Abril dejó tres frentes activos: Ley de Amnistía que se aplica de forma selectiva, condiciones de detención que se agravan y nuevas agresiones contra la prensa durante coberturas de calle. Documentamos 7 casos y 14 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde la intimidación (7) y los ataques (5) concentraron más del 85% del total.
Las víctimas fueron principalmente periodistas y reporteros(as) (5), junto con un camarógrafo/técnico, un reportero gráfico, una página o plataforma web y un trabajador público. Entre los victimarios figuran los cuerpos de seguridad (6), las instituciones del Estado y atacantes informáticos.
En el primer cuatrimestre de 2026 hemos documentado 38 casos, 91 violaciones al derecho a la libertad de expresión y 29 detenciones, en promedio 8 cada mes.
Amnistía a discreción
El periodista y defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas denunció el lunes 20 de abril que el viernes 17 el juez José Antonio García, del Tribunal Primero con Competencia en Terrorismo, le negó la amnistía “sin ningún tipo de explicación, simplemente que los delitos no estaban excluidos”. Rojas estuvo preso en cinco ocasiones, en su mayoría en El Helicoide, la última duró un año y nueve meses.
“No hay un argumento para negar la amnistía, sino simplemente decir que se está aplicando una selectividad perversa. No hay un patrón jurídico, ellos mismos están pisoteando la Ley de Amnistía que promulgaron”, declaró en rueda de prensa. Además hizo un llamado al juez García, al fiscal 23 nacional Carlos Alcalá, al nuevo fiscal general Larry Devoe y a la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato, a “no engavetar los casos”, y a la comisión de la Asamblea Nacional encargada del seguimiento de las amnistías a romper el silencio. También recordó la situación de los periodistas Rory Branker y Gabriel González, aún privados de libertad.
El abogado Alonso Medina Roa cuestionó la “discrecionalidad” con la que se aplica la ley, mientras Eduardo Torres advirtió que la norma “no está hecha para la reconciliación, sino para discriminar y mantener la amenaza”. Provea recordó que ya habían presentado propuestas para la Ley de Amnistía y reclamó romper la cadena para recobrar la libertad de las personas presas.
En paralelo, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) guardó silencio ante la solicitud que presentamos el 9 de marzo, en la que pedimos revisar de oficio y levantar las medidas administrativas restrictivas a la libertad de expresión: cese del bloqueo de portales digitales y contenidos en línea, sobreseimiento de procesos administrativos sancionatorios, regularización de licencias y concesiones radioeléctricas, y devolución de equipos e infraestructura. La petición está sustentada en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática del 20 de febrero de 2026 y en el artículo 10 de la Ley de Transparencia, que fija un plazo de 20 días hábiles. El lapso se cumplió en abril sin respuesta.
Tras las rejas, sin garantías
El 4 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Yorman Acevedo, mediante la resolución N° 22/2026, al considerar que se encuentra en una situación de urgencia. Acevedo, de 58 años, dedicado a la reparación de electrodomésticos en Maracay, estado Aragua (norte), fue detenido el 13 de enero de 2026 por funcionarios del SEBIN luego de comentar un video en TikTok sobre la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estuvo 19 días en condición de desaparición forzada antes de que su familia supiera que estaba recluido en El Rodeo I, acusado de “instigación al odio”.
El 24 de marzo Acevedo fue trasladado al Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda (norte), sin notificación oficial a su familia. “Sabemos que está ahí, pero no sabemos si le permitirán la llamada”, contó su hijo Viorman.
El jueves 9 de abril, durante una visita a la cárcel El Rodeo I, Rosalba Pereira, pareja del líder comunitario Manuel Sánchez, denunció que custodios lo golpearon en prisión tras una reyerta dentro del penal. Sánchez fue detenido el 27 de agosto de 2025 por la Policía Municipal de Caracas, acusado de “instigación al odio” por denuncias en TikTok sobre el desempeño de ese cuerpo policial, y condenado a 10 años de prisión el 20 de noviembre de 2025. A su delicada situación judicial se suma una salud mental frágil (depresión y esquizofrenia que requieren medicación constante) y el temor de su pareja a que atente contra su vida.
Reprimir al mensajero
El 9 de abril, durante la marcha de gremios y sindicalistas que partió de Bellas Artes hacia Miraflores, en Caracas, equipos antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) agredieron a la prensa con escudos, gas pimienta y botellas con agua congelada, según denunciaron los afectados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) registró 10 trabajadores agredidos en pleno ejercicio de su labor.
A Sergio González, fotógrafo de la ONG Provea, lo golpearon con un escudo y lo rociaron con gas pimienta. Al camarógrafo del medio VPI también lo impactaron con el objeto antidisturbios. A Jormer Díaz, del portal Contrapunto, le intentaron arrebatar el celular cerca de la Plaza El Venezolano. Francisco Cáceres, corresponsal de La TV Calle, fue otra de las víctimas de la acción policial.
Las agresiones ocurrieron en menos de una hora, alrededor de las 12:00 p.m., cuando los trabajadores se disponían a cruzar el cerco policial en los alrededores de la Plaza El Venezolano. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) además denunció la detención arbitraria de Ort Betancourt Villamizar, estudiante de la Unexpo Guarenas, de 20 años, aprehendido en el mismo punto mientras participaba en la actividad.
El patrón de represión se repite: se restringe el derecho a manifestarse, el de asociación y el libre ejercicio del periodismo cuando se impide que un comunicador registre y difunda lo que ocurre en la calle. Exigimos el cese inmediato de la persecución, la intimidación y las agresiones contra activistas, infociudadanos, periodistas y trabajadores de la prensa por ejercer la libre expresión y por hacer su labor.
En abril publicamos también nuestro Informe 2025 sobre la situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela, que recoge el balance del año cerrado y enmarca los patrones que persisten en el inicio de 2026.
