La periodista y propietaria del diario regional El Vistazo, Nilsa Varela, denunció por acoso, hostigamiento, violencia mediática y psicológica al director del medio Mundo Oriental, Sandino Paraqueima; al alcalde de El Tigre, Enrique Paraqueima; y a tres directores de ese despacho municipal.
La denuncia fue presentada el martes 9 de agosto ante la Fiscalía Especial N°18 contra al violencia de género en El Tigre, según informó El Vistazo, “a propósito de una campaña pública ejecutada a través de diversos medios informáticos encuadrables en la violencia de género”.1
De acuerdo con lo informado por Nilsa Varela y el medio que dirige, las personas denunciadas emprendieron “una sistemática incitación al odio” en su contra desde el primer trimestre de 2022 “por la amplia cobertura hecha del conflicto Fospuca”.2
Además de la denuncia en contra de Enrique y Sandino Paraqueima (padre e hijo, respectivamente), la acción también va dirigida hacia Nelson Millán, director de ambiente y encargado de mantenimiento de la alcaldía de El Tigre; Williams Urquiola, director del terminal de pasajeros Cleto Quijada; y Orlando Marín, director de promoción y acompañamiento del poder popular de la alcaldía.3
“Millán es identificado como un promotor destacado de todo tipo de imágenes humillantes y ofensivas que incluso contienen mis fotos personales. Urquiola y Marín también se esmeran en la promoción a través de WhatsApp. Ellos tres no son los únicos”, dijo la periodista Nilsa Varela, citada por El Vistazo.4
A principios de agosto, Varela contó a Espacio Público que la campaña oficial de hostigamiento en contra de ella y del medio regional se remontaba a mayo, con el mismo alcalde acusando a El Vistazo de estar vinculado con una presunta banda delictiva y publicando montajes de titulares falsos.
“La agresión también viene en esta presentación, a través de imágenes, apodos, comparaciones degradantes que nada tienen de inofensivas. Solo aspiro a que no se sigan vulnerando mis derechos. La ley me ampara”, señaló Nilsa Varela a El Vistazo.5
Los actos presuntamente cometidos por el alcalde Paraqueima, los funcionarios de su despacho y el director de Mundo Oriental de acoso, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas y medios críticos con la gestión pública pueden constituir violaciones de derechos humanos, pues atentan contra la libre expresión y la diversidad de opiniones, baluartes principales del orden democrático.
Quienes ejercen cargos públicos tienen una mayor responsabilidad respecto a sus expresiones, pues éstas tienen mayor alcance, impacto, y probabilidad de desencadenar en acciones que perjudiquen a una persona o grupo. Por otra parte, es el Estado el responsable de garantizar la protección de los derechos humanos, incluyendo la protección de la pluralidad, diversidad y que discursos que puedan ser discriminatorios o peligrosos no se transformen en limitantes para el ejercicio de la libertad de expresión.
La vía penal no es la adecuada, según estándares internacionales, para perseguir expresiones, pues es altamente restrictiva y podría imponer sanciones excesivas, desproporcionales y que no restauran el posible daño ocasionado. Es preciso en casos como estos seguir parámetros como la exigencia del derecho a réplica o la posible rectificación.
Referencias
