Entre enero y septiembre de 2019 Espacio Público registró un incremento de 47% en la violencia contra trabajadores de la prensa en relación con los datos registrados en todo el año 2018. A tres meses de cerrar el año estas cifras muestran una realidad que evidencia el desinterés del gobierno en atender una situación que afecta a periodistas y a la población en general en su posibilidad de informarse libremente.
Este 2 de noviembre se conmemora mundialmente, desde el 2013, el día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas y en Venezuela no hay nada que celebrar. La violencia aumenta cada año y el Estado no se avoca a investigar ni sancionar a las y los responsables de atentar contra quienes trabajan en los medios de comunicación.
Las cifras de intimidación, agresiones, amenazas, ataques y muertes en el ejercicio de la labor informativa han tenido altibajos desde el 2002, con un pico que destaca el 2017 en un año de particular actividad de protestas en contra del gobierno. Ningún registro anual está por debajo de las 70 violaciones a la libertad de expresión y en total, hasta septiembre de 2019, suman 3.539. En promedio el Estado ha limitado violentamente el derecho a buscar, recibir y difundir información un día sí y un día no (0,57% diario) durante los últimos 17 años.
Desde el 2002 y sobretodo durante la última década la crisis política y social se ha profundizado, degenerando en una emergencia humanitaria compleja que afecta a la población, pero los periodistas y reporteros no pueden reflejar libremente estos hechos porque son amenazados, golpeados, atacados, e incluso asesinados mientras hacen su trabajo sin que el Estado busque evitar que esto suceda y sin investigar, sancionar ni reparar los casos de violencia contra trabajadores de los medios.
El uso de la violencia contra periodistas es común durante la cobertura de protestas, de reclamos en empresas públicas, y este año particularmente ante la coyuntura política a partir del nombramiento del diputado Juan Guaidó como Presidente Encargado en enero y las sucesivas protestas durante el primer cuatrimestre de 2019.
Es frecuente que altos funcionarios del gobierno mantengan un discurso que desmerita el papel de los medios y les ataca constantemente. Esta práctica se convierte en política de Estado cuando las violaciones van más allá del acto ejercido por funcionarios o grupos de irregulares armados afectos al gobierno.
Esta violencia discursiva ampara la violencia de efectivos de seguridad o militares que actúan en contra del trabajo periodístico, repitiendo en la práctica los señalamientos de “delincuentes” o “conspiradores” hacia los periodistas, siguiendo el formato de la teoría del enemigo interno.
Durante el año 2019 se han recrudecido los mecanismos para silenciar a los medios evitando que se difundan informaciones que desmientan o contraríen la versión oficial de la situación del país. Como parte del proceso la violencia contra periodistas en la calle es el inicio de esa censura, evitando que capten imágenes, testimonios, o que graben videos que luego puedan ser divulgados.
En su gran mayoría, las investigaciones de casos de violaciones y abusos de poder (con agresores plenamente identificados) no son completadas. El sistema de justicia se muestra incompetente para procurarla, pasando por alto que no solo vulneran la libertad de pensamiento y opinión de periodistas e infociudadanos, sino que afectan de manera colectiva el derecho que tiene toda la sociedad de dar y recibir información.
En los casos de violencia registrados en el 2019 la intimidación aumentó 9% en relación con todo el año 2018, sumando 1650 violaciones de este tipo al derecho a la libertad de expresión: funcionarios limitan o niegan el acceso de los medios a espacios públicos o a lugares donde está ocurriendo un hecho noticioso.
Estos datos no muestran hechos aislados, ni una circunstancia excepcional en la política de Estado llevada a cabo por el gobierno de Venezuela; son el reflejo de un problema estructural caracterizado por la arbitrariedad con la que pueden actuar los cuerpos de orden público a margen de toda legalidad y con un poder judicial carente de independencia e imparcialidad, por lo cual no existe sentencia a favor de las víctimas.
