Agosto: aumento de intimidación hacia periodistas

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En agosto Espacio Público registró un incremento de casos de violaciones a la libertad de expresión relacionados con intimidación, con periodistas y ciudadanía en general como principales víctimas.

En el octavo mes del año registramos 19 casos (la cifra más alta desde marzo) y 27 violaciones del derecho a la libertad de expresión. De las violaciones, al menos 12 (44 %) fueron actos de intimidación y 9 fueron de censura.

11 periodistas/reporteros fueron las víctimas más frecuentes y en 8 oportunidades se afectó a la ciudadanía en general. El Estado venezolano sigue siendo el principal victimario y fue responsable de 85 % de las violaciones registradas en agosto: 9 por instituciones del Estado, 5 por cuerpos de seguridad y 5 por funcionarios/as.

Asedio oficial a periodistas

El mes inició con limitaciones a las labores de la prensa en el estado Táchira, donde un presunto funcionario del Hospital Central de San Cristóbal intimidó a la periodista Zulma López, corresponsal del Punto de Corte, y a la corresponsal de La Patilla en la entidad, quienes buscaban información sobre escasez de vacunas BCG.

El funcionario no identificado les reclamó si tenían permiso para permanecer en el recinto y luego le tomó fotos, sin autoridad para hacerlo, a los carnets de ambas periodistas.

El 4 de agosto el fiscal general designado por la ilegal asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra la periodista Carla Angola por “instigar a la perpetración de un magnicidio” en una entrevista que hizo.

Angola le preguntó a su entrevistado, refiriéndose al asesinato de un líder terrorista de Al Qaeda mediante un drón estadounidense, por qué el gobierno de ese país “no hace lo mismo con Nicolás Maduro”, aunque hizo la salvedad de que no estaba llamando a cometer un crimen y de que era algo que se cuestionaban algunas personas por redes sociales.

Cinco días más tarde, el 9 de agosto, dos mujeres presuntamente vinculadas con la consultoría jurídica del Instituto Municipal de Vivienda de la alcaldía de Iribarren (estado Lara), intimidaron y le tomaron fotos al carnet de la periodista Yelitza Figueroa, corresponsal de Crónica.Uno en la entidad.

Figueroa estaba cubriendo las denuncias de un grupo de comerciantes del Centro de Economía Popular Bequito sobre irregularidades en la elección de la junta de condominio del recinto. Las victimarias se le acercaron y le preguntaron en qué medio trabajaba, le tomaron foto al carnet y se fueron del lugar.

El 9 de agosto la periodista y propietaria del diario regional El Vistazo, Nilsa Varela, denunció por acoso, hostigamiento, violencia mediática y psicológica al director del medio Mundo Oriental, Sandino Paraqueima; al alcalde de El Tigre (Anzoátegui), Enrique Paraqueima y a tres directores de su despacho.

La denuncia, presentada ante una fiscalía especial contra violencia de género, responde a una presunta campaña pública que se ejecuta en su contra y contra el medio que dirige desde el primer trimestre de 2022 por la cobertura que se le ha hecho al conflicto de la empresa de aseo urbano Fospuca.

Vale acotar que, según estándares internacionales, la vía penal no es la adecuada para regular o indemnizar daños ocasionados por discursos o expresiones, pues es altamente restrictiva y podría imponer sanciones excesivas, desproporcionales y que no restauran el posible daño ocasionado. En casos como estos, lo recomendable es exigir derecho a réplica o una posible rectificación.

El 15 de agosto un miembro del equipo de trabajo del ministro de Turismo, Alí Padrón, empujó al periodista y corresponsal de Globovisión en el estado Mérida, Elvis Rivas, y trató de impedir que cubriera las declaraciones que daba ese funcionario en una visita a la capital de la entidad.

Previo a la agresión por parte del presunto escolta de Padrón, una mujer se le acercó a Rivas y le reclamó que no podía grabar las declaraciones que estaba dando el ministro afuera del mercado principal de Mérida. Elvis Rivas también reclamó que el ministro Padrón no permitiera hacer preguntas, pues él y otros periodistas estaban interesados en conocer el estado del teleférico de Mérida.

