En el segundo mes del año persistió la agudización de la violencia en contra de medios, periodistas y ciudadanos que buscan informar sobre la situación actual del país. Solo en febrero se registraron 69 violaciones al derecho, destaca la intimidación y la censura como mecanismos de restricción a las coberturas.
También en febrero se registraron 27 casos de detenciones y retenciones a personal de la prensa, con especial foco en periodistas que cubren lo referente a la emergencia en la frontera y la entrada de la ayuda humanitaria al país.
Al mismo tiempo que esto ocurría la censura se apoderaba también de la red, los portales informativos El Estímulo, Revista Climax, Bienmesabe, Urbe Bikini Magazine, Konzapata y ALnavío denunciaron a través de sus cuentas en la red social Twitter que fueron víctimas de ataques de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) a sus servidores lo que produjo la inhabilitación de los portales. Este tipo de ataques consiste en el envío de miles de solicitudes en simultáneo al servidor donde está alojada la página, lo que ocasiona el colapso.
Los bloqueos son una constante que cuenta entre sus ejecutorescon el principal proveedor de internet en Venezuela, la estatal, CANTV que durante todo el mes de febrero realizó bloqueos a discreción de portales como Aporrea, la plataforma de videos Youtube y redes sociales como Instagram y Bing, el servicio Google Translate, durante los discursos en vivo que ofrecía el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, también bloqueó los servicios de VPN TunnelBear y Windscribe, utilizados por los venezolanos para evadir la censura impuesta por el gobierno.
We can confirm block of @theTunnelBear and @windscribecom on #Venezuela‘s state ISP #CANTV. The TCP block affects the websites and the authentication in their apps.
Possibly more VPNs blocked, researching. Updates on this thread #internetVE #KeepItOn pic.twitter.com/p9p78qKN6z — VE sin Filtro (@vesinfiltro) 15 de febrero de 2019
Phishing Estatal
La denuncia de clonación de la página web voluntariosxvenezuela.com dejó en evidencia que la principal proveedora de internet en Venezuela, Cantv, estaba redireccionando a sus usuarios a una web falsa de phishing. A través de la IP relacionada con el sitio se conoció que el Estado Venezolano ha estado robando información privada de usuarios al menos desde septiembre de 2018 con sitios web que simulan ser redes sociales o páginas de acceso al correo electrónico.
La IP 159.65.65.194 responde a diferentes dominios web que clonan páginas de redes sociales y correo electrónico en Venezuela con un nombre similar al original, a través del phishing buscan captar los datos personales de múltiples usuarios que voluntariamente colocan su usuario y contraseña pensando ingresar en las webs reales. La acción vulnera el derecho a la privacidad y a la asociación en línea en Venezuela, mientras las personas se vuelcan a Internet para conseguir y compartir información silenciada en los medios tradicionales por la censura y restricciones impuestas por el Estado.
La información verificada implica que el gobierno de Nicolás Maduro está robando información personal de usuarios en Internet desde al menos, septiembre de 2018. El Estado administra los dominios .ve a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y utiliza fondos públicos para violar la privacidad de quienes ingresan a servicios de correo electrónico y redes sociales.
Censurar todo lo que pasa en la frontera
A medida que se ha ido agudizando la emergencia humanitaria, la frontera se convirtió en un lugar que para los periodistas retrata perfectamente el momento que se vive. El oscurantismo sobre lo que allí ocurre ha logrado que la cobertura en la frontera sea de alto riesgo.
A propósito de la convocatoria realizada por presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, manifestaciones pacíficas se dieron en todo el país el 23 de febrero, con el fin de respaldar el ingreso al territorio venezolano de la asistencia internacional con fines humanitarios. El foco de atención estuvo centrado en tres puntos fronterizos: Cúcuta, por territorio colombiano; Santa Elena de Uairén, Brasil y vía marítima desde Puerto Rico, por lo que la mayor cantidad de prensa acreditada se encontraba en el lugar.
La jornada estuvo marcada por el impedimento de ingreso de la asistencia internacional, represión contra las manifestaciones, bloqueos en Internet, salida del aire de canales, y restricciones contra la prensa en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia; que se tradujeron en 20 violaciones a la libertad de expresión, 14 casos y 16 víctimas.
La mayoría de los casos fueron robos, ocurridos en el estado Táchira. Entre los casos destaca la retención por parte de un grupo de civiles armados al equipo del medio digital Venezolanos Por la Información (VPI), integrado por Gregory Jaimes y su camarógrafo David Guacarán. Los delincuentes robaron los equipos para transmitir en vivo, sus teléfonos y tarjetas bancarias. El hecho ocurrió en el puente La Dorada.