La arremetida de la fuerza pública durante el ejercicio de labores periodísticas vulnera los estándares de libertad de expresión e información pues dichas acciones tienen como objetivo impedir la difusión libre y plural de información, lo cual constituye una violación al derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Carta Magna establece en su artículo 23 que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, y en su artículo 19 expresa que es deber del Estado venezolano garantizar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, y el respeto y garantía de los mismos por parte de los órganos del Poder Público.
Uno de los objetivos fundamentales del Estado es garantizar seguridad a sus ciudadanos a través de la creación de mecanismos eficientes en la prevención del delito, así como procurar un sistema de administración de justicia que cuente con jueces que inspiren confianza en la población. Cuando ambos criterios no son cumplidos se genera un efecto inhibitorio en la sociedad producto de la impunidad.
En este sentido la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión afirma que “cuando tales delitos quedan impunes esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras” lo que contribuye al retroceso de la libertad de expresión en Venezuela.
Los hechos registrados cumplen un patrón progresivo de naturalización de la violencia, y la falta de castigo a los responsables fomenta la impunidad, esto se debe principalmente a la falta de independencia de los poderes públicos al actuar a favor de una parcialidad político partidista.
La poca transparencia en sus procedimientos, así como la situación de provisionalidad y la falta de idoneidad en la selección de los fiscales conforman un sistema de justicia que responde a intereses parcializados y con operadores coaccionados por el miedo a tomar decisiones contrarias al poder, tomando como precedente el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni. El Estado permite por acción u omisión la impunidad de delitos, con el agravante de que estos constituyen una violación de los Derechos Humanos y suman al resquebrajamiento de la democracia.
El Relator Especial de la ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión indicó que la impunidad constituye un obstáculo fundamental para la protección de la vida y la integridad personal de los comunicadores, “puesto que anima a atentar contra los [y las] periodistas a sabiendas de que no habrá consecuencias legales”.
Entre las consecuencias de estas violaciones está el arraigo del temor a la denuncia, motivado además por que los principales agresores son figuras de poder del Estado; y la censura, la autocensura y la ausencia de espacios de intercambio libre, abierto y plural de ideas o información esenciales en las sociedades democráticas.
El derecho a la libertad de expresión está consagrado en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito y ratificado por Venezuela. Mientras que la Convención Americana de Derechos Humanos consagra este mismo derecho en su artículo 13. La violencia contra trabajadores de los medios y la impunidad en estos casos, resultan hechos preocupantes pues no solo se está frente a la comisión de un delito, sino que también los funcionarios quebrantaron su deber constitucional de proteger, velar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Asesinatos durante el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
El culmen de la violencia es el asesinato, personas que ejercían su derecho a buscar, recibir o difundir información, perdieron la vida y en el 75% de los casos el Estado no ha sido eficiente en investigar, juzgar y condenar a los o las responsables. A continuación breves reseñas de cada uno de los casos.
| Nombre y apellido | Profesión de la víctima | Medio de comunicación | Año | Estatus | Descripción |
