Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero – diciembre 2020

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Las restricciones establecidas con motivo de la pandemia de la Covid-19 representaron un reto para la sociedad en distintos aspectos. Al ser esta una situación sin precedentes, obligó a la colectividad a generar nuevas rutinas, de acuerdo a las limitaciones impuestas por las autoridades. El caso venezolano se vio agravado por la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa desde el año 2015[1] así como por una profunda crisis institucional y política, que desarticuló progresivamente el sistema democrático.

 

Los derechos fundamentales están seriamente restringidos; una situación que cada año se agudiza más, a medida de que el conflicto político no concreta solución. El derecho a la libertad de expresión es uno de los más vulnerados, en medio de un contexto donde buscar, recibir y difundir información es considerado un delito, aun cuando no esté estipulado así en la ley. Luego del año 2017 y 2019[2], el 2020 acumuló la mayor cantidad de casos registrados en 19 años de monitoreo; un total de 390 casos[3], lo cual representa una disminución del 17% con relación al total de casos registrados en el año 2019.

La mayoría de los casos se registraron durante el primer semestre, el cual suma el 60% de las denuncias. En enero, la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) derivó en impedimentos a la labor periodística de quienes cubrieron el evento, motivo por el cual tan sólo en el primer mes del año, se registraron 30 casos[1]. Posteriormente, a propósito del Estado de Alarma y el decreto de cuarentena colectiva anunciado por Nicolás Maduro, tras la detección de casos positivos de la Covid-19 en el país, se evidenció un incremento en el número de casos documentados. Marzo[2] se sitúa como el mes con mayor cantidad de casos durante el 2020, sumando un total de 62 casos, seguido de cerca por abril[3] y mayo,[4] con 42 y 46 casos, respectivamente. Tras estos dos meses, el récord de casos se mantuvo bajo un comportamiento casi lineal, hasta el mes de diciembre, cuando experimentó un ligero incremento.

En total se contabilizaron al menos 965 denuncias de violaciones, lo que representa una disminución del 8% con relación al número de violaciones registradas durante el año anterior. Al igual que el número de casos, el 2020 es sólo superado por el 2017 y por el 2019 en cuanto al número total de violaciones registradas.

Cuadro 2.

Impedimentos en la cobertura y difusión de información

 

Del total de casos de intimidación, el 66% corresponde a impedimentos de la cobertura o búsqueda de información realizada por trabajadores de la prensa o infociudadanos, por parte de funcionarios del Estado o cuerpos de seguridad. A partir de las restricciones por la pandemia, este tipo de situaciones comenzaron a ser cada vez más comunes, principalmente respecto a impedimentos de movilidad, así como a la prohibición de cobertura a las filas generadas en estaciones de servicio por la escasez de combustible en el país.

 

  • El 5 de enero, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) prohibieron el acceso de la prensa al Palacio Federal Legislativo, en donde se disponían a cubrir la instalación de la junta directiva de la Asamblea Nacional para el período 2020-2021[1]. Los medios que no pudieron acceder al interior del Palacio fueron: Venezolanos por la Información (VPI), VOA, Univisión, Te lo Cuento News (TLCN), ABC, NTN24, El Pitazo, Venepress, Radio Caracol Noticias (RCN), Tv Venezuela, Blu Radio, CNV24, Crónica.Uno, Telemundo 51, CNN, New York Times, VivoPlay, CapitolioTv, Impacto TDN, La Patilla, Globovisión, La Verdad de Vargas, Prensa VP, Caraota Digital, El Nacional, Prensa Unidad, El Diario, El Nuevo País, HispanoPost, ViceNews, DPA, 800 noticias,  El Venezolano TV (EVTV), AP, Tal Cual, Efecto Cocuyo, EFE y AFP.

 

  • El 16 de marzo, la periodista Mariana de Barros denunció en su cuenta en la red social Twitter[2] que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron su ingreso a la ciudad de Caracas tras la medida de cuarentena colectiva anunciada por Nicolás Maduro, medida que exceptúa a los trabajadores de la prensa. «3 horas en cola en la Panamericana y no me dejaron pasar a Caracas a trabajar. Mostré mi carnet y el video del ministro Padrino López, donde exceptúa a los medios de la cuarentena, y la respuesta de un GNB fue: usted no está exceptuada de la medida, devuélvase», publicó Barros.