Los ataques contra Rivas no quedaron allí, pues el pasado 30 de agosto el presidente de la empresa estatal Venezolana de Teleféricos (Ventel), Víctor Cruz, lo hostigó verbalmente por redes sociales luego de que el periodista publicara un video cuestionando el silencio oficial alrededor de la reapertura del teleférico Mukumbarí. A la campaña también se unieron presuntos trabajadores de ese sistema.

El 22 de agosto sujetos no identificados trataron de impedir que personal de los medios Crónica Uno, El Impulso y La Prensa de Lara cubriera una asamblea de trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en el estado Lara.

Los funcionarios les indicaron que no podían estar allí porque era una “zona privada” (pese a que estaban en el estacionamiento de la empresa). El apoyo de los trabajadores logró que pudieran hacer la cobertura y entrevistas, pero funcionarios con atuendo militar les tomaban fotos constantemente. Algunos funcionarios, presuntamente, pertenecen al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Mientras que el 27 de agosto una funcionaria del Metro de Caracas trató de impedir que el periodista Luis De Jesús grabara dentro de las instalaciones del sistema de transporte público un hecho irregular.

De Jesús necesitaba trasladarse urgentemente y solo tenía efectivo para pagar, pero en la taquilla no se lo aceptaron y decidió grabar la irregularidad. Luego de varias discusiones sin resultados, el periodista le pidió a otro usuario que le comprara la tarjeta para ingresar, pero unos funcionarios militares lo rodearon y le pidieron que borrara el material audiovisual. Tras dejar de insistir en que lo borrara, lo dejaron continuar.

Activistas y medios también fueron víctimas

El abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos, Alonso Medina, fue retenido por funcionarios de Migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, durante al menos dos horas, el pasado 24 de agosto.

Medina fue informado de que la división Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) emitió una orden de prohibición de salida del país en su contra. La Coalición alertó que Medina, junto con sus otros miembros Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano están siendo acusados e investigados por el informe sobre torturas en centros de detención que presentaron a finales de junio.

El 29 de agosto la emisora regional Pentagrama 107.3 FM, del estado Bolívar, fue víctima de vandalismo y delincuencia en sus instalaciones por segunda vez en el mes. Sujetos desconocidos destruyeron transmisores, aires acondicionados y tableros eléctricos, por lo que el medio se mantiene fuera del aire.

Internet

Al menos 10 de los 19 casos que registramos en agosto se relacionaron con fallas de internet que afectaron a varias regiones del país:

  • El 4 de agosto el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro reportó que un apagón llevó la conectividad en el estado Carabobo a 79 % de sus valores normales a las 7:50 p. m. La falla se mantuvo al menos hasta las 3:00 p. m. del día siguiente.
  • Desde las 6:30 a. m. del 8 de agosto, y por 10 horas y 40 minutos más, hubo una caída de internet en el estado Cojedes y su conectividad se redujo a 43 % de sus valores normales.
  • A la 1:40 p. m. del 9 de agosto hubo un bajón eléctrico que afectó a gran parte del país y redujo la conectividad a 87 % a nivel nacional. Los estados más afectados fueron Táchira, Portuguesa y Trujillo.
  • Ese mismo día, a las 5:12 p. m. se registró una nueva caída que redujo aún más los valores en Mérida, Táchira y Barinas.
  • El 13 de agosto, desde las 7 de la mañana se reportó una caída de internet en la zona central y occidental del país. Táchira, Vargas y Miranda fueron los más afectados.
  • A las 9:00 p. m. del 16 de agosto, y a las 9:20 a. m. del día siguiente, se produjo una falla de internet en los estados Bolívar y Monagas.
  • El 17 de agosto, a las 3:20 p. m. Ve Sin Filtro registró una caída nacional de internet por un bajón eléctrico que llevó la conectividad a 22 % de sus valores normales.
  • El 24 de agosto se produjo una nueva caída y el estado Táchira fue, nuevamente, el más afectado con 75 % de su conectividad comprometida.
  • Al día siguiente, una falla eléctrica masiva afectó la conexión a internet de manera simultánea en al menos seis entidades del país, con más ahínco en Monagas y Bolívar.
  • El servicio de internet se vio interrumpido el 29 de agosto en los estados Barinas, Táchira, Mérida y Trujillo por un presunto corte de fibra óptica, según informó la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). 

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