El diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, intenta impedir que los ciudadanos en Venezuela opinen libremente sobre el expresidente Hugo Chávez. “No tienen (los venezolanos) argumento para hablar mal de Maduro ni de su Gobierno… se han comido el cuento de la derecha”, dijo Cabello, a pesar de que el país se encuentra en una profunda crisis económica, política y social.
El diputado anunció la noche de este 25 de enero en su programa de televisión Con el Mazo Dando, que comenzará a promover esta medida. “Quien recibió un taxi revolucionario no debe hablar mal de Chávez… quien esté en el teleférico Mukumbari en Mérida, no puede hablar mal de Chávez”, sentenció.
Al contrario de la crítica, la expresión en favor del presidente Chávez no va a molestar al diputado oficialista. Invitó a los habitantes de los urbanismos construidos por la Misión Vivienda a pintar murales con la frase “aquí no se habla mal de Chávez”. La invitación se extendió a los cuarteles militares y a los venezolanos en general.
Pero hubo una orden más: Cabello dijo a los ministerios e instituciones del estado que deben desplegar pancartas, pinturas y murales con la misma frase que busca defender la memorial del fallecido presidente.
El diputado espera que quienes no se unan a la campaña sean denunciados por sus compañeros de trabajo, pues exhortó a los empleados públicos a denunciar a los que no se sumen.
La censura desnaturaliza la libertad de expresión
El artículo 57 de la Constitución prohíbe la censura y cualquier restricción arbitraria a la libertad de expresión. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se pronuncia en términos similares y añade la proscripción de medidas de restricción indirecta tales como las declaraciones pro-censura e intimidatorias de agentes públicos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias de Perozo, Ríos y Otros y Marcel Granier y Otros reitera al Estado venezolano que la libertad de expresión requiere de ciertas condiciones normativas y fácticas que permitan su ejercicio. En cuanto a las condiciones fácticas, el tribunal exige al Estado que las declaraciones de funcionarios públicos asuman el deber reforzado de respetar los derechos humanos de sus destinatarios, especialmente de las personas con expresiones que contribuyen a la deliberación pública en contextos de polarización o conflictividad política y social.
Las declaraciones de Diosdado Cabello como funcionario público desnaturalizan la libertad de expresión de los venezolanos porque llaman a la censura y autocensura sobre la gestión de gobierno y, en caso de que la venzan, intimidan con el ejercicio de acciones legales para sentar un precedente de persecución contra la libre opinión. Estas declaraciones representan, justamente, lo que no debe hacer un funcionario público en ejercicio de su libertad de expresión: prohibir y amenazar con denuncias a quienes ejerzan su derecho a expresarse contra el Poder Público, más cuando se trata de inhibir el discurso crítico, que es uno de los más protegidos por la libertad de expresión.
No sólo los funcionarios que ejecuten la orden, también el diputado Cabello sería responsable por las violaciones a la libertad de expresión que sufran los venezolanos favorecidos por programas del gobierno, en ejercicio de una obra o servicio público o en un organismo público, al exigir a otros funcionarios participar en una campaña para vigilar, contener e inhibir la crítica contra el Ejecutivo y sus principales autoridades.
Con las declaraciones de Diosdado Cabello se reedita una campaña pro-gobierno que busca expandir la política del silencio entre los venezolanos y predispone con el uso del aparato estatal a la proliferación de violaciones a la libertad de expresión en los próximos días.
Fuentes:
Efecto Cocuyo, 25 de enero de 2017, Cabello lidera campaña para impedir que se hable mal de Chávez en Venezuela. Recuperado el 26/01/2017 en https://goo.gl/RA1J34
