El lunes 16 de febrero María Antonieta Albarrán, Presidenta de Somos uno contra el Odio y el Fascismo (SUCOF) y Secretaria del Poder Popular para el Desarrollo Social del estado Zulia, acudió al Ministerio Público para denunciar a fray Santiago Domínguez por “instigar” a la feligresía de la Parroquia la Consolación “a atacar a un grupo de personas por tener una posición política a favor del Gobierno del presidente Nicolás Maduro” 1.
Albarrán asistió a misa en el templo ubicado en la Avenida Bella Vista de Maracaibo el domingo 11 de febrero por un motivo personal, y al escuchar la homilía 2 ella y un grupo de personas se sintieron ofendidos por lo que había expresado el religioso quien “al hablar de Jesús y los leprosos, había hecho una comparación entre éstos y los venezolanos en el extranjero y la frontera, los cuáles eran considerados tal por el hecho de haber salido de Venezuela” 3.
Un testigo presencial que prefirió no revelar su identidad 4, relató que el comentario de Domínguez comenzó con una analogía entre lo que la patología física significaba para entonces y lo que podría significar hoy en día: “una enfermedad social”, señalando que los políticos tendrían responsabilidad en ella. También relató que ante la retirada de Albarrán y otras personas, lo que significó una interrupción del servicio religioso, la asamblea comenzó a gritar “fuera” espontáneamente.
Este caso genera cuestionamientos frente a la aplicación de la “ley”, pero deja en evidencia su finalidad, la censura: ¿por qué hay una persona que prefiere no revelar su identidad al explicar lo que entendió de un sermón?, ¿cómo se resuelve este tipo de situaciones en lo que incomodó a un grupo de personas, no incomoda a otro?, ¿señalar las causas de una problemática, es promover el odio?, ¿afirmar que los políticos tienen responsabilidad en la ocurrencia de una situación determinada no es parte del derecho que como ciudadanos tenemos a cuestionar al poder?, ¿por qué la crítica individual y colectiva se pretende limitar?
La “ley contra el odio” no es una “ley” ni es “contra el odio”. Es una propuesta que pretende ejercer el monopolio de la ética al imponer una concepción sobre la “paz”, “diversidad” y “tolerancia” con la represión general de los derechos políticos que además fue “aprobada” por ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Las disposiciones no resultan claras, lo cual deja una cláusula abierta para aplicar medidas discrecionales con el doble propósito de censurar opiniones que resulten incómodas y ocasionar la autocensura por parte de actores civiles por miedo a ser objeto de las sanciones desproporcionadas, tal como se puede constatar en este caso.
Los Agustinos Recoletos, comunidad religiosa encargada de esta Parroquia, no se han pronunciado ante las acusaciones. Tampoco tenemos detalles sobre el curso del proceso.
Referencias
