Internet amurallado: acceso restringido en Venezuela

Por Andrea Garrido, Ivahnova González, Eduardo Lovera.¹– En medio de una tensa situación política, registrada principalmente durante el primer trimestre de 2019, se masificaron los bloqueos y las restricciones en Internet impuestas desde el Estado y principalmente desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv), impidiendo el acceso a plataformas digitales, medios de comunicación y redes sociales. El período comprendido entre enero y marzo acumuló el 45% de los casos registrados por Espacio Público durante todo el 2019.

Del total de violaciones en Internet², registradas durante 2019, el 17% corresponde a bloqueos por HTTP/SNI, un 15% a bloqueos (sin especificar tipo), 13% a los bloqueos por TCP, 12% a ataques cibernéticos, 8% a hostigamientos verbales, 8% a bloqueos por IP, 7% a amenazas, 6% a hostigamientos judiciales, 5% a bloqueos por DNS, 4% a caídas, 3% bloqueos masivos y un 2% a restricciones administrativas.

En términos generales, los bloqueos y ataques informáticos experimentaron un incremento importante, pasando de 48 violaciones en el año 2018 a 112 en 2019, lo que significa un incremento del 133% en el número total de bloqueos y ataques informáticos. Principalmente estas restricciones estuvieron dirigidas a medios de comunicación digitales, con el objetivo de impedir la difusión de contenido noticioso. En la gran mayoría de los casos las medidas coincidieron con protestas masivas en contra de Nicolás Maduro o anuncios de miembros de la Asamblea Nacional³, lo que deja ver que la motivación de las medidas impuestas por la estatal Cantv es de carácter político y no jurídico. La ausencia de órdenes judiciales en respaldo a dichos procesos reafirma la hipótesis.

Contrario a lo que se evidencia en años previos, durante 2019 la mayoría de los bloqueos a sitios web fueron por filtrado SNI⁴ y TCP⁵, lo que demuestra que las modalidades implementadas al momento de ejecutar bloqueos en línea cada vez son más sofisticadas. Esto, sumado al evidente incremento de casos, demuestra una clara intención censora que busca principalmente restringir la pluralidad informativa.

Los ataques cibernéticos se dieron principalmente en contra de medios de comunicación y plataformas digitales asociadas al ámbito político. Destaca el caso del portal de periodismo de investigación Armando.Info⁶, el cual recibió ataques informáticos el 1 de diciembre, luego de que hicieran pública una investigación en la que se señalaba a varios diputados de la Asamblea Nacional, como parte de una red de corrupción vinculada al oficialismo. 

Las incidencias registradas en el ámbito digital no se limitan a bloqueos y ataques cibernéticos, también incluyen casos de amenazas, hostigamiento verbal y hostigamiento judicial en contra de medios de comunicación, periodistas y ciudadanos por ejercer su derecho en la web. En el caso de las amenazas en internet, la mayoría fueron dirigidas a periodistas de forma anónima, a través de redes sociales. Igualmente en el caso de los hostigamientos verbales, las principales víctimas fueron los periodistas, pero en este caso los victimarios fueron, en su mayoría, funcionarios gubernamentales. 

En paralelo, la intimidación y el hostigamiento judicial en línea en contra de periodistas, particulares y medios de comunicación digitales son cada vez más frecuentes. Durante el año 2019 se registraron cuatro detenciones por la difusión de información a través de internet: el 11 de marzo, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a Luis Carlos Díaz⁷ por difundir un video a través de sus redes sociales en donde respondía la pregunta de un internauta sobre qué hacer en caso de un blackout informativo. Horas después de su detención, el cuerpo de inteligencia realizó un allanamiento en la vivienda de Díaz, de donde se llevaron 4 teléfonos celulares, 3 laptops, 1 disco duro y dinero en efectivo, entre otros objetos personales. Luego del proceso arbitrario, la audiencia de presentación del periodista se realizó en horas de la noche del 12 de marzo, cuando fue excarcelado bajo medidas cautelares, mediante las cuales le impusieron prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso y régimen de presentación.

El 1 de junio fue detenida Karen Palacios⁸, de 25 años de edad, luego de que denunciara en su cuenta de Twitter que había sido despedida de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela por haber firmado a favor del referendo presidencial que impulsó la oposición venezolana en el año 2016. Palacios permaneció detenida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) durante 46 días por “instigar al odio en redes sociales”. Fue excarcelada la noche del 16 de julio. 

El tercer caso fue el del periodista Wilmer Quintana⁹, quien fue detenido por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), luego de que denunciara a través de su cuenta de Facebook al gobernador del estado Guárico, José Manuel Vásquez, por irregularidades en la distribución de los alimentos a cargo de los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP) y del servicio de gas doméstico.

Por último, Ana Belén Tovar¹⁰, gerente de Entorno Inteligente, quien fue detenida el 19 de noviembre, luego de un allanamiento a la sede del medio de comunicación digital, realizado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Trascendió que la detención de Tovar fue a propósito de la publicación de información asociada a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

De igual forma resalta el caso del portal de noticias La Patilla¹¹, medio de comunicación digital que fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a pagar 30.000 millones de bolívares al presidente de la ilegítima asamblea nacional constituyente (ANC), Diosdado Cabello, por “daño moral e injuria”. La sentencia emanada de la Sala de Casación Penal señala que la demanda por daño moral contra La Patilla se mantiene, teniendo que resarcir el monto multimillonario en un lapso de “ejecución voluntaria” fijado por un juez de Primera Instancia, y advierte que de no ser cancelado en el tiempo estipulado “será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado”.

El accionar del Estado venezolano dista de lo expuesto en la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. El organismo exhorta a los Estados miembros a enfrentar los problemas de seguridad registrados en la red de redes con el propósito de garantizar la libertad de opinión y expresión en línea¹². Por el contrario, en el caso venezolano, paulatinamente se han generado mayores restricciones en este sentido.  

Implicaciones y consecuencias en el contexto del ecosistema de medios tradicionales

Distintos organismos estatales imponen medidas que tienen como finalidad limitar la difusión de ciertos contenidos a través de Internet, bien sea a través de bloqueos a sitios web o mediante amenazas y hostigamiento judicial; además persiguen la intención de afianzar la hegemonía comunicacional del Gobierno. Durante las últimas dos décadas, la presencia y poder del Estado venezolano dentro del ecosistema de medios tradicionales se incrementó exponencialmente. No solo con la creación del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (SiBCI) en el año 2006, sino también con el cierre sistemático de canales de televisión, emisoras de radio e impresos, motivo por el cual Internet se ha convertido en la principal ventana para informar e informarse, así como un espacio idóneo para la denuncia social. 