 

  • Cuatro efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intimidaron al periodista de los medios NotiPascua y El Nacional, Franklin Rodríguez[3]; el 30 de julio, mientras tomaba fotos en la fila de la estación de servicio El Lido, en Valle de la Pascua, estado Guárico. Rodríguez estaba en el lugar para intentar abastecer de combustible su vehículo, el cual intentaron remolcar, y quitarle el teléfono celular por no tener una “autorización” para informar desde el sitio.

 

Al igual que en años anteriores, las detenciones arbitrarias vinculadas al ejercicio del derecho fueron una constante. Durante el 2020 al menos 110 personas fueron detenidas arbitrariamente[4] por buscar o difundir información, lo cual representa una disminución del 4%, con relación a las detenciones registradas en el 2019, cuando se contabilizaron 114 personas detenidas. El 32% de las víctimas son particulares[1], el 30% corresponde a periodistas o reporteros y el 14% a trabajadores públicos.

 

 

  • El 31 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al abogado de la ONG Movimiento Vinotinto, sección Lara, Henderson Maldonado, cuando acompañaba a un grupo de pacientes renales a solicitar un ticket para surtir gasolina en sus vehículos. La detención arbitraria se lleva a cabo cuando este realizaba el acompañamiento a pacientes renales y oncológicos, que luego de la declaratoria de la cuarentena nacional, las restricciones vehiculares y de movilidad y la escasez de gasolina, han visto comprometida su salud y tratamientos. Luego de la audiencia de presentación el Tribunal 1ro Municipal de Iribarren dictó medida cautelar de presentación periódica cada 30 días para Maldonado, imputándole los delitos de Resistencia a la Autoridad Art. 218 e Instigación Pública a la Violencia Art. 285 del Código Penal Venezolano[1].

 

  • La bioanalista Andrea Sayago, quien labora en el Hospital Pedro Emilio Carrillo del estado Trujillo, fue detenida el 3 de abril por cuerpos de seguridad del Estado. La detención se produjo por difundir información sobre casos de coronavirus en la entidad a través de un estado de Whatsapp. Luego de permanecer detenida durante dos días le fue impuesto arresto domiciliario[2].

 

  • La abogada Eva Leal fue agredida y detenida por la teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Maria de los Angeles Palmera, luego de que grabara el momento en el que presuntamente la funcionaria la extorsionara y esta se negara a pagar. La agresión y detención de Leal circuló por redes sociales y distintas organizaciones se pronunciaron en contra de la acción arbitraria. Posteriormente, el Tribunal Militar Séptimo de Control del estado Lara le otorgó libertad condicional a la abogada Eva Leal, luego de realizada su audiencia de presentación. Le fue impuesta una medida cautelar que la obliga a presentarse ante el Tribunal cuando éste así lo demande[3].

Censura y restricciones administrativas

Además de los casos de intimidación, la censura y las restricciones administrativas representan una proporción significativa del total de violaciones registradas durante el 2020. En este caso están principalmente vinculadas al cierre de espacios informativos o medios de comunicación, así como a la confiscación o eliminación de material periodístico por parte de autoridades. Durante 2020 fueron cerradas 18 emisoras radiales, cuatro medios impresos y dos medios digitales, en procedimientos llevados a cabo principalmente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de cuerpos de seguridad del Estado.

 

  • El 31 de julio, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Pura Candela 93.3 FM[4] en Carúpano, estado Sucre, con la presencia de decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pasadas las 7:30 pm. “Está cerrada esta emisora por disposición de Conatel y por orden del gobernador del estado”, se escuchó al aire antes de que apagaran los micrófonos. Conatel alegó que el cierre se debió por una «violación del código de normas de Telecomunicaciones», según señaló la periodista Lovelia Pérez en entrevista a Espacio Público.

 

  • La crisis económica y la falta de dinero en efectivo obligaron al diario El Caroreño[5] a apagar su rotativa el 25 de enero en el estado Lara. El impreso producido en el municipio Torres, se unió a El Impulso, El Informador y el Diario de Lara, quienes no circulan desde el 2019.