La corresponsal de Venevisión, Maryné Glod y su camarógrafo fueron robados y atacados también por un grupo de civiles armados identificados con el gobierno de Maduro. “Estábamos caminando por la avenida Venezuela, la que da al puente internacional Simón Bolívar. Habíamos entrevistado recientemente al diputado William Dávila e íbamos caminando hacia el puente con la idea de tratar entrar al destacamento de frontera que está a un costado del puente. Llegaron motorizados vestidos de negro y empezaron a disparar muchísimo, mi camarógrafo quedó en la avenida Venezuela y corrió al sentido contrario a donde yo corrí con el camarógrafo, asistente y periodista de TRT (Televisora Regional del Táchira). Mi camarógrafo quedó de pie y cuando empieza a correr, un motorizado se puso a forcejear con el trípode y él no quería dejarse quitar el trípode, se cae la cámara y cuando él se devuelve a agarrarla, lo apuntaron en la cabeza y se llevaron la cámara”, señaló Glod1.
En la misma entidad, el periodista de la emisora Ecos del Torbes 780 AM, Manuel Cardozo, fue hostigado por un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras hacía la cobertura en Cúcuta.
“Me montaron a un convoy y me empezaron a tratar mal diciéndome que me iban a meter preso, me mandaron a sacar el chaleco, me quitaron los dos teléfonos: el de la radio y el personal. Me mandaron a borrar todo lo que tenía, me querían quitar el carnet de periodista y dije que no lo iba a entregar, me pidieron la cédula”, agregó Cardozo2.
En la misma lógica represiva la GNB hirió con perdigones en el antebrazo izquierdo al reportero, Lenin Danieri, cuando cubría la situación en el municipio Ureña. Asimismo, el reportero gráfico de la Prensa de Lara, Pascual Filardo, fue impactado en sus piernas por una bomba lacrimógena, durante la represión de la GNB contra los manifestantes. “La GN disparó perdigones a un grupo desarmado, yo entre ellos. Vi al funcionario apuntar, hasta halar el gatillo, me pareció algo criminal hacer eso contra personas desarmadas que buscaban sólo dialogar”, publicó el periodista en su cuenta de Twitter3.
Esos cuatro hechos ejemplifican el patrón de agresiones que los equipos de la prensa tuvieron que sortear para relatar lo que ocurría en la frontera, sin embargo, las restricciones no fue solo en lo referente al acceso a la información, pues a la par de esto, DirecTV en Venezuela sacó del aire el canal 24H de Chile después de que transmitieran gran parte de la jornada de actividades que se desarrollaron en las fronteras venezolanas con Brasil y Colombia para el ingreso de la ayuda internacional.
Intolerantes a las preguntas
Frecuentemente la cobertura alrededor de la figura de Nicolás Maduro resulta especialmente delicada, este mes destaca la retención al equipo de Univisión, cuando le realizaban una entrevista en el Palacio de Miraflores, el pasado 26 de febrero.
Según el canal de noticias, los periodistas permanecieron retenidos por más de dos horas luego de que Ramos realizó preguntas que incomodaron a Nicolás Maduro: “el gobernante terminó abruptamente el encuentro cuando le mostraron un video de jóvenes buscando alimentos en la basura, los equipos y el material grabado fueron confiscados”. El equipo formado por Jorge Ramos, María Martínez, Claudia Rendón, Juan Carlos Guzmán, Martín Guzmán y Francisco Urreiztieta fue retenido y robados dentro del Palacio de Gobierno.
Sobre las condiciones en las que de desarrolló la entrevista, Univisión aseguró que el encuentro fue autorizado por el ministro de comunicación e información, Jorge Rodríguez, quién llamo a la productora del programa Al Punto, confirmando y extendiendo la invitación al equipo encabezado por Ramos.
“La entrevista duró 17 minutos, cuando Ramos muestra el video grabado por él durante el fin de semana y donde se ve a un grupo de jóvenes comiendo basura el gobernante se levanta enfadado y da por terminada la entrevista, fueron más de dos horas en las que el equipo periodístico de Univisión estuvo retenido en salas separadas, totalmente a oscuras, donde les decomisaron los equipos de grabación e incluso objetos personales y teléfonos celulares”, cuenta Univisión.
Minutos más tardes, el equipo fue expulsado del Palacio de Miraflores y escoltado hasta el hotel donde efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), controlaron sus movimientos hasta la mañana del martes 26, cuando las autoridades migratorias se presentaron en el hotel para darles a conocer la medida deportación. Los periodistas tuvieron que abandonar el hotel rumbo al Aeropuerto de Maiquetía acompañados del personal de las embajadas de México y Estados Unidos y escoltados por efectivos militares venezolanos.
Durante febrero aumentó a 27 el número de periodistas detenidos, sumando un total de 49 entre enero y febrero de 2019.
Referencias