Las medidas impuestas en el plano digital solo buscan reforzar el discurso oficial, restringir el derecho a recibir información que tienen los venezolanos y criminalizar la difusión de denuncias a través de las redes sociales. Para 2019, las instituciones del Estado fueron las responsables del 60% de los casos de violación a la libertad de expresión en Internet, seguidos por los atacantes informáticos, quienes acumulan el 17%. 

Sumado a esto, las frecuentes fallas del servicio eléctrico nacional han ocasionado importantes deficiencias en la prestación del servicio de Internet. Durante 2019 se registraron al menos cinco apagones nacionales que afectaron a la gran mayoría de los estados del territorio venezolano de manera simultánea. Sin embargo, este fenómeno se evidencia principalmente en las regiones del interior del país, en donde los apagones eléctricos son más frecuentes que en el Distrito Capital. 

En líneas generales, estas modalidades restrictivas atentan contra el marco internacional que rige en materia de Derechos Humanos, el cual obliga a los Estados a garantizar la diversidad de medios de comunicación y, en consecuencia, la pluralidad informativa, realidad que permanece ausente en el caso venezolano.

En tal sentido, el Estado venezolano no solo vulnera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como de recibir informaciones y opiniones sin limitaciones de ningún tipo¹³; sino también el Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión, el cual determina que los Estados tienen la obligación de evitar el monopolio público o privado en la propiedad de los medios de comunicación, al tiempo que les recomienda promover el libre acceso a licencias de radio y televisión a distintos grupos de la sociedad¹⁴.

Bloqueos masivos de Internet 

En los últimos años, el brazo de la censura se ha expandido e intensificado en el país. Venezuela fue testigo de cómo sus servicios de noticias e informativos fueron sometidos a un cerco de censura sin precedentes en nuestra historia reciente, con el único fin de restringir la libertad de expresión.

En un breve recuento, el historial de intimidación y censura empezó con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión¹⁵ por parte de la Asamblea Nacional, cuya vigencia comenzó en diciembre de 2004. La ofensiva incluía un mayor control de las libertades en radio y televisión de un abanico amplio de contenidos. En diciembre de 2010 la Ley es reformada y sufre algunas modificaciones importantes, que incluyeron cambios en el nombre y amplió su rango de acción a los medios electrónicos e Internet. Para el año 2010, la ley comenzó a llamarse Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos¹⁶.

Frente a la sanción de este instrumento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresó profunda preocupación por la aplicación de esta ley y su ampliación al espectro de los medios electrónicos; asimismo, estimaron que la aplicación de estas medidas “implican un muy grave retroceso para la libertad de expresión que afecta principalmente a los grupos disidentes y minoritarios que encuentran en Internet un espacio libre y democrático para la difusión de sus ideas¹⁷”. 

A mediados del año 2006, durante el mandato del entonces Presidente de la República Hugo Chávez Frías, se informó que la concesión del canal de señal abierta Radio Caracas Televisión (RCTV) no sería renovada por las posturas tomadas durante los sucesos acontecidos en el golpe de Estado del año 2002. Esta acción no derivó de una decisión judicial sino del criterio unilateral del Poder Ejecutivo. El 27 de mayo de 2007 sale del aire uno de los canales más icónicos de la historia de la televisión venezolana; esta situación, acabó con 54 años de transmisión ininterrumpida. Las arbitrariedades por parte del Gobierno dejaron ver un esquema de supresión de derechos que se fortaleció progresiva y sistemáticamente.

Las prácticas erosivas hacia la libertad de expresión continuaron, destaca el 12 de febrero de 2014, cuando por mandato de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), se ordena el bloqueo de las señales internacionales del canal de noticias colombiano NTN24. Ese mismo año se observó algo novedoso: el bloqueo del portal argentino de noticias Infobae, un hecho que representó el inicio de un esquema de restricciones al libre acceso a Internet que alimentó el cerco informativo ya existente en el país.  

Dentro de la lógica y patrón de censura implementado por el Gobierno, la ola de bloqueos se mantuvo hacia las cadenas internacionales de televisión y se expandió hacia el mundo digital, ya que los venezolanos comenzaron a experimentar restricciones en el ecosistema de medios de Internet locales e internacionales. Medios como La Patilla, El Pitazo y El Nacional, de carácter informativo y noticioso fueron víctimas de bloqueos, otros medios de contenido sexual, como Youporn y PornHub, así como el buscador Google, la plataforma de videos YouTube y redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter también fueron alcanzados por las restricciones ilegales, opacas y ambiguas desarrolladas por el Gobierno. 

Sin embargo, este esquema de bloqueos y regulaciones en el acceso a la información, principalmente en la red, se ha observado desde mucho antes. La estrategia gubernamental para restringir los contenidos que circulan en la web y cercenar la libertad de expresión se evidenció en el año 2009, cuando Luisa Ortega Díaz, fiscal de la República durante el mandato del presidente Hugo Chávez, presentó un proyecto de ley que solicitaba la regulación del “derecho a la libertad de expresión”¹⁸.  

La máxima autoridad del Ministerio Público venezolano de aquel entonces también manifestó que “el Internet no puede ser un espacio sin ley, todas las actividades que ocurran en el territorio nacional deben estar sometidas a una regulación legal, en consecuencia, el Internet no escapa a ello, le corresponderá a la Asamblea Nacional legislar sobre la materia”¹⁹. Si bien el proyecto hablaba de la “necesidad” de limitar la actividad en la web y de crear responsabilidades, también aumentaba la cantidad de delitos y acusaciones en contra de aquellos que se atrevieran a expresarse libremente. 

Otros registros sugieren que durante el año 2010, la Cantv bloqueó el acceso a la plataforma de publicación WordPress, y al portal Noticiero Digital. La información se conoció gracias a las denuncias realizadas por los mismos usuarios, quienes reportaron las dificultades para acceder a los servicios de estas páginas, a través del prestador de servicio nacional²⁰. 

Todas estas situaciones evidencian cómo la mayoría de los venezolanos deben esquivar las diversas fallas y dificultades para acceder al servicio: las conexiones lentas, bloqueos y fallas en el servicio eléctrico interrumpen el acceso a Internet, socavan las libertades y violentan los derechos. Los ciudadanos ven cómo el abanico informativo cada vez es más limitado y cómo los espacios para el debate público se cierran con mayor frecuencia. 