| Jorge Tortoza | Reportero gráfico | Diario 2001 | 2002 | Impune | Jorge Tortoza murió el 11 de abril de 2002, a consecuencia de un disparo por arma de fuego, mientras cubría las manifestaciones organizadas por la oposición en contra del gobierno de Hugo Chávez. En mayo de 2019, familiares de Tortoza aseguraron que aun no se han determinado responsables por el asesinato del fotógrafo y que luego de la exhumación de sus restos, en el año 2006, se evidenciaron elementos que no coincidían con los arrojados tras las investigaciones iniciadas en 2002. Solicitaron a la Fiscalía General de la República reabrir las investigaciones. 1 |
| Mauro Marcano | Periodista | Radio Maturín | 2004 | Resuelto | Mauro Marcano fue asesinado a tiros por dos sujetos cuando salía de su residencia en Maturín, estado Monagas. Semanas antes del homicidio, Marcano denunció en prensa y radio actividades vinculadas al narcotráfico en el oriente del país, motivo por el cual aseguró sentir que su vida estaba en peligro. El 23 de febrero de 2010, fue capturado José Ceferino García Fermín, principal implicado en la muerte de Marcano, posteriormente fue condenado a 23 años de prisión tras comprobarse su responsabilidad en el caso. 2 |
| José Joaquín Tovar | Director | Semanario Ahora | 2006 | Impune | El periodista José Joaquín Tovar, director del semanario “Ahora” fue asesinado de once tiros. Inicialmente las investigaciones descartaron que el asesinato estuviese ligado a su laboor como periodista. A propósito de su postura crítica, tanto con el gobierno venezolano como con la oposición, la organización Reporteros Sin Fronteras sugirió que no se descartara la hipótesis profesional. 3 |
| Jesús Flores Rojas | Periodista | La Región | 2006 | Impune | Jesús Rafael Flores Rojas, periodista del diario La Región de Cumaná, fue asesinado por sicarios cuando llegaba a su residencia. A través de sus columnas, el periodista denunció en repetidas oportunidades, casos de corrupción en el estado. Lisandro Zapata, encargado de la investigación, informó que la policía mató a dos de los presuntos asesinos del periodista en el barrio San Antonio, en El Tigre, estado Anzoátegui. 4 |
| Jorge Aguirre | Reportero gráfico | Cadena Capriles | 2006 | Resuelto | En abril de 2006, el fotógrafo Jorge Aguirre fue asesinado a tiros cuando cubría una manifestación ciudadana contra la inseguridad, en las cercanías de la Ciudad Universitaria de Caracas.
En mayo de 2008, el ex policía Boris Blanco Arcia fue condenado a 15 años de cárcel tras ser identificado como el culpable del asesinato de Aguirre. 5 |
| Pierre Fould Gerges | Director | Reporte Diario de la Economía | 2008 | Impune | Pierre Fould Gerges, fue acribillado por 17 balazos cuando se desplazaba en el auto de su hermano, quien también labora en el medio regional. El hermano de Pierre Gerges había sido amenazado semanas antes del hecho, por lo que no se descarta que se haya tratado de una confusión.
Meses después, Giséle Suárez, abogada encargada de investigar el asesinato de Gerges, fue amenazada de muerte por sus declaraciones en los medios de comunicación. 6 |
| William Hurtado Rivas | Conductor | Las Noticias de Cojedes | 2009 | Impune | William Alexander Hurtado Rivas, conductor del diario “Las Noticias de Cojedes”, falleció tras recibir un impacto de bala en la cabeza cuando trasladaba al personal del diario a sus hogares, en horas de la noche. La Policía del estado Cojedes detuvo a dos sospechosos y buscan a un tercero. No hay información sobre el estatus judicial de los detenidos. 7 |
| Orel Sambrano | Periodista | Notitarde / Radio América | 2009 | Resuelto | En enero de 2009, el periodista Orel Sambrano fue asesinado por dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, al norte de Valencia, en el estado Carabobo. Meses antes del homicidio, Sambrano escribió una serie de artículos sobre corrupción y narcotráfico que afectaban la región centro occidental de Venezuela.
Luego de realizadas las investigaciones, en mayo del 2010, Rafael Segundo Pérez fue condenado a veinticinco años de carcel por ser el principal involucrado en el asesinato de Sambrano. 8 |
| José Alejandro Márquez | Infociudadano | N/A | 2014 | Impune | José Alejandro Márquez falleció luego de una agresión causada por seis funcionarios de la GNB, quines lo persiguieron y atacaron cuando grababa las manifestaciones en La Candelaria, en Caracas.
