La expresión para ser genuinamente libre tiene que tener garantías suficientes por parte del Estado, que les permitan superar los asedios de los intereses de los poderosos, incluyendo mecanismos para protegerse de los poderes del Estado. La libertad de expresión debe ejercerse sin temor a represalias o consecuencias negativas, especialmente la que se ejerce en el ámbito de la contraloría de los poderes públicos.
Continuar afirmando que en Venezuela existe “plena” libertad de expresión es una falacia propia de una estrategia de propaganda. Las informaciones se acallan por la presión directa de las autoridades, las descalificaciones públicas, la intimidación a los anunciantes, el retiro de publicidad oficial, las agresiones contra medios y periodistas, el acceso a la información pública excepcional, los procesos judiciales ilegítimos; todo ello para configurar un ambiente de hostigamiento para quien se expresa a contravía de la información gubernamental o de los oportunistas que se escudan en la polarización para continuar actuando sin contrapeso alguno.
Las noticias cada vez más las recibimos incompletas y en ello hay responsabilidad estatal. Los funcionarios discriminan a los medios que invitan a sus actos públicos, ruedas de prensa o a quienes proporcionar información. La base de la discriminación se asocia a la línea editorial del medio, los medios críticos o independientes no son invitados o se les impiden realizar la cobertura. Limitan con ello la posibilidad para que los profesionales de la comunicación realicen su trabajo y por tanto también reducen la calidad de los productos informativos que reciben sus lectores y audiencia. No castigan al medio o al periodista, reprimen a la sociedad que recibe noticias incompletas y poco contrastadas.
Los déficits son reiterados y señalados por diversas fuentes ajenas a un interés en el conflicto político interno. La descalificación pública sin debate argumentado es la primera de las estrategias que persisten en la actuación del Estado y sus partidarios. Rehúyen el debate de fondo y alimentan los discursos adjetivados descalificatorios.
En el juego polarizado procuran los ejercicios retóricos dilemáticos, una suerte de coartada para no discutir los matices y por tanto olvidar los desafíos que le son implícitos. La libertad de expresión no se reduce a si existe la posibilidad de expresarse, o si existen medios críticos; el alcance es mucho mayor e incluye la posibilidad de hacerlo sin consecuencias negativas, la mayor transparencia pública y la preservación de la diversidad más amplia.
La sociedad venezolana tiene ante sí la tarea de enfrentar la enorme exclusión social y satisfacer las enormes demandas que tiene la sociedad organizada que se expresa en el número recurrentemente alto de manifestaciones públicas que se realizan en las calles venezolanas. Ellas expresan a una sociedad movilizada que recurre a esta modalidad de lucha porque no encuentra respuestas en las instituciones, muchas veces esas manifestaciones lo que reclaman es visibilidad y procuran elevar la voz ante las autoridades. Allí los medios juegan un papel preponderante porque permiten que se exprese la sociedad y por tanto interpelan a los poderes públicos exigiendo respuesta.
La relación entre la posibilidad de resolver los grandes desafíos asociados a la realización de los derechos económicos sociales y culturales está de modo indisolublemente asociados a las garantías para el derecho a la libertad de expresión. Las injusticias que persisten en el cambio social y económico necesitan del concurso y deliberación del conjunto de la sociedad y ello sólo es posible con el mayor rango de libertad de expresión posible, los riesgos de su limitación ilegitima son superiores a los pretendidos abusos que pudieran ocurrir. La sociedad pierde más con las restricciones ilegitimas que tolerando un uso de esta libertad que exceda los límites éticos. En la propia garantía de la libertad plena se puede articular esfuerzos de la propia sociedad para estimular mecanismos de autorregulación que establezcan límites asociados con la ética comunicativa.
En esta edición del informe, además del registro sistemático de los patrones de violaciones que se evidenciaron en los casos del año 2010, dedicamos algunos trabajos especiales a documentar con una aproximación mayor la situación asociada a las manifestaciones pacificas y el comportamiento del Estado frente a ellas. Continuamos el esfuerzo de examinar lo que ocurre en ámbitos novedosos para la vigencia de la libertad de expresión, como es la situación de Internet, redes sociales y medios digitales.
El acceso a la información pública es cada vez más un anhelo expresado por la sociedad venezolana, a pesar de ello la institucionalidad nacional sigue con políticas restrictivas de información básica que de hacerse pública permitiría una mayor participación real de las personas y por tanto contribuiría a una mejor gestión de gobierno, al sumar gratuitamente a los ciudadanos en las tareas de contraloría y construcción de políticas públicas eficaces.
Una constatación de los últimos años es el importante impacto de las restricciones en el ámbito regional, donde observamos procesos de presión a medios de escala local y regional; que han reducido de modo sustantivo las posibilidades de expresión para los sectores de oposición o que son considerados como tales por los grupos de poder regional o local. Por ello incorporamos un trabajo que refleja parte de esta situación en Ciudad Guayana y sus implicaciones para los profesionales de los medios regionales y por tanto para sociedad guayanesa.
Las reformas legislativas impulsadas en el último trimestre del año 2010, sin permitir una adecuada reflexión y debate en la sociedad venezolana, incorporan limitaciones y aumentan la discrecionalidad del gobierno en las expresiones que requieren de la utilización del espectro radioeléctrico. Algunas de las disposiciones son claramente opuestas al desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, al incluir la aplicación por vía administrativa de figuras orientadas a la protección del honor de funcionarios, por tanto equivalentes al vilipendio o desacato, o normas asociadas a la doctrina de la seguridad nacional bajo los supuestos de prevenir alteraciones del orden público.
El uso de las instancias judiciales y los procedimientos administrativos contra medios, personas y profesionales también incluye un capítulo especial en el informe que permite señalar las inconsistencia del sistema judicial venezolano con las obligaciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales de derechos humanos que deben prevalecer en el orden interno.
La situación de hostigamiento contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos alcanzó en el año 2010, nuevos escalamientos que incluyeron importantes campañas de desprestigio en los medios públicos contra organizaciones y defensores/as, por ello incluimos un capitulo que da cuenta de los principales casos de criminalización y judicialización registrados en el periodo.
El pulso entre las aspiraciones de mejor calidad de vida que incluye las dimensiones asociadas a la vida democrática se expresa en la voluntad contestataria de la sociedad venezolana que no acepta imposiciones, que se moviliza para reclamar ante los incumplimientos y atropellos. La existencia de los espacios de libertad que se mantienen en Venezuela, son un patrimonio de la sociedad venezolana, de quienes se sienten incómodos ante las injusticias y también de aquellos que piensan distinto y quieren seguir haciéndolo.
La diversidad es una riqueza infinita y su expresión es necesaria para construir una nación que incluya en justicia a todas las personas, de modo integral. Los atropellos del pasado no pueden justificar los del presente, ni mucho menos los del futuro. Hay una sociedad que impulsa y reclama un mejor país para todas las personas, y que asume tercamente las consecuencias de expresarlo.