Dentro de este contexto restrictivo, el Gobierno especializó los mecanismos para fomentar la censura, la autocensura, y para suprimir la libertad de expresión; adoptan formas de marcos jurídicos y leyes con rango constitucional para continuar quebrando los principios democráticos de la libertad de expresión. Es así como nace la llamada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que fue aprobada por la ilegítima ANC y publicada en Gaceta Oficial el día 8 de noviembre de 2017²¹.

De acuerdo con Nicolás Maduro, el propósito de la ley es “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos²²”. No obstante, Espacio Público expresó que la ley contra el odio, es una herramienta jurídica que persigue “silenciar y castigar opiniones que resulten incómodas para el Estado. Esto resultaría en el empeoramiento de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión mediante una pretendida legalización de prácticas restrictivas ya en desarrollo: bloqueos de sitios informativos, detenciones arbitrarias, amenazas orientadas a inhibir el debate, la denuncia, el cuestionamiento abierto del Gobierno, sus funcionarios y prácticas²³”. Lo grave de la situación es que la ley viene con fallas de origen porque “nace en el seno de una institución ilegítima”.

Al respecto, la CIDH se pronunció y mostró gran preocupación por la aprobación de esta ley que establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión²⁴”.

Estos hechos sin duda demuestran la grave crisis que atraviesa el mapa mediático nacional y el decrecimiento del sector. El acoso y la persecución a las voces críticas se extiende a todos los espacios, no solo al ecosistema de medios físico sino a los virtuales, lo que provoca un socavamiento de las garantías constitucionales de la ciudadanía y un retroceso en materia de derechos humanos. 

Las restricciones son aplicadas por diferentes proveedores de Internet (ISP), que deben cumplir las regulaciones impuestas por Conatel. La oferta de servicio puede ser amplia: algunos ISP ofrecen servicios que incluyen acceso a Internet, registro de dominio, alojamiento del dominio, acceso de conexión dial-up, acceso de la línea arrendada y co-ubicación. 

Actualmente, el mapa de proveedores nacional contabiliza 21 proveedores de Internet en el ámbito nacional. El principal sigue siendo la estatal Cantv, seguido de Inter con la mayor cobertura en el país. Los principales proveedores del servicio de Internet en Venezuela son:

1. ABA de Cantv
2. Inter
3. Digitel
4. Movistar
5. Supercable
6. Net Uno
7. Cable Hogar
8. IFX Networks
9. Gold Data 
10. Ateweb. 
11. Etheron
12. Netcom de Venezuela Ingeniería, S. A.
13. RapidNet Service, C. A.
14. Servicios OMNES de Venezuela, S. A.
15. T-NET
16. WebMaxter
17. Únete Venezuela
18. Fision Net
19. Interamerican Net De Venezuela, S. A.
20. IUSNET.NET
21. Link 7 ²⁵. 

Complejidad técnica de los bloqueos 

Se puede hablar de un bloqueo por etapas y por niveles de complejidad al querer indagar sobre qué pasa con el Internet en Venezuela. De acuerdo con los datos documentados por Espacio Público durante el año 2019, 17% de los bloqueos corresponden a bloqueos HTTP/SNI, 13% bloqueos por TCP, 13% corresponden a ataques cibernéticos, 8% bloqueos por IP, 5% bloqueos por DNS, 4% se relacionan con caídas del sistema y 3% fueron bloqueos masivos²⁶.

Un bloqueo de contenido basado en DNS²⁷ consiste en el control de las consultas a las que accede el IP²⁸ personal para encontrar la ruta adecuada para determinada página web. El DNS es el que traduce el nombre de las webs a una dirección IP, como la asociación de un número telefónico a un nombre en la agenda de un teléfono; al bloquear este servicio por zona geográfica, la búsqueda o la navegación hacia cualquier página se vuelve inaccesible según un listado.

HTTP es el protocolo de transmisión de información de la red de redes, es decir, el código que utiliza el computador solicitante y el que contiene la información solicitada para que puedan hablar un mismo idioma a la hora de transmitir información por la red. Los bloqueos por HTTP consisten en arrojar un error de “no respuesta” a los puertos de conexión solicitados por el usuario: los sistemas de los proveedores de Internet no reconocen la solicitud como válida, y no muestran la información.

Por su parte, los bloqueos por TCP/IP, son bloqueos que impiden la conexión entre un servidor / sitio web y ciertas direcciones IP o listado de direcciones. Un bloqueo de TCP/IP efectivo prohíbe las conexiones no deseadas de los equipos a un sitio web, servidor de correo o un servidor de Internet. Con este método se pueden limitar los accesos de diversos grupos de usuarios mediante listas de IP, los cuales tendrán una limitante significativa al momento de querer acceder a una dirección en particular.

Pero estos bloqueos y restricciones en Internet en los países no son espontáneos; particularmente en Venezuela responden a una coyuntura política especial. Por ejemplo, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas los últimos años transmitidas por portales dedicados a la difusión de contenido vía streaming y TV por Internet. 

Estos problemas de acceso a plataformas²⁹ y sitios web coinciden con situaciones o eventos que involucran a los partidos de oposición y a sus seguidores, lo que pone en evidencia un patrón de censura y cerco de libertades que ha progresado e intensificado en los últimos años.

Entre los casos que evidencian ese patrón podemos resaltar lo ocurrido el 15 de enero, cuando la organización Venezuela Inteligente (Ve Sin Filtro)³⁰, confirmó que Wikipedia estuvo bajo ataque por HTTP. De acuerdo con los análisis realizados por la organización, el portal fue censurado por las referencias y ediciones realizadas en el perfil del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, identificado desde esa fecha como Presidente Encargado. El diputado asume ese cargo en un contexto en el que las elecciones presidenciales celebradas en 2018 no contaron con las libertades ni garantías para ser consideradas legítimas, y el Consejo Nacional Electoral anunció como Presidente electo a Nicolás Maduro. 

La organización Venezuela Inteligente (Ve Sin Filtro)³¹ confirmó el 24 de mayo, que los sitios Vivo Play, Capitolio TV y el canal oficial de la Asamblea Nacional estuvieron bajo ataques por DNS. Todos censurados por la cobertura que hicieron de las manifestaciones en rechazo a Nicolás Maduro. Además entre febrero y marzo de 2019, Espacio Público registró el impedimento de acceso a 13 sitios web por parte de la proveedora estatal Cantv, que aplicó diferentes modalidades de bloqueos durante dos semanas, por la cobertura de diferentes asuntos de interés nacional³².