Según información difundida por Gonzalo Himiob, uno de los GNB implicados en el caso fue pasado a juicio en el año 2018. 9 |
| Manuel Alejandro Parejo Amundaray | Camarógrafo/Técnico | Telesol | 2018 | Impune | Manuel Alejandro Parejo Amundaray, fue asesinado por un grupo de delincuentes que ingresó a robar al canal Telesol, en el estado Sucre. Parejo Amundaray era operador técnico de la televisora y se encontraba de guardia al momento del robo. 10 |
| Alí Dominguez | Periodista | – | 2019 | Impune | Alí Domínguez, reportero y militante del chavismo disidente, fue registrado como desaparecido la noche del 28 de febrero después de asistir a una reunión en la sede de El Nacional con representantes de ONG en defensa de los derechos humanos en Venezuela. Dominguez había sido amenazado en repetidas ocasiones tras hacer denuncias de corrupción en la Universidad Bolivariana de Venezuela. No hay información sobre el estatus de los responsables del crimen. 11 |
| Virgely Chirinos | Periodista | – | 2019 | Impune | Virgely Chirinos, de ocupación periodista, fue asesinada de tres impactos de bala en su rostro durante un robo en el estado Carabobo. En el hecho resultaron asesinados dos acompañantes de Chirinos. A pesar de que los responsables del hecho fueron capturados, se desconoce el estatus legal de los homicidas. 12 |
441 hechos de violencia contra trabajadores de los medios en 2019
Entre enero y septiembre de 2019 hemos registrado 267 intimidaciones, 74 agresiones, 79 amenazas, 19 ataques a medios y 2 muertes en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Para ilustrar el aumento de estos números en el tiempo, la comparativa cada cinco años muestra las cifras con incremento de hasta 2360% en comparación con el año 2004, ubicando el 2002 en el gráfico como datos base de referencia.
Enero
La política estatal restrictiva se expresó en una recurrente descalificación de los medios y periodistas, ataques violentos impunes contra reporteros en las calles; violencia institucional con la apertura de procesos administrativos, judiciales y exhortos para prohibir a conductores de radio la cobertura de determinados temas.
Durante el mes hubo al menos 18 detenciones a trabajadores de la prensa, y durante la cobertura informativa de las movilizaciones del 23 de enero, registramos 17 víctimas de violaciones a la libertad de expresión. Ejemplo de lo ocurrido puede verse en el video, tomado en el puente 9 de diciembre, en El Paraíso, Caracas, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lanzaron piedras y bombas lacrimógenas a un grupo de trabajadores de los medios que registraban el momento en el que reprimían a los manifestantes13.
Al final de la tarde, el periodista de Unión Radio, José Ignacio Moreno, fue golpeado mientas daba cobertura a la manifestación en Maracay estado Aragua. Una persona no identificada llegó al Ambulatorio del Norte, donde fue atendido Moreno, pidiéndole a él y a la periodista Andrea Rocha que borrarán las fotografías que tomaron con sus celulares en la manifestación.
Febrero
En el segundo mes del año persistió la agudización de la violencia en contra de medios, periodistas y ciudadanos que buscan informar sobre la situación actual del país, registrando 69 violaciones del derecho a la libertad de expresión entre las que destacan la intimidación y la censura como mecanismos de restricción a las coberturas.
Se registraron 27 casos de detenciones y retenciones a personal de la prensa, con especial foco en periodistas que cubrieron la entrada de la ayuda humanitaria al país. Solo el 23 de febrero Espacio Público registró 20 violaciones a la libertad de expresión, 14 casos y 16 víctimas.
La corresponsal de Venevisión, Maryné Glod, narra en uno de los casos: “Mi camarógrafo quedó de pie y cuando empieza a correr, un motorizado se puso a forcejear con el trípode y él no quería dejarse quitar el trípode, se cae la cámara y cuando él se devuelve a agarrarla, lo apuntaron en la cabeza y se llevaron la cámara”.
La periodista de origen sueco Annika H Rothstein, fue detenida, golpeada y robada por funcionarios policiales venezolanos cuando hacía cobertura en Ureña, en la frontera colombo venezolana. “La guerrilla estaba fuertemente armada y realmente creía que nos matarían a todos, vieron mi cámara y la prensa y nos apuntaron (…) Me golpearon en la cara cuando no podía moverme por la impresión”, señaló en su cuenta de Twitter14. Detalló que los funcionarios al momento de liberarlos les dieron 10 minutos para correr y esconderse, antes de empezar a disparar.
