Marzo trajo consigo la implementación de un decreto de alerta ordenado por Nicolás Maduro para enfrentar el Covid-19, con él, un estado de cuarentena que obliga a los ciudadanos a permanecer confinados en sus casas para disminuir la cadena de contagio. Esto supuso tanto para periodistas como ciudadanos el reto de luchar contra las amenazas y restricciones indirectas impuestas desde el gobierno, al que parece incomodar que exista una versión que contraste la oficial.
El registro de casos en el mes de marzo evidencia que violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados y que existe un esfuerzo recurrente de cuerpos de seguridad, instituciones y funcionarios del Estado en limitar el flujo natural de información en contextos de emergencia.
El mes culminó con la documentación de 59 casos que se tradujeron en 120 violaciones a la libertad de expresión, donde la intimidación, la censura y las restricciones administrativas repuntaron el registro como las más frecuentes, en su mayoría relacionadas con la cobertura de la cuarentena, detenciones arbitrarias y censura a través de la prohibición de la difusión de información. De los 71 afectados(as), el 52% son periodistas y reporteros, el 12 % son medios de comunicación y el 15% son trabajadores de la salud y ciudadanos.
Contra los trabajadores del sector salud
Omar Prieto, gobernador del Zulia, amenazó al Director de Postgrado de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), Freddy Pachano luego de que realizara una alerta sobre un posible caso de Coronavirus en Maracaibo, estado Zulia.
En Monagas, el 17 de marzo, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al líder gremial, doctor, Julio Molino luego de que denunciara junto a sus colegas, Carlos Carmona y Maglis Mendoza la situación de salud del estado y del hospital Núñez Tovar, en Maturín.
Los médicos denunciaron que el sistema de salud monaguense y en especial, el hospital Núñez Tovar no se encuentra preparado para atender la emergencia por el Coronavirus, a pesar de que el Gobierno nacional lo decretó como hospital centinela del estado.
El mismo día, pero en Táchira, el enfermero Rubén Duarte, fue detenido por funcionarios de la Dgcim luego de que realizara una denuncia pública sobre la situación del Hospital Central de San Cristóbal, el cual no cuenta con los insumos ni productos de limpieza para atender la emergencia por el Covid-19.
En un video difundido a través de las redes sociales, Duarte exige la dotación de equipo de seguridad para todo el personal hospitalario y desmiente a Freddy Bernal quien más temprano habría asegurado que el centro hospitalario estaba totalmente preparado para recibir a los pacientes.
Al menos 18 detenciones
En el contexto la pandemia se registraron al menos 18 detenciones a personas que realizaban labores de búsqueda, recepción y transmisión de información, un derecho consagrado constitucionalmente. Una de estas fue la del periodista Darvinson Rojas, quien fue aprehendido por funcionarios de las FAES en su residencia el 21 de marzo.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Rojas logró denunciar que los funcionarios llegaron a su casa alegando que debía acompañarlos pues habrían recibido una llamada anónima que informaba que supuestamente estaba contagiado de de Covid-19 y que de no acatar la orden, sería detenido.
La detención se llevó a cabo sin una orden, siendo un procedimiento completamente arbitrario en el que también se llevaron detenidos a los padres de Darvinson; Miriam Sánchez y Jesús Rojas, este último agredido en la cabeza durante el procedimiento. Siendo liberados horas más tarde.
Dos días después, el Ministerio Público (MP) imputó a Rojas por instigación al odio e instigación pública; delitos contemplados en la inconstitucional «ley» contra el odio, en una audiencia realizada el 23 de marzo.
Cobertura de la cuarentena
César Saavedra, camarógrafo de Q’Pasa en Venezuela y CNVE24, fue intimidado por un funcionario de Polichacao cuando cubría el cierre de un local en el municipio Chacao, Caracas. Saavedra estaba registrando la situación con su teléfono celular cuando la policía pedía a los dueños que cerraran el establecimiento pues vendían “insumos de tapabocas y guantes donde no les correspondía”.
El camarógrafo narró lo sucedido: “Una vez que terminé la grabación, yo me aparto y voy a la acera del frente para escribir la nota. El funcionario que aparecía en la foto empezó a preguntarme por qué yo estaba grabando, yo me identifiqué como periodista y expliqué que estaba haciendo la cobertura del cierre del local”1. El funcionario de Polichacao le respondió “tú no puedes estar grabando” y siguió señalándolo de manera “alterada” y con gritos.
Sofía Torres, corresponsal de Factores de Poder, fue intimidada y obligada a borrar la información de entrevistas a personas que compraban insumos médicos y de higiene en Propatria, al oeste de Caracas, como prevención ante los anuncios de cuarentena por el Covid-19. Al terminar de hacer la cobertura, mientras guardaba sus equipos, un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se le acercó para preguntarle qué estaba haciendo.
