El Covid-19 (o coronavirus) es un virus que causa afectaciones respiratorias severas, y en algunos casos puede ser mortal. El brote se originó en China a finales de 2019, su rápida capacidad de propagación lo convirtió en una pandemia, es decir, que está en varios países de forma simultánea y suma más de 100 mil contagios. En situaciones de riesgo masivo, los Estados están en la obligación de ofrecer información oportuna para que las personas puedan tomar decisiones y saber qué hacer al respecto, poder prevenir y responder de la forma más adecuada.
Desde el mes de enero, cuando se dio a conocer la existencia del Covid-19, comenzó a circular información difusa y rumores, principalmente a través de internet, en torno a los síntomas, las formas de contagio, mecanismos de prevención y la tasa de mortalidad del virus, generando gran desinformación al respecto. En el caso venezolano, esta situación se ha visto acentuada por las amenazas y restricciones indirectas impuestas desde el gobierno nacional, lo cual, lejos de disipar los rumores y generar certezas, incrementan la incertidumbre ante la poca información oficial.
Versiones oficiales
El 27 de febrero Nicolás Maduro creó la Comisión Permanente para el Seguimiento y Control del Coronavirus 1, presidida por Delcy Rodríguez. En la misma alocución, Maduro anunció que se iniciaría una campaña para dar a conocer qué es el coronavirus y cómo prevenirlo “en las casas, las escuelas, fábricas, en los centros de trabajo y en las calles”. Además aseguró que el sistema de salud venezolano está en condiciones para enfrentar el virus, que calificó como “ataque”.
El 8 de marzo, la Comisión hizo una declaración pública en la cual no admitieron preguntas de la prensa y donde Delcy Rodríguez 2, aseguró que en Venezuela “felizmente no existe ocurrencia del coronavirus” al tiempo que informó que existe una “vigilancia y control muy estricto en todos los puntos de acceso a nuestro país”. En la transmisión realizada por Venezolana de Televisión, Rodríguez sostuvo que el Ministerio del Poder Popular para la Salud distribuyó el protocolo clínico de actuación a todos los centros, tanto públicos como privados, destacando la articulación existente entre ambos sistemas de salud, en coordinación con el Centro de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Higiene, ente encargado de los diagnósticos a nivel nacional.
El Ministro de Salud, Carlos Alvarado, ha aseverado en varias oportunidades que el sistema de salud pública de Venezuela se encuentra en condiciones para hacer frente a la llegada del coronavirus, sin ofrecer mayores detalles, y que ante la ausencia de casos confirmados trabajan en campañas informativas de prevención del virus 3. El ente dio a conocer una lista de 45 centros de salud “centinelas”, los cuales están dotados y su personal capacitado, para recibir pacientes con la enfermedad.
El 13 de marzo el gobierno admitió la existencia de los dos primeros casos confirmados. Ese día Maduro declaró el estado de alarma nacional, lo que implicó la suspensión de clases a todos los niveles y la prohibición de ingreso al transporte público sin protección facial. A pesar de ser una facultad del Poder Ejecutivo, la declaratoria de estado de excepción exige dos requisitos constitucionales para gozar de legitimidad: ser aprobado en Consejo de Ministros y ser publicado en Gaceta Oficial, sin embargo para la fecha de la alocución el documento no era de dominio público.
Un día después, el 14 de marzo, Jorge Rodríguez confirmó el diagnóstico positivo con coronavirus de ocho personas más y fueron suspendidos los vuelos por 30 días desde República Dominicana y Panamá; en esa oportunidad Rodríguez declaró que dos casos eran de transmisión local.
El 15 de marzo Maduro anunció la detección de siete casos más, con un total de 17 verificados; se anunció una cuarentena colectiva aplicable desde el día siguiente con cese de actividades laborales y educativas, excepto distribución de alimentos, salud, transporte y seguridad. La noche del 16 de marzo la cifra se eleva a 33, con 16 nuevos casos. En esta oportunidad, Maduro indicó que todos lo casos eran de personas que llegaron de Europa y Colombia, aunque dos días antes se habló oficialmente de dos casos de contagio local. Se indicó que de los 33, 18 eran mujeres y 15 hombres.