Marzo
El mes cerró con 133 violaciones a la libertad de expresión, las que destacan la intimidación y la censura. Lo sucedido a Rafael González ilustra la violencia a la que se exponen los Periodistas. El 14 de marzo estaba trabajando como productor con el equipo del canal CNN en Español y fue detenido por sujetos no identificados cuando hacían una cobertura en el aeropuerto de Maiquetía. No fue sino hasta el lunes, 18 de marzo, cuando familiares de González recibieron noticias: el Tribunal 50 de Control dictó privativa de libertad imputándole los delitos de asociación para delinquir, falsa atestación e instigación.
El periodista el periodista estadounidense, Cody Weddle, fue detenido, su vivienda allanada y posteriormente deportado tras dar cobertura a eventos de convocatoria opositora. Otra detención arbitraria, ocurrida el 11 de marzo, fue la del periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz: fue desaparecido y presentado ante tribunales en un proceso donde lo acusaron de «instigación pública» por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
El 14 de marzo, Tomasz Surdel, periodista del medio polaco Gazeta Wyborcza, fue retenido y agredido por las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) en Caracas, tenía dos meses en Venezuela haciendo cobertura de las protestas en contra de Nicolás Maduro. Mientras conducía por la zona de Bello Monte fue abordado por funcionarios de la FAES.
Los miembros del cuerpo de seguridad detuvieron al periodista internacional, le pidieron sus documentos, y establecieron contacto con una persona por la radio para ver “qué hacían” con Surdel. Le pidieron que saliera del auto, le pusieron un saco en la cabeza y lo golpearon: “Me golpearon con algo duro, probablemente con colillas, principalmente en la cara. También recibí algunos golpes fuertes en la costilla. Cuando terminaron y sacaron el saco, vi el cañón de la pistola frente a mis ojos”, relató.
Abril
Fotografiar, tomar testimonios y conocer de primera mano lo que sucede en el país implica un riesgo mayor cuando se hace como trabajadores de la prensa: detenciones, retenciones, agresiones, robos y hostigamiento son parte de los obstáculos que deben enfrentar para comunicar lo que sucede en Venezuela. Tan solo durante la jornada de manifestaciones del 30 de abril Espacio Público registró 12 eventos en los que camarógrafos y periodistas fueron víctimas de la fuerza pública, funcionarios y personas violentas.
La periodista Elsy García, fue impactada en su pierna izquierda por una bomba lacrimógena cuando cubría una protesta que fue reprimida por efectivos de la GNB en la avenida Bella Vista de Maracaibo, estado Zulia, el 6 de abril. Le dispararon al ver que era periodista y, después de huir corriendo fue alcanzada por cuatro guardias, quienes la apuntaron con armas de fuego y uno de ellos le dijo: “¡güevona, párate!”. Logró salir del lugar cuando un señor desconocido la auxilió.
Funcionarios de la GNB también atacaron y robaron a la periodista María Carolina Quintero, corresponsal del canal Venezolanos por la Información (VPITV), en la misma cobertura. Quintero narró que los militares la agredieron físicamente, le robaron su teléfono celular con el que estaba trabajando, y la amenazaron con detenerla o quitarle la vida.
Mayo
Durante el cuarto mes del año la función informativa supuso riesgos físicos para periodistas y reporteros gráficos. El miércoles 1ero de mayo en varias zonas del país, los trabajadores de la prensa resultaron insultados o heridos en las manifestaciones por el día del trabajador, exigiendo beneficios y resguardo de los derechos.
Altamira fue el centro de las manifestaciones en Caracas, en esta zona efectivos de seguridad del Estado dispararon contra trabajadores de los medios que realizaban la cobertura en el Distribuidor. El periodista Mauricio Cruz informó a través de su cuenta en Twitter que la Guardia Nacional Bolivariana estaba disparando contra él y sus compañeros.
En el hecho, el periodista Gregory Jaimes, de VPITV, resultó herido de perdigón mientras cubría enfrentamiento entre grupos civiles y armados. Jaimes fue lesionado en el lado izquierdo del rostro, en su dedo izquierdo y en el brazo derecho. De la misma forma, un reportero gráfico fue retenido, pateado y posteriormente herido en su brazo izquierdo por un efectivo de seguridad. La violencia contra periodistas también fue visible multiplicó en los estados Carabobo y Lara.