Bloqueos de sitios de información dedicados al Streaming  

Uno de los patrones identificados en 2019 fue el bloqueo a sitios de video que transmiten en vivo, a través de Internet, lo que ocurre en el país. A continuación, se expone una muestra de los hechos.

Cotiza, 21 de enero de 2019

Cerca de 40 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se alzaron y tomaron parte del parque de armas del comando en Petare, Caracas, antes de atrincherarse y llamar a la rebelión contra Nicolás Maduro en la sede del organismo. Los efectivos llegaron a Cotiza, un sector popular ubicado en el centro-norte del Distrito Capital, desde donde enviaron una serie de mensajes por las redes sociales e invitaron a las personas a unirse a la rebelión. Cerca de las 6:00 de la mañana habitantes de la zona salieron a dar su apoyo a los uniformados, lo que derivó en un choque entre los residentes de Cotiza y cuerpos de seguridad del Estado.

Desde tempranas horas los rumores se propagaron y muchos quisieron verificar lo sucedido a través de las redes sociales; sin embargo, los usuarios manifestaron que existían restricciones y bloqueos desde las conexiones de Internet a aquellos suscritos a Cantv, proveedor estatal. Netblocks lo confirma a través de una medición: 

“El observatorio de Internet NetBlocks ha recopilado evidencia técnica de acceso restringido a Twitter, Instagram en Venezuela a partir del 21 de enero de 2019, en medio de informes de una disputa de comando militar en Caracas³³.

Las restricciones se observaron el mayor proveedor de telecomunicaciones Cantv pero pueden estar presentes con otros proveedores, en espera de más pruebas. YouTube también parece estar parcialmente afectado, aunque las plataformas sociales como Facebook permanecen disponibles al momento de escribir”.

En las zonas aledañas a Cotiza las señales de las tres operadoras móviles presentaron caídas en su transmisión de datos, en algunos casos se habló de blackout total en términos de señal³⁴.

La Carlota, Caracas, 30 de abril 2019 

El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, inició una transmisión difundida a través de sus redes sociales desde la base aérea Francisco de Miranda, en La Carlota, en la que el parlamentario llamaba a sus seguidores a concentrarse en el aeropuerto. El mensaje circuló a las 5:45 de la mañana, Guaidó aparecía acompañado de militares, efectivos del Sebin³⁵ y del dirigente de oposición Leopoldo López, quien tenía arresto domiciliario.

Progresivamente el llamado fue acogido por algunas decenas de personas que comenzaron a congregarse en las inmediaciones de la base militar con banderas y pitos. Sin embargo, aproximadamente a las 7:00 de la mañana se reportó la activación de bombas lacrimógenas desde dentro de La Carlota. La confusión se apropió del lugar. El llamado se hizo a tempranas horas mediante las redes sociales del presidente de la AN, Juan Guaidó, los medios tradicionales no informaban lo sucedido y nuevamente se vieron comprometidas las conexiones, como lo demuestra un reporte de la organización NetBlocks:

“Los datos de la red muestran que el proveedor de Internet estatal de Venezuela ABA Cantv (AS8048) ha restringido el acceso a Twitter, Periscope, YouTube, Facebook y varios otros servicios después de que Juan Guaidó usó Twitter para anunciar la fase final de la Operación Libertad desde el perímetro de una base militar en la Carlota. El proyecto, que supuestamente obtuvo el apoyo de los desertores del Ejército, tiene el objetivo declarado de restablecer los establecimientos democráticos en Venezuela³⁶.

El acceso a cada uno de los servicios permanece disponible de manera intermitente, ya que las restricciones no parecen ser 100% efectivas, lo que coincide con los patrones de interrupción de la red observados en incidentes de censura anteriores a nivel nacional”.

Frontera venezolana, 23 de febrero 2019

El 23 de febrero se llevó a cabo el operativo para tratar de ingresar cargamentos de ayuda humanitaria a territorio venezolano a través de las fronteras con Colombia y Brasil, un hecho anunciado por el presidente de la AN, Juan Guaidó. Durante el evento hubo un ataque por parte de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en contra de los camiones que trasladaban los insumos y los civiles que marchaban junto con estos para custodiarlos.

De un total de 10 camiones que se preparaban para el ingreso a Venezuela por la frontera con Ureña, cuatro atravesaron algunos metros del puente hasta territorio venezolano. Pese a la vigilancia de los civiles, un contingente de la PNB atacó la caravana. Estos eventos originaron diversos movilizaciones de calle a nivel nacional.

La expectativa era alta, diferentes sectores del país esperaban que esta ayuda humanitaria ingresara a Venezuela para aliviar la crisis de falta de medicinas e insumos. No obstante, desde tempranas horas empezó la represión, las conexiones en todo el ámbito nacional se vieron nuevamente comprometidas. Tal cual lo reseñó NetBlocks:

“El Observatorio de Internet de NetBlocks en el proveedor estatal Cantv detectó interrupciones que afectan a múltiples servicios web, incluidas las plataformas de transmisión de YouTube y VIVOplay y Microsoft Bing, a partir de las 14:40 p.m. UTC del sábado 23 de febrero de 2019 a las 10:40 p.m., hora de Venezuela. Las interrupciones se produjeron cuando el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, llega al Puente Tienditas con el presidente Iván Duque de Colombia.

El acceso a cada uno de los servicios permanece disponible de manera intermitente, ya que las restricciones no parecen ser 100% efectivas, lo que coincide con los patrones de interrupción de la red observados en incidentes de censura anteriores a nivel nacional”³⁷.

El avance progresivo de la censura en el país restringe el derecho a estar informado y disminuye las opciones informativas de los ciudadanos. Los controles para limitar el acceso a Internet a la población se han sofisticado con el paso del tiempo. Comenzaron con la promulgación de marcos jurídicos para regular y limitar la actividad en la red de redes, hasta materializarlos a través de bloqueos a portales y sitios de información, los cuales se hicieron de manera esporádica. Sin embargo, se observa un aumento en la frecuencia de los bloqueos, sumado a su sofisticación, que corresponde a la cobertura informativa de situaciones de interés nacional y que involucra las actuaciones de las voces críticas al Gobierno. 

