Dos mujeres intimidaron a la periodista Yelitza Figueroa, corresponsal en el estado Lara del medio Crónica Uno, mientras cubría una protesta de dueños de locales comerciales en el centro de la ciudad de Barquisimeto, el martes 9 de agosto.
Figueroa dijo a Espacio Público que se encontraba ejerciendo su labor en el Centro de Economía Popular Bequito, donde un grupo de comerciantes denunciaron irregularidades en la elección de la junta de condominio de ese inmueble.1
Luego de grabar a los denunciantes, cuenta la periodista, dos mujeres se le acercaron y le preguntaron en qué medio trabajaba. Figueroa les respondió y les mostró su carnet para que confirmaran el nombre, pero las dos personas le tomaron una foto y se fueron del lugar.1
“Las denunciantes me abordaron y me dijeron que ellas eran las personas a las que estaban denunciando. No me dio chance de reclamarles y pedirles que borraran la foto”, explicó.1
La periodista Yelitza Figueroa añadió que los comerciantes y personas que estaban protestando en el lugar aseguraron que ambas mujeres trabajan junto con la consultora jurídica del Instituto Municipal de la Vivienda, dependiente de la alcaldía del municipio Iribarren que actualmente controla el oficialista Luis Jonás Reyes.
La criminalización de la labor de los periodistas limitan y restringen el derecho a la denuncia de la ciudadanía en general y responden a una política de Estado que, desde lo más alto de su estructura, estigmatiza y hostiga verbalmente -con total impunidad- a quienes informan temas contrarios a sus intereses.