En el estado Portuguesa, la reportera de VPITV Mariángel Moro y su camarógrafo, fueron apuntados por funcionarios policiales con armas de fuego mientras cubría una situación de heridos y muertos que fueron ingresados al Hospital Jesús María Casal tras un motín en los calabozos de la Policía del municipio Páez en Acarigua. Tanto Moro como su camarógrafo fueron amedrentados hasta que tuvieron que retirarse del lugar después de ser obligados a borrar el material que habían grabado.
Junio
A la mitad del año el número total de violaciones del derecho a la libertad de expresión llegó a 700, en promedio 4 diarias. Las 59 violaciones del derecho a la libertad de expresión registradas en este mes afectaron a un total de 41 víctimas, en su mayoría periodistas (18) y medios de comunicación (8), destacan como principales victimarios los cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y grupos violentos.
El 14 de junio registramos un caso que ilustra lo sucedido en el mes. En el oriente del país, dos funcionarios de la Policía Regional de Anzoátegui (Polianzoátegui) detuvieron y le robaron el celular al periodista de Radio Fe y Alegría, José Félix Millán cuando realizaba un trabajo sobre la escasez de gasolina en la región. Millán relató que fue abordado por los efectivos con violencia a pesar de identificarse como periodista y mostrar su acreditación; lo esposaron, le obligaron a subirse a una motocicleta y lo trasladaron hasta la casilla policial del sector Pozuelos.
Allí estuvo detenido desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm. Durante este tiempo no le fue solicitada su documentación, ni hubo registro de su ingreso. Cuando le dejaron en libertad, los funcionarios no le regresaron el teléfono móvil del que fue despojado horas antes.
Julio
Hacer el trabajo que corresponde fue especialmente difícil para periodistas, solo este mes se registraron 26 casos de amenazas y 24 de intimidación, la mayoría de éstas durante coberturas en la calle. El reportero Jesús Albino, fue detenido el 3 de julio junto a su camarógrafo por efectivos de seguridad de la Policía Municipal de El Morro Diego Bautista Urbaneja (PoliUrbaneja) en Lechería, estado Anzoátegui.
Albino contó que se dirigía hacia sus labores, cuando dos funcionarios les pidieron que se detuvieran en una alcabala del sector. “Nos paramos a la derecha, uno de los funcionarios vino de manera agresiva, golpeó el vehículo y nos ordenó que nos bajáramos y que entregáramos los papeles del carro”, dijo. Al preguntar las razones de la detención, el funcionario les respondió: «Porque soy la ley y se hace lo que yo diga».
En Caracas, los reporteros del Diario de Caracas, Reinaldo Oliveros y Jackeline Díaz, fueron amenazados de muerte mientras realizaban una cobertura de la protesta opositora del 5 de julio. Oliveros narró: “saqué mi teléfono para tomar fotos y alrededor de diez funcionarios se nos acercaron, nos amenazaron y dijeron: ‘¡manos arriba!’ Nos ordenaron a sacar las credenciales, preguntaron de dónde éramos y de dónde veníamos”. Esta situación de violencia se extendió por aproximadamente 20 minutos, los funcionarios no les ocasionaron daño físico, pero les amenazaron de muerte.
Agosto
Durante el octavo mes del año la intimidación, la censura y el hostigamiento fueron las violaciones a la libertad de expresión más frecuentes, funcionarios aprovecharon sus espacios de poder para hostigar a reporteros, ciudadanos y activistas que querían registrar protestas y la situación de empresas básicas.
Uno de estos casos lo vivió el equipo de prensa del canal VPITV, quienes fueron amenazados con dispararles luego de que grabaron unas imágenes frente a la sede de Alimentos Friosa, en el estado Bolívar, expropiada en el año 2010 por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Carlos Suniaga, reportero del canal, señaló que estaba junto a su camarógrafo José Medina y el chofer Darío Jiménez en la sede de Friosa tomando las fotografías cuando “desde adentro (de la fábrica) nos grita alguien que suponemos que era de seguridad, y nos amenaza con darnos un plomazo”, dijo Suniaga.