El 17 de marzo se hace pública la Gaceta Oficial con la declaratoria de estado de emergencia, cuatro días después de su entrada en vigencia de facto, y aparece con fecha 13 de marzo; se suman tres casos y se permite el ingreso al sistema metro y ferrocarriles solo para quienes laboran en áreas de excepción: salud, transporte, telecomunicaciones y servicios básicos. El 19 de marzo se confirmaron seis casos con un total de 42 personas contagiadas en siete días.
Pese a que en distintas oportunidades funcionarios gubernamentales han ofrecido declaraciones sobre la pandemia, no se dan detalles de la evaluación de casos potenciales o la situación de los pacientes diagnosticados; la generalidad y la repetición de información resta el carácter oportuno y actualizado que se amerita en contexto crítico, lo que contribuye a la opacidad existente en torno al tema en Venezuela.
La represalia por informar u opinar
Desde mediados del mes de febrero se comenzaron a registrar violaciones 4 a la libertad de expresión vinculadas a la difusión de noticias y opiniones sobre el virus Covid-19 en Venezuela. Hasta la fecha se han contabilizado 18 casos 5 con un total de 22 víctimas, entre las cuales se encuentran 10 periodistas, cinco trabajadores de la salud, tres medios de comunicación, tres reporteros gráficos y una página web. En cuanto al número de violaciones, se registraron siete censuras, siete detenciones, seis intimidaciones, cuatro amenazas, tres hostigamientos judiciales, dos restricciones administrativas, dos hostigamientos verbales y una agresión.
El 21 de febrero, la periodista Gregoria Díaz 6 publicó en su cuenta Twitter información sobre un paciente con síntomas de gripe que habría sido ingresado al Hospital Militar de Maracay al cual se le realizaron estudios para descartar el virus. Luego de la publicación, la alcaldesa del municipio Mariño, Joana Sánchez, hostigó a la periodista a través de redes sociales, acción que fue replicada desde cuentas anónimas identificadas con el oficialismo.
La instigación por parte de los funcionarios del Estado, no se limita al plano virtual. El 9 de marzo el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, amenazó al Director de Postgrado de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), Freddy Pachano 7 luego de que realizara una alerta sobre posibles casos de coronavirus en la ciudad de Maracaibo. Las amenazas fueron efectuadas durante una rueda de prensa, en donde aseguró que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se encargaría de investigar las declaraciones del Dr. Pachano.
Durante estas acciones de hostigamiento contra quienes ofrecían información u opinaban sobre la situación, las autoridades públicas no dieron cuenta de casos potenciales en estudio. Sin embargo, el 10 de marzo, en una transmisión obligatoria durante la celebración del Día de Médico en el país, Nicolás Maduro indicó el descarte de unos 20 casos sospechosos, que no fueron notificados oficialmente en los días previos, dos días después en otra alocución indicó que llegaron “unos 30 casos a nivel nacional desde hace 3 semanas”.
Luego de que Maduro admitiera públicamente la detección de casos de Covid-19 en territorio venezolano, las restricciones escalaron, lo que obstaculiza notablemente la cobertura de los hechos en relación a la pandemia. Esta situación recrudeció, luego de que fue decretada la cuarentena colectiva, desde ese momento se han registrado la mayoría de las limitaciones.
Tal fue el caso del líder gremial, Dr. Julio Molino 8, quien fue detenido el 17 de marzo, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) luego de que denunciara, en compañía de Carlos Carmona y Maglis Mendoza, la situación del sistema de salud en el estado Monagas. Tras la detención de Molino, funcionarios del Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) buscaban a Carmona y a Mendoza. Se conoció que a Molino le fue dictada una medida privativa de libertad con arresto domiciliario, fue imputado por “incitación al odio”, “incitación al pánico y zozobra a la comunidad”.
Como consecuencia de las medidas implementadas, el 16 de marzo, la periodista Mariana de Barros 9 denunció que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) impidieron su ingreso a la ciudad de Caracas. A pesar de que mostró su carnet y el video del ministro Padrino López, donde exceptúa a los medios de comunicación de la cuarentena, la respuesta del GNB fue que Barros debía devolverse, ya que no estaba exceptuada de la medida.