 

  • Una comisión de Conatel cerró la emisora Rumbera Network 94.7 FM[6], ubicada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, el 13 de noviembre, alegando que la emisora presentaba problemas con la concesión. Conatel incautó computadoras, micrófonos y la cónsola de transmisión que estaban en las oficinas. Esta estación ya había sido objeto de ataques y amenazas en reiteradas ocasiones por parte del alcalde de Tinaco, José Rivas. En febrero de 2019, Rivas grabó un video fuera de las instalaciones de Rumbera Network instando a los directivos a revisar la programación de sus periodistas[7]. Posteriormente, el alcalde de Tinaco amenazó al comunicador Eduardo González durante una llamada telefónica que hizo a su programa de radio[8].

El virus de la desinformación

Desde que se dio a conocer la propagación de la Covid-19 en el mundo, comenzó a circular gran cantidad de rumores a través de internet acerca de los síntomas, el tratamiento y las formas de prevenir el virus. Este fenómeno, aunado a las características de la era digital, generó gran cantidad de informaciones falsas que fueron difundidas en tiempo real a través del internet. En el caso de Venezuela esta realidad se vio aún más agravada debido a las amenazas y restricciones establecidas desde el gobierno nacional, ya que la información sobre la Covid-19 en Venezuela fue centralizada por el Ejecutivo Nacional[9].

 

Esto derivó en señalamientos hacia quien cuestionara o contradijera la versión oficial, por lo que en distintas oportunidades, periodistas, personal de la salud y académicos fueron objeto de amenazas por parte de funcionarios del Estado. De igual forma, se desarrollaron situaciones derivadas de las medidas impuestas para contener el virus que atentaron contra el derecho a la libertad de expresión, tales como el impedimento de movilidad y restricciones para surtir combustible, por no ser la prensa un sector priorizado. Desde el 16 de marzo en adelante, se contabilizaron al menos 105 casos y 250 violaciones vinculadas directamente al Covid-19. El 41% de las violaciones fueron intimidaciones, el 22% casos de censura, el 12% amenazas, 11% hostigamientos judiciales, un 7% restricciones administrativas, el 4% hostigamientos verbales y un 3% agresiones. De un total de 140 víctimas asociadas a la pandemia del Covid-19 y sus implicaciones, los más afectados fueron periodistas y reporteros con un 39% y particulares con 16%.

 

  • El 13 de marzo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), detuvieron a los periodistas Jesús Torres y Jesús Castillo[10], de Radio Cima, luego de que estos publicaran un video en sus redes sociales en donde aseguraban que existía un posible caso de coronavirus en Venezuela, específicamente en el hospital Victorino Santaella en Los Teques, estado Miranda. Luego de permanecer detenidos durante algunas horas, fueron liberados con medidas cautelares.

 

  • Nicolás Maduro hostigó al periodista Sergio Novelli[11] el 21 de abril en una alocución a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión. Con el término “mercenario de la comunicación” acusó al comunicador social por realizar una entrevista online en su programa Al Día Con Sergio a 13 venezolanos que regresaban al país procedentes de Perú; quienes a raíz de la pandemia por la Covid-19 manifestaron quedarse sin empleo y por eso decidieron retornar a Venezuela.

 

  • La estatal Compañía Anónima Teléfonos Venezuela (Cantv) y el proveedor privado Movistar, bloquearon el acceso a la plataforma de presidenciave.org[12], portal sobre el coronavirus que fue lanzado por la Asamblea Nacional. El observatorio de Internet Ve Sin Filtro detalló que el bloqueo de Cantv y de Movistar fue de tipo DNS.

 

  • El presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente (anc), y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, amenazó a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales[13] el 13 de mayo, con enviarles a los cuerpos seguridad tras la publicación de un informe acerca del desarrollo de la pandemia del coronavirus en Venezuela. Durante la emisión del programa «Con El Mazo Dando», transmitido por Venezolana de Televisión, Cabello hizo un llamado a los cuerpos de seguridad, «deberían llamar a esta gente», expresó.