En el estado Monagas, el equipo periodístico de Globovisión, VPITv y Venevisión fueron desalojados por funcionarios de la GNB cuando cubrían una protesta de transportistas en la sede de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la mañana del jueves 28 de agosto, en la capital del estado. Los periodistas fueron amenazados por un trabajador de la estatal quien insistía en que desalojaran el lugar «por las buenas» al tiempo que los transportistas que protestaban intentaban protegerlos de los motorizados que enviaron para intimidarles. En el hecho, la periodista Mariana González fue agredida por un funcionario de Pdvsa protegido por los efectivos de la GNB.
Septiembre
En al menos cuatro de los casos que ocurrieron este mes, los victimarios fueron grupos de civiles violentos, quienes actúan muchas veces a la vista de los cuerpos de seguridad sin que resulten castigados por ser responsables de las agresiones. Estos hechos cumplen un patrón progresivo de naturalización de la violencia, y la falta de castigo a los responsables fomenta la impunidad.
Además contabilizamos cinco detenciones a trabajadores públicos por reclamar condiciones laborales, y un detenido por transportar folletos impresos de la organización Provea: José Guillermo Mendoza. La impresión de la promoción del cd musical “Ministro: Cuál es su trabajo? -un extraño tributo al punk venezolano” de la banda Agente Extraño, promovido por las ONG Provea, Redes Ayuda y Humano Derecho Radio. Mendoza fue trasladado a la sede de la PNB en El Helicoide siendo liberado el viernes 20 de septiembre tras permanecer 18 horas siendo sometido a interrogatorios.
Algunas recomendaciones
El ejercicio del periodismo, el acceso a la información que tienen los ciudadanos, así como el respeto por la opinión crítica y el derecho a manifestar, se han visto seriamente afectados durante los últimos años en Venezuela. La persecución, hostigamiento, ataques, amenazas y la intimidación a ciudadanos en ejercicio de su derecho a expresarse, es una constante que afecta a toda la sociedad en su posibilidad de mantenerse informados, de contar con información plural y fuentes diversas que le ayuden a comprender lo que sucede y a tomar decisiones políticas, económicas, o del día a día.
El retroceso en las garantías que el Estado debe ofrecer, abona al clima de tensión generado por la emergencia humanitaria compleja, con una hiperinflación que merma los recursos de las y los venezolanos para satisfacer sus necesidades básicas; las protestas diarias son eco del clamor de la gente, pero quienes trabajan en los medios de comunicación son diariamente limitados de realizar su trabajo con libertad.
Un entorno que no brinde condiciones mínimas para el ejercicio del periodismo, sumado a un discurso violento que alienta la confrontación y la polarización, limitan el derecho que genuinamente tienen los ciudadanos de tomar mejores decisiones basados en la información diversa, plural y libre a la que deberían tener acceso.
Las recomendaciones propuestas enfatizan la necesidad de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, suscritos por Venezuela a fin de garantizar la amplia participación de la ciudadanía y el intercambio de ideas y opiniones propias de las sociedades democráticas:
- Fortalecer lazos de solidaridad y contención activa desde la sociedad civil de cara a las agresiones de periodistas o infociudadanos.
- Asegurar las investigaciones imparciales de los casos de violencia contra periodistas, garantizando que los crímenes no queden impunes
- Crear mecanismos eficaces de protección a periodistas e infociudadanos que les permitan ampararse cuando se vea limitado o entorpecido el derecho a la libertad de expresión e información.
- Exigir al Estado venezolano la remoción de funcionarios implicados en violaciones directas a la libertad de expresión, además de someterlos a un juicio por los delitos cometidos en ajuste a las garantías del Estado de derecho.
- Condenar públicamente el discurso violento y polarizado que insta al ataque hacia periodistas y medios de comunicación en el país.
Referencias
