El gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios profundizaron la política de persecución e intimidación contra abogados y personas defensoras de derechos humanos por documentar y denunciar las violaciones que realizan funcionarios civiles y militares del Estado.
El miércoles 24 de agosto el abogado y director de la Coalición por los Derechos Humanos, Alonso Medina, informó en sus redes sociales que funcionarios de Migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía le prohibieron la salida del país.1
Dos horas después de ser retenido por los funcionarios, Medina fue trasladado a la oficina en el aeropuerto de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) 2. Allí permaneció una hora y media más hasta que le permitieron retirarse y le indicaron que la división Antiterrorismo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue quien emitió la orden de prohibición de salida del país.3
Organizaciones de la sociedad civil como Provea4 ; Justicia, Encuentro y Perdón 5 y Un Mundo Sin Mordaza6 rechazaron y condenaron el acto de hostigamiento en contra de Alonso Medina. El abogado Carlos Ramírez López dijo que denunciará el hecho ante la Federación Internacional de Abogados.7
Persecución por denunciar actos de tortura
La Coalición por los Derechos Humanos alertó que Alonso Medina, Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano están siendo acusados e investigados por el informe sobre torturas que presentaron a finales de junio. En el informe expusieron presuntos actos de tortura en centros clandestinos de detención en Caracas, con evidencias que sustentan las denuncias.8
En septiembre de 2020, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela de la ONU confirmó la existencia de, al menos, seis casas clandestinas de torturas en Caracas y el estado Miranda.9. En la presentación en junio del informe de la Coalición, Ana Leonor Acosta criticó que desde entonces no ha habido ningún tipo de investigación oficial para determinar la responsabilidad de esos actos.
Kelvi Zambrano, integrante de la Coalición, dijo al medio Crónica.Uno que la retención de Alonso Medina fue a raíz de una investigación que abrieron las autoridades contra ellos y contra Leonor Acosta. Calificó las acciones del gobierno de Maduro como parte de un “patrón de persecución”.10
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia está conformada por un grupo de abogados, personas defensoras de derechos humanos y profesionales de distintas áreas desde 2019. Se enfoca en la defensa de presos políticos, denuncias de torturas y tratos vejatorios a personas privadas de libertad por tener un discurso o pensamiento crítico con el poder.
Entre los casos recientes que lleva la Coalición se encuentran el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido arbitrariamente y presuntamente torturado por funcionarios hasta causarle la muerte11, y el del trabajador humanitario Gabriel Blanco, sindicalista y activista del comité de derechos humanos de la parroquia Coche de Caracas.
Referencias