Blackout informativo: el Gobierno también apagó Internet

Internet es una fuente de información inagotable y en constante expansión; sin embargo, la calidad del servicio afecta directamente la posibilidad de las personas de hacer uso efectivo de esta herramienta. Alrededor del mundo, los medios de comunicación han crecido hacia las plataformas digitales con páginas web que ofrecen contenido multimedia y aplicaciones para los distintos sistemas operativos, lo que permite que la noticia llegue directamente a las manos de los consumidores.

En Venezuela, la transición de los medios a la web se vio afectada por las restricciones a la libertad de expresión y medios de comunicación tradicionales en el mundo físico. La falta de papel prensa, compra de medios de comunicación con su sucesivo cambio de línea editorial, cierre de emisoras y de canales de televisión, y la constante amenaza de cierre por parte del ente regulador a través de vías indirectas; han empujado a dueños y periodistas a trasladarse a Internet como un medio más libre para publicar las noticias.

Para diciembre de 2018 al menos 10 de los 24 estados de país no tenían prensa escrita³⁸, situación que empeoró en 2019 (ver más sobre pluralidad en el capítulo Libertad de expresión y elecciones: Venezuela necesita condiciones), además la mayoría de los medios tradicionales existentes forman parte de un ecosistema de medios controlado por el Estado, que difunden propaganda como si fuera información, lo que afecta la pluralidad informativa y el acceso a noticias.

La libertad de expresión implica también poder recibir y buscar información, acción que está limitada en Venezuela por la calidad de Internet, su velocidad, la dificultad de uso a un precio accesible, falta de inversión, de mantenimiento, restricciones económicas al sector y los bloqueos impuestos por el proveedor estatal, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv), entre otros factores.

El acceso a Internet y su uso permiten ejercitar este y otros derechos fundamentales; al respecto, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó en 2018: “los mismos derechos que tienen fuera de línea las personas también deben protegerse en línea, en particular la libertad de expresión, lo que es aplicable independientemente de las fronteras y por conducto de cualquier medio de su propia elección, de conformidad con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”³⁹.

En 2018 la penetración de Internet en Venezuela alcanzaba el 59%⁴⁰, para el año 2020 los datos del estudio Digital 2020⁴¹ indican que la cifra aumentó a 72% y entre las personas conectadas el 81% acceden a la web desde un dispositivo móvil. El estudio sobre Penetración de Internet de la empresa Tendencias Digitales señala que el tercer uso más frecuente de Internet en 2019 fue la búsqueda de noticias (83%) y en cuarto lugar visitar redes sociales (82%), números por encima del promedio latinoamericano; inclusive, el mismo estudio de 2017 muestra que “los medios electrónicos se han convertido en la alternativa para mantenerse informado en Venezuela”⁴², empezando por Twitter, Whatsapp, sitios web de noticias, Instagram y Facebook; medios digitales que superan a la radio y televisión⁴³.

La necesidad informativa en Venezuela y la búsqueda de noticias en Internet también responde al ámbito restrictivo a la libertad de expresión fuera de línea, a estos factores se suma el hecho de que la red de redes aporta comodidad de acceso y la posibilidad de compartir enlaces o consumir información que envían familiares y amigos por distintas vías, cómodamente. 

Pero para que haya Internet y divulgación de información en esta plataforma, necesariamente debe haber energía eléctrica. La falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico nacional causó apagones de hasta cinco días en 2019, que afectaron a 22 de los 23 estados del país, lo que generó la consecuente caída de Internet y el blackout informativo. Según el ranking de búsquedas de Google, el término “noticias” ocupa la posición 19 entre los más buscados en el país durante 2019⁴⁴; sin embargo, los hechos registrados en marzo y junio dejaron sin acceso a noticias a casi toda la población, pues además de afectar a medios tradicionales, impidieron que la gente consultara en Internet qué estaba pasando. 

Un estudio⁴⁵ del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, realizado en 10 ciudades, muestra que 5 millones de personas permanecieron al menos tres días sin electricidad de forma continua⁴⁶ durante los apagones y agrega: “al menos 25% de la población estuvo 4 días y medio sin electricidad. 7,6% 7 días. 105 de los encuestados se sintieron ‘preocupados’ durante los apagones. 4,4% indicó como la ‘mayor dificultad que enfrentó durante los apagones’ que ‘no tenía cómo comunicarme’⁴⁷”.

La falta de electricidad incide directamente el funcionamiento regular de todas las empresas, lo que incluye a los medios de comunicación, que publicaron o divulgaron noticias de forma limitada. Además de la actividad mínima de radio y televisión, la población afectada no tenía acceso a Internet desde el principal proveedor, ABA de Cantv, y la señal de datos de las operadoras móviles estaba limitada, lo que redujo al mínimo la posibilidad de saber qué estaba pasando, incluso desde los teléfonos celulares y tabletas, cuya batería se podía recargar con un adaptador desde cualquier vehículo.

En abril de 2019, después de los primeros tres apagones masivos, el Gobierno implementó un plan de racionamiento eléctrico que establece cortes de tres horas diarias, pero usuarios reportan cortes de hasta 10 días seguidos⁴⁸. Una investigación de Prodavinci muestra que más de 18.400.000 venezolanos (el 60% de la población) viven en parroquias sujetas a este plan de racionamiento, que incluye a 18 de los 23 estados de Venezuela y explica que 29 parroquias “tienen los cinco bloques de racionamiento, es decir, en un día pueden tener cinco cortes eléctricos diferentes”⁴⁹.

Las fallas de conexión y de servicio de telefonía móvil se extienden durante horas o días después de restablecida la electricidad en algunas comunidades; el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Cantv en Caracas explicó: 

“La falta de mantenimiento en los motores generadores de las centrales ha ocasionado que se dañen los bancos de batería en nodos y repetidoras y, durante los apagones, han dejado incomunicados a los usuarios de telefonía fija como móvil. Los equipos D’slam⁵⁰ (sic), diseñados para la conectividad de Internet ABA se retrasan en su funcionamiento y las tarjetas controladoras se queman por las altas temperaturas, debido a la falta de aire acondicionado de las centrales. Ello deja sin Internet a miles de usuarios”⁵¹.

Días, semanas y meses sin Internet

“Es como si estuviésemos corriendo detrás de la luz, trotar diariamente en ese tiempito que pareciera ser útil para la humanidad. Cuando se va la luz, es como si se te detuviera la vida. Siento que no soy productiva ni eficiente para mi país”. Jueida Azkoul, 41 años⁵².