Bloqueos y restricciones en línea

 

Las violaciones a la libertad de expresión en línea han experimentado un aumento constante durante los últimos años, debido a la masificación del internet y de las redes sociales, así como a la disminución del ecosistema de medios de comunicación tradicionales. Para el año 2020 encontramos que al menos 120 casos fueron registrados en internet, lo que equivale al 30% del total de registros, un número mayor al contabilizado en cualquier región del país. Este dato sugiere que las autoridades venezolanas reforzaron los sistemas de vigilancia en redes sociales con el fin de silenciar o minimizar las opiniones o informaciones que cuestionan la gestión gubernamental.

 

Los casos registrados a propósito de informaciones difundidas a través de internet varían y abarcan desde el hostigamiento por parte de funcionarios públicos a periodistas u organizaciones, hasta el bloqueo de medios de comunicación a páginas o plataformas web por la publicación de contenidos.

 

  • Elio Mendoza[14], trabajador de la Planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, con 30 años de servicio, fue detenido bajo engaño el 1 de abril, por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Familiares denunciaron que Mendoza se encontraba en su día libre y recibió una llamada del gerente de planta, Francis Villega, para solicitarle apoyo con una guardia nocturna por una avería. Se pudo conocer que fue detenido por el reenvío de un mensaje en cadena a través de la aplicación móvil Whatsapp.

 

  • El 3 de octubre, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) bloqueó 13 portales de medios de comunicación y varias plataformas digitales mediante filtrado por SNI y por el host HTTP[15]. En la lista de páginas web bloqueadas por el principal proveedor de servicio de internet del país destacan: Aporrea, Armando.info, El Nacional, El Universal, Efecto Cocuyo, Globovisión, La Patilla, El Venezolano TV, Caraota Digital, Vivo Play, Sumarium, InSight Crime, 2001, Soundcloud, Livestream y Change.Org. La medida ya había sido aplicada con anterioridad, pero dichos bloqueos habían quedado sin efecto luego de un incendio registrado en las instalaciones de CANTV durante el mes de abril del 2020.

 

  • El portal digital La Gran Aldea[16] denunció que fue víctima de un «ataque legal» que suspendió el acceso a la web. A través de su cuenta en Twitter, el medio digital aseguró que se trata de un ataque promovido por Haiman El Troudi, quien luego de la publicación de un artículo escrito por la periodista Elizabeth Fuentes tomó acciones para censurarlo. El “La cara bonita de Haiman El Troudi” explica los pasos del político que, luego de hacerse de varios cargos públicos y aparecer involucrado en numerosos entramados de corrupción, “ahora se esfuerza por construirse una reputación paralela en las redes sociales”. El 7 de octubre el portal recibió una notificación del proveedor de una denuncia por plagio, se usó el formulario Digital Millennium Copyright Act. que los obliga a despublicar el artículo para evitar la suspensión del servicio.

Víctimas y victimarios

 

 

Del universo de víctimas, el 51% fueron periodistas o reporteros, violaciones registradas en su mayoría durante la cobertura de hechos noticiosos en donde la labor periodística se vio comprometida o limitada. Las violaciones en contra de los trabajadores de la prensa acumulan el 60% de las agresiones. En general, el 61% (267) de las víctimas fueron hombres, mientras que en el 39% (160) de los casos las víctimas fueron mujeres.

 

  • El 11 de febrero Manuel Da Silva, periodista de Televen, denunció que a su camarógrafo, Wilmer Torcales, le fue destruida su cámara y posteriormente ambos fueron agredidos mientras realizaban una cobertura. “Hacia el estacionamiento un grupo de los colectivos golpearon a varios civiles y periodistas; mi camarógrafo estaba allí agarrando las imágenes de esa violencia y fue cuando recibió un empujón y se le cayó la cámara, la cual quedó destrozada y también intentaron pegarle, él esquivó algunos golpes, agarró la cámara rápido, de allí lo que hicimos fue alejarnos del hecho porque ellos veían a qué medio pertenecías y te golpeaban»[1].

 

  • Funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (IAPES) impidieron que la corresponsal de Crónica.Uno, Mónica Salazar[2], ingresara al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná para una rueda de prensa que se realizaría en ese centro asistencial el 23 de marzo. Salazar indicó que estaba en una fila en uno de los puntos de control en la avenida Carúpano, sector La Gaviota, esperando llegar al inicio del punto y poder ingresar al hospital. Sin embargo, se percató que todos los carros los estaban regresando porque no dejaban pasar a nadie; se identificó como periodista ante uno de los funcionarios a quien le informó que tenía una rueda de prensa pero no la dejó pasar.