La obligación de informar
El acceso a la información pública en Venezuela es la excepción. Las diferentes instancias del sector gubernamental niegan información con frecuencia lo que convierte a la opacidad en una política de Estado. La falta de información sobre la gestión pública y sus consecuencias afecta la pertinencia y la eficiencia de los programas y servicios, vinculados a necesidades básicas, como acceso al agua potable, luz eléctrica o al gas doméstico. En un contexto donde la institucionalidad no ofrece garantías a los derechos humanos, el silencio del Poder Público procura ocultar no solo sus deficiencias, sino su responsabilidad en una crisis estructural.
La Constitución Nacional establece que la ciudadanía tiene derecho a la información por parte de la administración pública 10, y de igual forma reconoce el derecho de dirigir peticiones ante cualquier autoridad y obtener respuesta oportuna y adecuada 11. Sin embargo, de las 279 solicitudes de información hechas por Espacio Público entre 2016 y 2018, la mayoría relacionadas con suministro de agua, seguridad ciudadana y derecho a la vivienda; el 97% no fueron respondidas.
Esta tendencia a la opacidad incluye los temas de salud.
En 2014 el Ministerio de Salud dejó de publicar los boletines epidemiológicos, reportes semanales que dan cuenta del estado de enfermedades transmisibles como mecanismo de vigilancia, control y prevención. Tres años después la ministra a cargo fue destituida luego de la difusión de boletines de los años 2016 y 2017, los datos mostraban aumentos de la mortalidad infantil así como de los casos de malaria y difteria. Para la fecha, aún los reportes de años anteriores y del periodo en curso no han sido publicados.
El Poder Judicial convalida prácticas y medidas que promueven la opacidad. Tras una denuncia interpuesta contra el Ministerio por la falta de respuesta sobre el presupuesto destinado al área de salud, el máximo tribunal del país calificó de “abusiva” la petición, al considerar que entorpece el normal funcionamiento de la administración pública por recargala innecesariamente 12. Para el Estado venezolano, contrario a lo establecido en la legislación nacional, el acceso a la información no es considerado como un derecho y menos una prioridad.
Ante las serias restricciones existentes, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó al Estado venezolano 13 adoptar medidas para el libre acceso a la información sobre los procesos vinculados a la gestión pública, hacer efectivos los mecanismos de rendición de cuentas y establecer esquemas funcionales para la difusión de información vinculada a programas sociales e indicadores sobre derechos económicos y sociales, que incluye la salud.
De las 35 solicitudes de información realizadas en 2019 por Espacio Público, 28 no fueron contestadas. Dos se respondieron inadecuadamente; una a la Cruz Roja sobre distribución de ayuda humanitaria 14, el ente solo remitió a la página web; la segunda fue al Hospital Clínico Universitario, en relación a los efectos de la falla eléctrica del 12 de enero de 2019, el centro médico solicitó el acta constitutiva de la organización, lo que no es un requisito legal para pedir información.
Se sostiene una política de opacidad que afecta las garantías de derechos fundamentales, por ejemplo, si no se conoce el número de personas contagiadas con malaria, no es posible establecer respuestas efectivas y contundentes para evitar la propagación y brindar la atención adecuada. A esto se suma la persecución hacia quienes ofrezcan información o datos, existen esquemas deliberados que buscan mantener la opacidad incluso a costa de la integridad de los trabajadores públicos que estén dispuestos a hablar sobre las precarias condiciones laborales.
¿Qué debemos saber?
Toda persona tiene derecho a preguntar y a recibir respuestas oportunas sobre temas de interés público vinculado al desarrollo y despliegue del Covid-19, a fin de tomar decisiones oportunas y seguir las recomendaciones sanitarias adecuadas para prevenir, evitar la propagación así como conocer las acciones estatales para ejercer contraloría.
El 12 de marzo, Espacio Público entregó una petición de información a diferentes organismos de salud 15 en la que consulta, entre varios aspectos, sobre los mecanismos de coordinación para responder ante la presencia del virus. Al respecto pregunta detalles sobre: presupuesto destinado y ejecutado para la prevención y respuesta; prioridades, criterios y asignación de los recursos; la cantidad de pruebas disponibles para poder diagnosticar el virus COVID-19. Por otra parte se consultó sobre los mecanismos de recolección y difusión de datos sobre la presencia del virus y los mecanismos para dar información certera sobre riesgo, gravedad, progresión y así como el tratamiento de la enfermedad. La solicitud de información debe ser respondida en 20 días hábiles.
