Las restricciones a la libertad de expresión en Internet aumentan de manera progresiva en Venezuela, afectando la posibilidad de buscar, recibir y difundir información en línea, así como de ejercer diversos derechos. Entre enero y agosto de 2022 el 57 % de los casos registrados sobre violaciones a este derecho fundamental, ocurren en línea.
Así lo comentó Marysabel Rodríguez, Oficial del Programa de Observatorio Social de Espacio Público, durante su participación en uno de los eventos de la Semana de la Comunidad que celebró la organización internacional Internet Society. Rodríguez explicó que las fallas eléctricas impiden el ejercicio de la libertad de expresión en línea y además el aparato jurídico ha evolucionado para incluir en las normativas una regulación de Internet que contraría su naturaleza y afecta el ejercicio de derechos, incluyendo la responsabilidad de intermediarios.
Los bloqueos a diversos sitios web “se traducen en esquemas de censura previa que están prohibidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Constitución Nacional, y por distintos instrumentos internacionales que han sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en distintas instancias internacionales, tanto a nivel regional como a nivel universal” explicó Rodríguez.
Las fallas eléctricas afectan múltiples derechos, pero además se ve violentada la libertad de información, la libertad de contenidos e incluso la libertad de comunicación: “las fallas estructurales del servicio eléctrico tienen un impacto no solo en llegar a contenidos específicos en línea, sino también a la posibilidad que tienen las personas de comunicarse entre sí, sea para fines sociales, para fines individuales o para fines personales” comentó Rodríguez.
Al respecto, agregó que “hay una serie de implicaciones que afectan el ámbito de los derechos civiles y políticos o las garantías individuales, y también tienen un impacto en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales”.
En Venezuela el ecosistema de medios tradicionales está severamente afectado por la censura, por mecanismos de control que aplica el Estado desde Conatel; los medios digitales surgieron porque tienen más espacios de libertad e independencia en línea, es allí donde se puede encontrar información más libremente.
Rodríguez explicó que los bloqueos a sitios web en Venezuela están relacionados a una dinámica estructural: “si bien los bloqueos se hicieron un patrón relevante en los últimos tiempos, fue precisamente porque los medios digitales en Venezuela empezaron a tener una importancia destacada, porque hubo una alteración del ecosistema de medios en general (…) Por eso la censura ahora se ha enfocado a estos medios, porque es donde queda algo de libertad de contenidos y libertad informativa”.
Por otra parte, durante su intervención retomó la afectación por los problemas eléctricos en Venezuela, recordando que el problema del mantenimiento tiene al menos 10 años, con el pico del año 2019 por el apagón nacional. “Las dificultades en el sistema eléctrico se mantuvieron, con apagones regionales frecuentes que, aunque no son en todo el territorio, tienen afectaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, y de los derechos civiles y políticos” comentó Rodríguez y recordó que no tener electricidad implica no tener internet, lo que se deriva en no tener acceso a diversos servicios por esta vía.
La ley contra la libertad en la web
Rodríguez explicó que hay un conjunto de regulaciones y de leyes que presuntamente justifican una serie de restricciones. Desde el 2010 se dio la reforma de la denominada Ley resorte, para incluir a los Medios Electrónicos; además, Rodríguez comentó que se legaliza la responsabilidad de los intermediarios por los contenidos publicados, lo que es “una contravía en el ejercicio de derechos vinculados a la libertad de información y a la libertad de contenidos, a la libertad de opinión y expresión, y eso ha tenido un impacto. Igual las reformas asociadas a la ley orgánica de telecomunicaciones también con el objetivo de regular los espacios en línea también datan de hace más de 10 años”.
“La estructura jurídica se ha ido modificando para incorporar Internet y además se han sumado nuevos elementos como en el año 2017 con la sanción de la determinada ley contra el odio que básicamente se ha utilizado para judicializar, criminalizar o perseguir a personas que expresan opiniones a través de distintas vías, incluyendo Internet”, agregó.
La Oficial del Observatorio Social de Espacio Público afirmó que la difusión de contenidos y opiniones en redes sociales ha sido criminalizada en el último tiempo, “sobre todo cuando se critica abiertamente la gestión pública. Personas que trabajan en el sector público cuando utilizan sus redes para denunciar presuntos hechos de corrupción han sido procesadas judicialmente a través de este aparato legal. Buena parte de esas restricciones vinculadas a la libertad de expresar disconformidad con el gobierno, ha sido atacada por la expresión en línea”.
Durante los últimos años las restricciones en línea han ido aumentando en relación con las que registramos fuera de línea. Entre enero y agosto de 2022 el 57 % de los casos se han registrado en Internet; “eso quiere decir que hay una lógica de restricciones que avanza progresivamente en línea y que representa una serie de desafíos importantes para poder promover y seguir garantizando algún tipo de libertad de contenidos en línea en Venezuela” explicó Rodríguez.