La falta de electricidad afecta la conexión a Internet de la mayoría de la población venezolana, al menos durante tres horas al día. En 2019 los apagones dejaron al país sin información actualizada. El primero empezó el 7 de marzo alrededor de las 5:00 pm. La falla afectó el servicio telefónico y la conexión a Internet incluso de operadoras móviles; un diario internacional señaló: “En Venezuela, las redes sociales se han convertido en un resquicio ante el bloqueo informativo y la propaganda oficialista. En esta ocasión, los vídeos e imágenes no fluían como de costumbre”⁵³.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) afirmó que la falla habría sido producto del “sabotaje” a pesar de ser un ente gubernamental parte del sistema eléctrico nacional, que pasó a manos del Estado en 2007. En 2010, una ley estableció que todo el sector está bajo la “guardia y custodia del Estado”, y desde 2013 se reforzó la militarización de las instalaciones tras la declaración del Estado de Emergencia Eléctrica.

En Venezuela es responsabilidad del Estado garantizar la energía eléctrica, además de resguardar las instalaciones y evitar que terceros afecten a la población al interrumpir voluntariamente el servicio. La excusa del “sabotaje” evidencia la falta de transparencia para señalar las causas, investigar, sancionar, y tomar los correctivos necesarios para que los apagones generales no se repitan.

La desinformación durante el primer apagón general se sumó al caos propio de una ciudad sin subterráneo funcional (en Caracas), semáforos apagados y empleados que salieron de sus trabajos al mismo tiempo, para dirigirse a sus viviendas un jueves al final de la tarde. Según reportes de la organización VE Sin Filtro, la falla eléctrica afectó el Internet de casi toda Venezuela, pues las radiobases de los proveedores de servicios quedaron inoperativas, el 73,5% de las pruebas de conexión de Intel no se completaban y el tráfico a Google (la web más visitada en el mundo), cayó en un 82% en comparación con el día anterior.

El observatorio de Internet NetBlocks aseguró, a las 17 horas del apagón, que los últimos vestigios de conexión empezaban a fallar, pues los generadores de electricidad, sistemas de apoyo y torres de transmisión ya se estaban apagando⁵⁴. 40 horas después del apagón, la mitad del país seguía sin conexión, sin posibilidades de saber qué estaba sucediendo⁵⁵. El sábado 9 de marzo, dos días después de iniciarse el apagón, NetBlocks aseguró que el 96% de la infraestructura de telecomunicaciones no tenía conexión a Internet⁵⁶.

Entre el tercer y cuarto día del apagón, la electricidad empezó a ser restituida por urbanizaciones en las principales ciudades, con interrupciones de servicio. Sin embargo, algunas zonas del país estuvieron más de una semana sin servicio eléctrico⁵⁷.

La diversidad de proveedores de Internet a costos accesibles habría permitido elevar la posibilidad de conexión a Internet durante los apagones; sin embargo, Cantv domina el mercado de conexión a Internet en Venezuela, por lo que los problemas en la empresa afectan a casi el 70% de usuarios en el país. El Contrato para la Web⁵⁸, creado por empresas, gobiernos y ciudadanos alrededor del mundo para la regulación de Internet bajo el esquema de múltiples partes interesadas apoyado por la ONU, plantea entre las obligaciones de los gobiernos “hacer que la totalidad de Internet esté disponible en todo momento” y entre las medidas a tomar para alcanzar este objetivo está fomentar la competencia respecto al acceso a Internet y a contenidos. Pero las restricciones económicas en cuanto a acceso a divisas, importación de insumos y regulación de precios, han afectado severamente la capacidad de empresas privadas para prestar un servicio accesible y de calidad.

El segundo apagón masivo empezó el lunes 25 de marzo: 17 estados del país se quedaron sin servicio. En Caracas algunos usuarios reportaron el restablecimiento de la electricidad al día siguiente, pero sin acceso a Internet de ABA, ni línea telefónica de Cantv. A las 9:00 de la noche del martes 41% del territorio ya contaba con electricidad, pero el servicio de Internet presentaba fallas.

A las 7:00 pm del viernes 29 de marzo se registró el tercer apagón masivo, en 21 estados del país. Monagas y Zulia no se habían recuperado de la primera falla, y se sumaron al nuevo evento: 91% de Venezuela no tenía conexión a Internet⁵⁹. El corte afectó también “el funcionamiento de las líneas telefónicas, y servicios de telefonía móvil, incluyendo planes de datos⁶⁰. El sábado por la mañana al menos 16 estados del país continuaban sin servicio eléctrico, que se fue restableciendo progresivamente los días siguientes⁶¹.

Cuatro meses después, el 22 de julio, hubo un nuevo apagón masivo, a las 4:45 de la tarde, a pesar de la aplicación del calendario de racionamiento eléctrico que limitaba el consumo de energía. El servicio fue restaurado en Caracas y otros estados la madrugada del 23 de julio; sin embargo, cerca de las 9:00 de la mañana hubo nuevos bajones y apagones. Al mediodía los estados Zulia, Falcón, Guárico y Nueva Esparta todavía tenían reportes de zonas sin electricidad.

La incomunicación en estos cuatro apagones masivos afectó a todo el país. La falta de conexión a Internet evitó que la información circulara libremente por las redes sociales, la tercera fuente de noticias más visitada en Venezuela. Las operadoras de telefonía móvil tampoco garantizaron el acceso a datos, pues la afectación de la infraestructura impedía que la conexión a la red fuera estable.

La señal de diversas operadoras llegaba algunas zonas de Caracas, como la Autopista Prados del Este, que se transformó en un centro de comunicaciones temporal, con vehículos estacionados en un canal captando señal en sus teléfonos inteligentes para saber qué sucedía, y comunicarse con familiares y amigos. Las emisoras de radio al aire, en su mayoría dominadas por el Gobierno, transmitían propaganda oficial, por lo que las noticias sobre la realidad del país fueron difícilmente accesibles.

Durante los apagones masivos se vivió un caos general, que se agudizó en estados como Zulia, con temperaturas promedio de 40 grados centígrados; el Gobierno se paralizó por días, la falta de electricidad y planes de respaldo efectivos cobró vidas en los hospitales y clínicas del país, así como pérdidas multimillonarias en productos refrigerados, como medicinas y alimentos, muy difíciles de conseguir en un contexto de emergencia humanitaria. Además de esta situación, la gente no tenía la posibilidad de comunicarse efectivamente, ni de mantenerse informada a través de Internet mientras duraban las baterías de los teléfonos.