Torres se identificó como reportera y explicó que estaba haciendo entrevistas sobre las compras, a lo que el efectivo le respondió “tú no tienes que estar grabando, dame el celular porque te voy a borrar todo el material”. La periodista se rehusó a que el militar revisara su teléfono, y le dijo que borraría el material. El efectivo de la GNB supervisó el borrado del material, le exigió que apagara el teléfono y le quitara la batería pues “el único que tenía derecho a informar” era Nicolás Maduro: “me dijo que yo no era nadie para informar porque nosotros somos muy amarillistas, que aquí no estaba pasando nada grave”, explicó Torres en entrevista para Espacio Público2.
Las trabajadoras del portal Crónica Uno, Tairy Gamboa (fotógrafa) y Ariadna García (periodista), también fueron hostigadas por cuatro funcionarios de PoliCaracas, quienes las obligaron a borrar el material que habían grabado tras realizar un recorrido por el mercado de Catia, parroquia Sucre, en donde las personas acudieron para abastecerse de algunos alimentos tras el decreto.
“Después de hacer una foto, se me acerca un PoliCaracas sin identificarse y me pidió mi cédula y mi carnet como también a la periodista y a los dos motorizados que estaban con nosotras. Nos amenazaron con llevarnos al comando si no borrábamos las fotos. Uno de los policías me pidió que las eliminara allí mismo para evitar llevarme hasta el comando. No puse ninguna resistencia”, indicó Gamboa3.
En otro hecho, Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) interrogaron y mantuvieron detenido durante casi una hora al periodista Kerlin Mosquera, del Diario 2001, cuando este realizaba la un recorrido por la ciudad para ver las reacciones de los ciudadanos durante la cuarentena.
La agresión ocurrió en la avenida Urdaneta del municipio Libertador de Caracas cuando el periodista se iba a trasladar al Bloque de Armas, sede del periódico, este martes 17 de marzo.
Escasez de gasolina: una violación indirecta
Internet en cuarentena
Si de por si, la infraestructura del Internet en el país está disminuida por la desinversión la falta de mantenimiento, los apagones hacen que el servicio que reciben los venezolanos sea irregular y ralentizado.
Iniciando el mes de marzo, el observatorio de Internet, Netblocks, informó que los bajones eléctricos que se registraron al final de la tarde del domingo 1ero interrumpieron la conectividad a la red en al menos 14 estados de Venezuela: Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Táchira, Cojedes, Apure, Yaracuy, Lara, Amazonas, Carabobo, Falcón, Zulia y Guárico.
Lamentablemente no fue el único bajón, el pasado 5 de marzo la interrupción del servicio eléctrico en distintos estados afectó la conectividad del servicio de Internet en los estados Táchira, Barinas, Mérida, Trujillo, Portuguesa, Lara, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas y Distrito capital desde las 10:45 am.
La información fue confirmada por el observatorio de Internet, Ve Sin Filtro a través de su cuenta en Twitter, quien luego de 5 horas informó que la falla persistía.
Situación similar se vivió el jueves 19 de marzo, cuando usuarios reportaron a través de las redes sociales bajones de electricidad que les impidió conectarse a Internet. La falla del suministro eléctrico afectó varias zonas de Caracas, Vargas, Guarenas y Guatire, afectando, por supuesto su conexión a Internet y con esto limitando la posibilidad de informarse.
Las restricciones no se quedan aquí, el Internet en Venezuela no escapa de los bloqueos y los ataques. La tarde del 17 de marzo, la Asamblea Nacional anunció la disponibilidad de un portal web para ofrecer información sobre el COVID-19, horas más tarde el principal proveedor de Internet en Venezuela, la empresa estatal CANTV, aplicó un bloqueo por DNS a los sitios web coronavirusvenezuela.info y presidenciave.com, según informó la organización VE sin filtro.
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, anunció a través de Twitter la disponibilidad del portal con información sobre el COVID-19 la tarde, sin embargo, menos de 24 horas después el Gobierno impuso “un bloqueo HTTP y HTTPs (aplicando filtrado por SNI)” para limitar el acceso al sitio, que redirigía a una sección de la web presidenciave.com, también bloqueada.
Recordamos que el estado de emergencia anunciado por Nicolás Maduro no puede ser utilizado para evitar la circulación de información, imponer la censura previa, interferir, o generar presión directa e indirecta sobre cualquier expresión o difusión respecto a la emergencia sanitaria. Es deber del Estado priorizar la información relacionada con el Coronavirus en Venezuela, esto significa no solo permitir, sino garantizar el flujo de información sobre el tema en distintos medios, además de estimular debate público sobre una situación que es de vital importancia para todos los ciudadanos.
Referencias
