Solo querían amedrentarlos y conocer las motivaciones de la homilía, pero el asedio y las agresiones a varias chicas servidoras de esta parroquia, no se dejaron esperar” informó su fuente 1.
De la misma forma el fray Santiago Domínguez fue denunciado ante el Ministerio público por María Antonieta Albarrán, Presidenta de Somos uno contra el Odio y el Fascismo (SUCOF) y Secretaria del Poder Popular para el Desarrollo Social del estado Zulia, por “instigar” a la feligresía de la Parroquia la Consolación “a atacar a un grupo de personas por tener una posición política a favor del Gobierno del presidente Nicolás Maduro” 2.
El uso de la “ley contra el odio” que no es una “ley” ni es “contra el odio” como instrumento que pretende ejercer el monopolio de la ética al imponer una concepción sobre la “paz”, “diversidad” y “tolerancia” con la represión general de los derechos políticos, con unas disposiciones que no resultan claras, lo cual deja una cláusula abierta para aplicar medidas discrecionales con el doble propósito de censurar opiniones que resulten incómodas y ocasionar la autocensura por parte de actores civiles por miedo a ser objeto de las sanciones desproporcionadas, tal como se evidencia en casos como los de la Iglesia.
Espacios forzosamente cerrados
Con la aplicación de medidas restrictivas que limitan el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión son muchos los espacios que se van perdiendo, un diario con más de 114 años de trayectoria dejó de acompañar las calles del estado Lara. El pasado 10 de febrero, el editor de El Impulso Carlos Eduardo Carmona, anunció la suspensión indefinida de su versión impresa.
“El gobierno empujó la salida de circulación de El Impulso; solo dejan vivir a los medios que les conviene y cada día nos cerca más” expresó Carmona3.
Víctima de esta misma política, el pasado 15 de febrero el Informador también de Lara anunció que como medida para afrontar la crisis por falta de planchas y papel no saldrán los viernes y sábado.
El caso del Impulso es emblemático por lo que representa y porque no es la primera vez que este impreso presenta problemas con el suministro de papel, desde 2013 se vienen denunciando una serie de irregularidades con la asignación de materia prima para poder imprimir el diario, pero el manejo discrecional de la materia prima por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro ha mantenido en riesgo su permanencia todo este tiempo lo que causó el cese temporal en 3 oportunidades.
Hostigamiento a la prensa libre
Las constantes amenazas a la prensa libre no se limitan al cierre forzado de medios, el ataque a periodistas no fue una excepción este mes, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, editores del portal web de periodismo de investigación Armando Info y su redactor Roberto Deniz fueron demandados por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada en detrimento del empresario colombiano Alex Saab luego de que fuera publicada una investigación sobre sus vínculos con el negocios detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Los periodistas venezolanos a diario enfrentan a los organismos de seguridad ciudadana que suelen impedir la cobertura de hechos de interés público, la tarde del sábado 17 funcionarios de la Guardia Nacional (GN) impidieron la cobertura periodística del equipo reporteril de El Pitazo, Diario Versión Final y Televen mientras éstos se encontraban realizando trabajos sobre la situación que se vive en la frontera, específicamente en Paraguachón localidad que pertenece a la Guajira Colombiana.
A través de la red social Twitter, el periodista corresponsal del Pitazo TV Algimiro Montiel informó que efectivos de la GN les negaron la posibilidad de trabajar alegando que estaba prohibido grabar en la frontera.
La libertad de expresión e información constituye un derecho humano fundamental cuya esencia en sí es garantizar el libre intercambio de ideas y opiniones en una sociedad democrática y plural. Seguiremos denunciando que las prácticas que limiten o restrinjan este derecho van en detrimento de la democracia, por el contrario, son prácticas propias de regímenes totalitarios.
El deber del Estado es garantizar tu derecho a expresarte y acceder a la información con libertad, silenciarte o censurar a sus proveedores constituye una grave violación a este derecho, el gobierno venezolano parece no entenderlo; silenciarte NO es su deber.
Referencias