La falta de acceso a la información afectó directamente la posibilidad de tomar decisiones acertadas para los venezolanos, sin saber a qué centro asistencial acudir en caso de emergencia, cuáles zonas estaban afectadas y, en consecuencia, si sus familiares en situación de riesgo (ancianos, enfermos, niños) tenían sus necesidades cubiertas; la falta de bombeo de agua potable elevó los riesgos contra la sanidad y la salud pública, pero frente a estos hechos, las personas tampoco tenían cómo obtener información rápidamente desde un teléfono celular, dispositivo que podía ser recargado fácilmente con un adaptador conectado a cualquier vehículo encendido, y medio de conexión a Internet para el 81% de la población.

Zonas sin conexión a Internet

“3 años esperando la reasignación de un puerto para la reconexión ABA (…) Espero reconecten el servicio ya que lo cortaron… número de reporte #21383736”⁶².

Las caídas del Internet de ABA Cantv son frecuentes en múltiples zonas del país y los usuarios reportan las fallas a través de redes sociales sin recibir ninguna respuesta. Trabajadores de la empresa estatal han hecho pública la falta de inversión, de equipos, y de personal calificado para atender la situación, lo que hace pensar que el Plan de la Patria de Hugo Chávez se está haciendo efectivo durante el Gobierno de Maduro, en específico lo establecido en el objetivo 4.4.2.3: “Llevar a niveles no vitales la conexión de Venezuela con las redes de comunicación en información dominadas por las potencias neocoloniales”⁶³.

En el año 2011, la Organización de Naciones Unidas declaró el acceso a Internet como un derecho humano y afirmó, en relación con la búsqueda, difusión y acceso a la información que “el Internet como un medio para ejercer el derecho a la libertad de expresión sólo puede servir a estos propósitos si los Estados asumen su compromiso por desarrollar políticas efectivas para lograr el acceso universal”⁶⁴. El Consejo de Derechos Humanos plantea otros elementos sobre el derecho en la Resolución A/HRC/32/L.20⁶⁵; entre ellos expresa su preocupación “por las medidas cuyo objetivo o efecto deliberados es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el derecho internacional de los derechos humanos”.

El 69,4% de los usuarios de Internet en Venezuela se conectan a través del servicio de ABA de Cantv⁶⁶, el 14 de junio de 2019 una falla en la empresa de telefonía dejó sin Internet a toda Caracas por más de 30 horas consecutivas. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones de Venezuela, Igor Lira, señaló que el desperfecto en Cantv fue advertido y no descartó que siga sucediendo. Durante una entrevista, criticó que no ha habido inversión: “Deberíamos tener una cantidad grande de direcciones IP, pero por la falta de inversión, de dólares y por mala administración, estamos como estamos”⁶⁷.

Los hurtos de material y la falta de personal suman a la poca inversión del Estado en la Cantv y las bajas tarifas, que no permiten cubrir las necesidades básicas para que la empresa ofrezca un servicio de calidad. El periodista Fran Monroy, especializado en el área tecnológica, explicó: “Lo que cuesta 12 dólares al mes producir, le cuesta 15 centavos al usuario pagarlo (…) Las empresas llevan cinco años dando pérdidas. La desmejora del servicio va a continuar, porque cada día es más grande la brecha de los bolsillos de las operadoras”⁶⁸.

Un trabajador con más de cinco años en Movilnet, empresa de telefonía móvil de la Cantv, explicó que la señal telefónica y de datos de la empresa es “inexistente en algunos municipios enteros del país sobre todo en la zona central y oriental del territorio venezolano, pues las radiobases que replican la señal no han tenido mantenimiento, son obsoletas, o fueron desvalijadas”. Agregó que “todo el sistema está en ruinas por la falta de actualización e inversión (…) desde el apagón del mes de abril, muchos servidores y programas se apagaron y la restauración aún está en proceso, luego de unos siete meses”⁶⁹.

El robo de equipos es denunciado frecuentemente, desde hace años, por personas que ven afectados los servicios de Internet y telefonía en sus casas; otros proveedores de Internet como las operadores telefónicas también se han quejado por la delincuencia, lo que hace que haya zonas que se queden sin Internet a causa del vandalismo. La respuesta del Gobierno fue crear, en 2016, la Dirección de Seguridad de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, para atender este tipo de delitos.

El Cicpc, a cargo de llevar a cabo las pesquisas, no ha divulgado los resultados de sus investigaciones. El Gobierno es responsable de garantizar la seguridad en el país, y en caso de delitos, investigar, identificar a los responsables y sancionar de acuerdo a la ley, pero el sector de telecomunicaciones no se ve eximido de la impunidad del 99% de los casos presentados a la Fiscalía en Venezuela, por lo que los hurtos de cables y equipos siguen siendo frecuentes en diversas zonas.

La falta de personal también impide la atención adecuada al cliente y la restitución del servicio de Internet, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Telecomunicaciones, Igor Lira, señaló que a partir de 2017 más de 1000 empleados de la Cantv han dejado sus cargos, incluyendo técnicos, profesionales y especialistas. La red de telecomunicaciones que permite la conexión alámbrica al 69% de los usuarios de Internet en el país está en deterioro progresivo y la falta de personal calificado que atienda la situación, empeora el pronóstico.

Un reportaje publicado en enero de 2020 muestra además el estado de una de las instalaciones de la empresa, con cientos de vehículos inservibles estacionados a las afueras del edificio, salas llenas de centrales telefónicas sin aire acondicionado y sin bombillos que iluminen el área recalentada por las máquinas. En efecto, trabajadores de la Cantv aseguran que hace cinco años no tienen uniformes, la empresa incumple la convención colectiva, y siete de cada 10 vehículos están convertidos en chatarra, inútiles para reparar averías. Un trabajador, cuyo nombre fue resguardado por protección, aseguró que “solo en el occidente del país hay reportes de 12.000 averías, eso es una calamidad en cualquier empresa y aquí solo se evaden responsabilidades”⁷⁰.