 

  • El equipo periodístico del portal digital, Venezolanos por la Información (VPITV) fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), mientras realizaban entrevistas en la estación de servicios PDV en Chuao, Caracas, el 5 de junio. Luis Patiño, Jhonatan Bello, Dangert Zorrilla y Oscar Avilez[3] fueron abordados por funcionarios de la GNB luego de que estos obtuvieran los testimonios de las personas que hacían la fila para surtir gasolina en esa estación de servicio. El equipo de VPI fue despojado de sus documentos de identidad y detenidos durante más de una hora, con la amenaza de que llegarían los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para ser trasladarlos a la sede de dicho cuerpo castrense.

 

  • El 20 de noviembre, la coordinadora de milicianos[4], Marilú Damato, intimidó a los periodistas que cubrían una protesta del personal de salud a las afueras del Hospital Materno Infantil «Dr. José Gregorio Hernández» en Acarigua, Portuguesa. La funcionaria además de insistirle a los periodistas que se retiraran del lugar, grabó con su teléfono celular a María Gabriela Briceño, del Circuito Regional de Noticias, Mariangel Moro Colmenárez y Jesús Fonseca[5] de Venezolanos por la Información (VPITV), cuando daban cobertura a la protesta que médicos y enfermeras realizaban exigiendo las mejoras de sus condiciones laborales.

Los medios de comunicación representan el 11% del total de víctimas; destacaron medidas de cierre, bloqueos, amenazas y procedimientos administrativos, en su mayoría carentes de transparencia. Igualmente en varias ocasiones la inestabilidad del sistema eléctrico provocó la salida del aire de al menos cuatro emisoras radiales en los estados Mérida[6] y Bolívar[7].

Las violaciones registradas en contra de particulares representan el 9% del total de víctimas. Cabe destacar que este sector acumula la mayor cantidad de detenciones arbitrarias. Un ejemplo fue el caso de Darelis Corales, detenida el 27 de marzo, tras el allanamiento de su vivienda en Araure, estado Portuguesa, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Esto ocurrió tras haberle enviado un mensaje de texto vía Whatsapp a Debora Menicucci, esposa de Maikel Moreno, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Corales fue presentada en tribunales por delitos de odio.

Los principales victimarios durante el 2020 fueron los cuerpos de seguridad, responsables del 43% de los casos registrados. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) acumula 78 casos; le sigue la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) con 21 casos y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 19.

El 20% de los casos fueron provocados por acciones de las instituciones del Estado. Al menos en 31 ocasiones la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) fue la responsable de restricciones a contenidos web, así como de fallas de conectividad que impidieron que la ciudadanía tuviese acceso a información noticiosa mediante el uso del internet, estas últimas se registraron en 10 oportunidades, afectando así a gran parte del territorio nacional. Complementan la lista, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), con 19 casos y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) con 11.

Lugares de ocurrencia

Con relación a la ubicación geográfica de los casos registrados, el Distrito Capital es la región del país que registró mayor número de casos durante el 2020. Esto se debe principalmente a que esta es la sede de los poderes públicos, lo cual genera una intensa actividad noticiosa. Los estados Lara, Zulia, Vargas y Mérida completan la lista de los cinco estados con mayor cantidad de casos registrados.

 

Marco teórico metodológico

El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

 

[1] Espacio Público, 12 de febrero de 2020. Al menos 12 periodistas fueron agredidos por simpatizantes del chavismo en Maiquetía. Recuperado en http://espaciopublico.ong/al-menos-12-periodistas-fueron-agredidos-por-simpatizantes-del-chavismo-en-maiquetia/

[2] Espacio Público, 24 de marzo de 2020. Policías del estado Sucre impidieron el paso a periodista de Crónica Uno. Recuperado en http://espaciopublico.ong/policias-del-estado-sucre-impidieron-el-paso-a-periodista-de-cronica-uno/

[3] Espacio Público, 6 de junio de 2020. Detienen al equipo de VPI TV por hacer encuestas en una gasolinera. Recuperado en http://espaciopublico.ong/detienen-al-equipo-de-vpi-tv-por-hacer-encuestas-en-una-gasolinera/

[4] La milicia es un componente de la fuerza armada nacional, creado en 2005, e integrado por civiles.

