Un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), hostigó a la corresponsal de El Pitazo en el estado Mérida, Violeta Santiago y a su colega de ULA FM 107.7, José Gregorio Rojas, cuando realizaban un trabajo especial sobre la fallas en el servicio de suministro de gasolina en la región.
Los periodistas hacían un recorrido por las estaciones de servicios realizando entrevistas y fotografías cuando fueron abordados por un funcionario quien comenzó a insultarlos. Santiago comentó que a pesar de explicarle que estaban haciendo un trabajo el GNB no paró de gritarles ofensas.
“Nosotros decidimos irnos, pero el funcionario nos persiguió, mientras fotografiaba el carro nos reto a denunciarlo”1 contó Santiago, en entrevista a Espacio Público.
“Vamos a ver quien es más bravo” gritó2.
Esta no es la primera vez que Violeta Santiago, ha sido señalada e intimidada por funcionarios, en la actualidad, además de trabajar en el medio periodístico también es activista de derechos humanos.
En lo que va de año Espacio Público documentó más de 700 violaciones a la Libertad de Expresión, siendo el hostigamiento a periodistas en coberturas uno de los patrones más frecuentes, a pesar de que la legislación venezolana exige al Estado garantizar el fluyo de información para que todos los ciudadanos puedan acceder a ella sin ninguna dificultad.
El Estado venezolano está en la obligación de proveer un ambiente donde los periodistas, trabajadores de los medios puedan trabajar con seguridad e independencia, sin el temor de ser amenazados, hostigados o violentados.
Debe ser un ambiente donde los ataques, intimidaciones, acosos, secuestros, encarcelamientos arbitrarios y amenazas son la excepción y no la norma. Los periodistas deben ser especialmente protegidos de las amenazas a su propia seguridad y la de sus familias de modo que puedan ejercer su rol de forma segura e independiente.
