En la mañana de este 22 de agosto unos sujetos no identificados trataron de impedir que personal de tres medios de comunicación cubrieran una asamblea de trabajadores activos y jubilados de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que se hizo en su sede del estado Lara.
La periodista Yelitza Figueroa, corresponsal en Lara del medio Crónica.Uno, dijo a Espacio Público que los trabajadores y jubilados convocaron a los medios de comunicación a cubrir su reunión en el estacionamiento de la empresa del Estado y asistieron, además de ella, personal de los medios El Impulso y La Prensa de Lara.1
Al llegar al estacionamiento, cuenta Figueroa, los funcionarios les dijeron que no podían estar allí porque era una “zona privada”. Una jubilada presente les reclamó la arbitrariedad a los funcionarios, les explicó que los periodistas eran invitados por los trabajadores y que no estaban dentro de la empresa, pero hicieron caso omiso.
“El funcionario insistió en que no podíamos pasar. Luego los trabajadores empezaron a gritar hasta que los funcionarios lograron hablar para que nosotros accediéramos”, dijo Yelitza Figueroa.1
La corresponsal de Crónica.Uno en el estado Lara detalló que ella y sus colegas lograron hacer la cobertura gracias a que los trabajadores estaban de su lado. Sin embargo, notaron que cerca de la asamblea había funcionarios con atuendo militar que tomaban fotos a los periodistas y a los trabajadores.1
“Entrevistamos y nos retiramos sin problemas, pero siempre pendientes de que nos tomaban fotos”, dijo. Añadió que, posterior al inconveniente que hubo al principio, se enteraron de que los funcionarios pertenecen, presuntamente, al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).1
El hostigamiento y la persecución a la prensa impiden que los principales problemas de la población se den a conocer, afectando tanto a la población en su derecho a estar informada para tomar decisiones como a los denunciantes, que en casos como este pueden inhibirse de querer denunciar las situaciones que atraviesan en su día a día.
Las empresas del Estado se deben al escrutinio público y, ante la opacidad gubernamental sobre cómo se encuentran Corpoelec y otros organismos, los trabajadores son aliados fundamentales de la prensa libre y la sociedad para conocer las realidades que hay puertas adentro.