[5] Espacio Público, 20 de noviembre de 2020. Miliciana intimidó a periodistas durante la cobertura de una protesta. Recuperado en http://espaciopublico.ong/miliciana-intimido-a-periodistas-durante-la-cobertura-de-una-protesta/

[6] Espacio Público, 17 de abril de 2020. Fallas eléctricas dejan fuera del aire a dos emisoras de radio en Mérida. Recuperado en http://espaciopublico.ong/fallas-electricas-dejan-fuera-del-aire-a-dos-emisoras-de-radio-en-merida/

[7] Espacio Público – (@Espaciopublico), el 4 de mayo de 2020, en Twitter. Recuperado en https://twitter.com/espaciopublico/status/1257315672008175623

[1] Espacio Público, 1 de abril de 2020. Funcionarios de la GNB detienen al abogado de la ONG Movimiento Vinotinto Recuperado en http://espaciopublico.ong/funcionarios-de-la-gnb-detienen-al-abogado-de-la-ong-movimiento-vinotinto/

[2] Espacio Público, 7 de abril de 2020. Detienen a bioanalista por publicar posible caso de Coronavirus

Recuperado en http://espaciopublico.ong/detienen-a-bioanalista-por-publicar-posible-caso-de-coronavirus/

[3] Espacio Público, 25 de junio de 2020. Tribunal militar del estado Lara excarceló a la abogada Eva Leal

Recuperado en http://espaciopublico.ong/tribunal-militar-del-estado-lara-excarcelo-a-la-abogada-eva-leal/

[4] Espacio Público, 31 de julio de 2020. Conatel cierra la emisora Pura Candela 93.3 FM. Recuperado en http://espaciopublico.ong/conatel-cierra-la-emsora-pura-candela-93-3-fm/

[5] Espacio Público, 26 de enero de 2020. Crisis económica obliga a El Caroreño a apagar sus rotativas. Recuperado en http://espaciopublico.ong/crisis-economica-obliga-a-el-caroreno-a-apagar-sus-rotativas/?platform=hootsuite

[6] Espacio Público, 13 de noviembre de 2020. Conatel cerró e incautó los equipos de Rumbera 94.7 FM. Recuperado en http://espaciopublico.ong/conatel-cerro-e-incauto-los-equipos-de-rumbera-94-7-fm/

[7] José Rivas, Alcalde de Tinaco, estado Cojedes, vídeo difundido en la red social Twitter por el periodista Miguel Cardoza el 18 de febrero de 2019. Disponible en https://twitter.com/MiguelCardoza/status/1097330210414960640

[8] Espacio Público, 8 de octubre de 2020. Alcalde de Tinaco amenazó a periodista durante programa radial. Recuperado en  http://espaciopublico.ong/alcalde-de-tinaco-amenazo-a-periodista-durante-un-programa-radial/

[9] Espacio Público, 20 de marzo de 2020. Coronavirus en Venezuela: más preguntas que respuestas. Recuperado en http://espaciopublico.ong/coronavirus-en-venezuela-mas-preguntas-que-respuestas/

[10] Espacio Público, 16 de marzo de 2020. Excarcelan a locutores que difundieron video sobre presuntos casos de coronavirus. Recuperado en http://espaciopublico.ong/excarcelan-a-locutores-que-difundieron-video-sobre-presuntos-casos-de-coronavirus/

[11] Espacio Público, 22 de abril de 2020. Nicolás Maduro hostiga al periodista Sergio Novelli. Recuperado en http://espaciopublico.ong/nicolas-maduro-hostiga-al-periodista-sergio-novelli/

[12] Espacio Público, 16 de abril de 2020. Cantv y Movistar bloquean la web del programa Teleconsultas. Recuperado en http://espaciopublico.ong/cantv-y-movistar-bloquean-la-web-del-programa-teleconsultas/