¿Qué podemos hacer?
La información es el insumo principal para la toma de decisiones. Esto se hace más evidente en situaciones como la que vivimos. Hoy, lo que hacemos a partir de los datos a los que accedemos tiene implicaciones en nuestra salud particular y en el bienestar de nuestro entorno.
La pandemia exige información de calidad. Y esto supone un doble reto. El primero es frenar la circulación de informaciones falsas, que se ha potenciado con el alcance de la red informática mundial. El segundo, de naturaleza local, sortear las dificultades para comunicarse: Internet inestable, problemas con la señal de televisión abierta y apagones eléctricos.
Ambas desafíos demandan un rol activo de parte de la ciudadanía (usuarios/consumidores): cada persona puede discernir sobre el contenido que recibe y no difundir informaciones que identifique como falsas o sospechosas.
Para concretar este “filtrado de contenido” te recomendamos cuatro acciones que puedes incorporar a tu rutina informativa (televisión, radio, periódicos donde los hay; conversaciones; Internet): Detente, Duda, Busca y Coopera.
DETENTE
Las informaciones falsas tienen el objetivo de generar una respuesta emocional que te impulse a difundirlas de manera inmediata, sin pensar.
¿Lo que lees, escuchas o ves te sorprende, te genera repulsión, indignación, alarma, sensación de peligro? Tómate un minuto para pensar más allá de tu emocionalidad. Especialmente en momentos de efervescencia.
Ejemplo:
¿Recibiste este mensaje que corrió por WhatsApp a través de un familiar o vecino? Hace un mes este texto no se hubiera hecho viral, pero durante una cuarentena en medio de una crisis humanitaria compleja, juega con la esperanza de algunos. Hasta el momento “no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019” según la Organización Mundial de la Salud.
DUDA
Debemos valorar de forma crítica las informaciones que nos comparten. Pregúntate: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, tanto en la forma y como en el fondo.
Sobre la forma: qué estoy viendo, escuchando o leyendo; quién me transmitió esta información; cómo me llegó la información; cuándo me lo pasaron y por qué/para qué recibo esta información.
Sobre el fondo: qué pasó, quiénes están involucrados, cómo y cuándo sucedieron las cosas, cuáles fueron las causas y/o las consecuencias.
BUSCA
Desarrolla el hábito de investigar. A las preguntas hechas (en el duda) hay que darles respuesta; apóyate en los recursos que tengas a la mano, en el mundo digital y presencial.
¿Alguien que conoces, está en el lugar de los hechos y te puede proveer información de un momento?, ¿en tu entorno hay alguna persona que maneje el tema y pueda aportar criterios de verdad?
Dependiendo del formato del contenido, puedes ayudarte en distintas herramientas digitales que facilitan comprobar lo que te hizo dudar.
Para informaciones sobre el Covid-19, consulta:
Página web de la Organización Mundial de la Salud (OMS): https://www.who.int/es. Apartado Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19): https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
Sitio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): https://www.paho.org/es. Apartado Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19): https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
COOPERA
Compartir tus hallazgos es necesario para contrarrestar la desinformación.
No difundas informaciones que puedas identificar como falsas y si lo hiciste, advierte a otros cuando te enteres que no eran ciertas. Utiliza para la rectificación los mismos medios que empleaste en la difusión del contenido falso. Errar es de humanos, rectificar de sabios.
Si sospechas que una información es falsa y no puedes investigar, hazla llegar a los equipos de verificación que existen en el país:
| Nombre de la iniciativa | Página Web | Contacto |
| Cazadores de Fake News | https://cazadoresdefakenews.info/ | #ForoCazadores (en Telegram): |
| Cocuyo Chequea | https://efectococuyo.com/category/cocuyo-chequea/ | chequea@efectococuyo.com |
| Cotejo | https://cotejo.info/ | |
| Es Paja | https://espaja.com/ | WhatsApp:0424-1981060 |
| Observatorio Venezolano de Desinformación de la UCV | @ObserVeUcv | |
| Observatorio Venezolano de Fake News | https://fakenews.cotejo.info/ | observatoriofnredes@gmail.com |
Las iniciativas se presentan en orden alfabético. Cuadro elebaorado por Débora Calderón y Fátima Arévalo.
Referencias