La desconexión en las ciudades se da en ciertas zonas; sin embargo, en los espacios rurales la falta de acceso a Internet se extiende geográficamente. Marianne Díaz, abogada e investigadora de la organización Derechos Digitales, explica que en las capitales se puede contratar el servicio de Internet por opciones alternas a ABA de Cantv, pero en el interior del país la empresa estatal “mantiene un monopolio absoluto del acceso a internet, lo que implica un paso restringido en factores de calidad, estabilidad y velocidad de la conexión, pero también en lo que respecta a contenidos censurados o filtrados por las autoridades”⁷¹.

Corrupción a la carta

“¡Esto me parece inaudito! Llevo más de 3 meses intentando adquirir un módem en #CANTV y nunca hay en ninguna oficina, pero por MercadoLibre los venden de manera indiscriminada y ¡en dólares! ¿Quién explica esto?”⁷².

En las redes sociales se ventila cuánto cuesta volver a tener Internet de ABA en la casa o en la oficina. Usuarios reportan que es necesario hacer un pago en dólares a un técnico de la empresa para volver a disfrutar del servicio, para comprar equipos, para poder utilizar la línea telefónica. En grupos de Whatsapp se comparten contactos de técnicos que van a las casas, en sus vehículos propios, y dedican horas a resolver el inconveniente a cambio de 20 o 50 dólares. Un usuario comenta en Twitter: “Ya voy para 3 meses sin Internet, hay tono en el teléfono, pero DSL no. Ya está reportado pero el técnico de Cantv está cobrando 50 dólares por reparar la falla”⁷³.

En una protesta ciudadana en noviembre de 2019, los asistentes detallaron que trabajadores de Cantv cobran hasta 600 dólares para restablecer el servicio y para sustituir equipos. Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores de Cantv, Juan Véliz, afirmó en declaraciones a la prensa: “Los trabajadores no están haciendo nada porque no hay ni vehículos. Solo cumplen horario, mientras que hay usuarios con tres años sin servicio y no hay quien controle. Los 12 años de estatización nos han traído desinversión. Hemos retrocedido”⁷⁴.

La Cantv ofrece en su página web números de teléfono a disposición de quienes deseen reportar irregularidades, incluyendo la corrupción: el 0 8000 346357, o por Whatsapp el 04265329171 para denunciar vandalismo, hurto, robo, daños por eventos naturales o cobro ilegal. Véliz afirmó en mayo de 2019 que los trabajadores han pedido que se ajusten las tarifas para mantener las instalaciones, pues la empresa está “al borde de un colapso o un cierre técnico”, y que “los usuarios están pagando por un mal servicio. Las oficinas de atención son prácticamente para recibir solo reclamos. No hay cables para sustituir, hacer mantenimiento correctivo y preventivo”⁷⁵.

Las denuncias de corrupción traen consigo las quejas de usuarios que dejan de tener servicio de Internet, cuando sus vecinos pagan a un técnico de Cantv y les reactiva la conexión. La falta de insumos apunta a que estos técnicos cambian de puerto los números de teléfono, o cambian a un puerto funcional los pines de acceso a Internet en una misma central, para repartir el servicio según la capacidad de pago de cada cliente. En algunos casos los equipos están quemados y los técnicos no pueden hacer nada: cientos de usuarios en una misma tarjeta de puertos no tienen Internet, y Cantv no se encarga de reemplazar las piezas.

Desde Twitter, usuarios replican esta tesis, en Táchira comentan: “Días, semanas y meses sin ABA. Los trabajadores de Cantv cobran en dólares por reconexión y sin contar las líneas que se roban y venden a otros clientes. Grave”⁷⁶. En Carabobo, en una urbanización que protestó constantemente contra el Gobierno en 2017, comenta otra usuaria: “Van para un año que en La Isabelica que no tienen ni línea telefónica ni ABA. Alegan que un cable cayó en un pozo de agua negra. Pero se ofrecen servicios de reconexión con pago en dólares!”⁷⁷.

Por otra parte, quienes cuentan con servicio de Internet de ABA Cantv sufren la intermitencia y la lentitud de servicio, que en promedio no alcanza los 4 Megabytes⁷⁸ para subida y bajada, cuando el promedio en la región es de 13 MB. El secretario general del Sindicato Único de Telecomunicaciones del estado Anzoátegui explicó que la baja velocidad de Internet es consecuencia de la poca inversión y la infraestructura vieja que utiliza redes de cobre en vez de fibra óptica. “Cantv maneja el 90% del servicio telefónico. El Internet está lento por condiciones de red. Ofrecemos de cuatro a veinte megabytes y no llegamos ni a dos, el cliente no obtiene el servicio por el cual paga”⁷⁹.

La corrupción no se refleja únicamente en el pago especial por restablecimiento de servicios, trabajadores de la empresa señalan como un problema que los cargos vacantes sean llenados con “fichas de partidos y no personas calificadas”⁸⁰. El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria de las Telecomunicaciones en el estado Zulia, Evencio Chacón, señaló en una entrevista que la contratación de figuras políticas en cargos claves ha hecho que no haya disponibilidad de equipos de telefonía para la venta en las agencias comerciales.

Johan Chávez, secretario general del sindicato de trabajadores de la empresa en Caracas, afirma que “la empresa se cae a pedazos”. Explica que no hay teléfonos ni módems para la conexión a Internet, no tienen material de oficina, incluso la nómina de trabajadores se hace a mano: “Tenemos una plataforma obsoleta y un deterioro total en las redes que ha dejado abierta la puerta a inescrupulosos que cobran en dólares por el restablecimiento del servicio o por la apertura de una nueva línea”⁸¹.

El funcionamiento óptimo del servicio de Internet de Cantv dependerá, entre otras acciones, de retomar la inversión constante para la mejora de todo el sistema, pero el acceso a red seguirá teniendo inconvenientes si se mantiene la corrupción, bajos salarios, pésimas condiciones laborales, uso de figuras políticas en altos cargos, falta de mantenimiento y precios que no cubran los gastos de la empresa.

Adicionalmente el Gobierno debe establecer políticas públicas que fomenten la competencia y faciliten que la empresa privada pueda ofrecer un servicio neutral, de calidad, y accesible en todo el país. Internet es un derecho humano, permite el crecimiento personal y es necesario para el desarrollo y para la democracia, contemplado inclusive entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible como herramienta para la educación, eliminación de la discriminación, innovación, reducción de las desigualdades, entre otros. Es obligación del Estado garantizar que se den las condiciones necesarias para que en Venezuela podamos contar con un Internet libre, accesible y neutral.