[13] Espacio Público, 14 de mayo de 2020. Diosdado amenazó a académicos por hacer estudio sobre coronavirus en Venezuela. Recuperado en http://espaciopublico.ong/diosdado-amenazo-a-academicos-por-hacer-estudio-sobre-coronavirus-en-venezuela/

[14] Crónica Uno, 6 de abril de 2020. Privan de libertad a dos personas en Bolívar por reenvío de mensajes en redes. Recuperado en https://cronica.uno/privan-de-libertad-a-dos-personas-en-bolivar-por-reenvio-de-mensajes-en-redes/

[15] Espacio Público, 15 de octubre de 2020. VeSinFiltro denunció la reactivación del bloqueo a 30 sitios web. Recuperado en http://espaciopublico.ong/vesinfiltro-denuncio-la-reactivacion-del-bloqueo-a-30-sitios-web/

[16] Espacio Público, 12 de octubre de 2020. Suspenden el acceso a la página web del medio digital La Gran Aldea. Recuperado en http://espaciopublico.ong/suspenden-el-acceso-a-la-pagina-web-del-medio-digital-la-gran-aldea/

[1] Espacio Público, 1 de abril de 2020. Funcionarios de la GNB detienen al abogado de la ONG Movimiento Vinotinto Recuperado en http://espaciopublico.ong/funcionarios-de-la-gnb-detienen-al-abogado-de-la-ong-movimiento-vinotinto/

[2] Espacio Público, 7 de abril de 2020. Detienen a bioanalista por publicar posible caso de Coronavirus

Recuperado en http://espaciopublico.ong/detienen-a-bioanalista-por-publicar-posible-caso-de-coronavirus/

[1] Se entiende por particulares a todos aquellos ciudadanos que no se dedican profesionalmente a la comunicación y que usan las redes sociales para opinar o difundir informaciones. Integran esta categoría infociudadanos, líderes sindicales, líderes comunitarios, entre otros.

[1] Espacio Público, 7 de febrero de 2020. Enero: golpes a la información política. Recuperado en http://espaciopublico.ong/enero-golpes-a-la-informacion-politica/

[2] Mariana de Barros – (@mdebarrosf), el 16 de marzo de 2020, en Twitter. Recuperado en https://twitter.com/mdebarrosf/status/1239565004623482881

[3] Espacio Público, 30 de julio de 2020. Funcionarios de la PNB intimidan al periodista Franklin Rodríguez Recuperado en http://espaciopublico.ong/funcionarios-de-la-pnb-intimidan-al-periodista-franklin-rodriguez/

[4] Las detenciones pueden ser de corta y larga duración; entre las de corta duración se ubican las retenciones, es decir, cuando la libertad física es restringida durante minutos u horas, pero no se registra traslado a centro de reclusión o procesamiento judicial de la víctima.

[1] Espacio Público, 7 de febrero de 2020. Enero: golpes a la información política. Recuperado en http://espaciopublico.ong/enero-golpes-a-la-informacion-politica/

[2] Espacio Público, 6 de abril de 2020. Marzo: cuarentena informativa en Venezuela. Recuperado en http://espaciopublico.ong/marzo-cuarentena-informativa-en-venezuela/

[3] Espacio Público, 7 de mayo de 2020. Abril: detenciones buscan imponer el silencio. Recuperado en: http://espaciopublico.ong/abril-detenciones-buscan-imponer-el-silencio/

[4] Espacio Público, 4 de junio de 2020. Mayo: confinamiento, intimidación y detenciones. Recuperado en: http://espaciopublico.ong/mayo-confinamiento-intimidacion-y-detenciones/

[1] Fundación Bengoa, diciembre de 2018, Emergencia humanitaria compleja en Venezuela, derecho a la alimentación. Recuperado en: https://www.fundacionbengoa.org/noticias/2019/emergencia-humanitaria.asp

[2] El año 2017 estuvo caracterizado por una ocurrencia masiva de manifestaciones públicas, lo que generó altos niveles de represión en contra de la población civil. Por su parte, el año 2019 estuvo determinado por el colapso del sistema eléctrico nacional y la agudización de la agenda política.

[3] Se entiende por caso la situación o circunstancia en la que se ve vulnerado el derecho a la libertad de expresión, pudiendo registrarse una o varias violaciones por caso.

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