Es un “antiejemplo”, “no tiene claridad”, “silencia la crítica política”, “tiene un efecto inhibidor” y “severas consecuencias”, por eso se debe derogar. Esas palabras cortas resumen parte del debate sano y público que se desarrolló en el foro ¿Derogar o reformar?: La Ley Contra el Odio y su impacto en los derechos humanos en Venezuela, auspiciado por las organizaciones Espacio Público y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
El evento, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno este 5 de mayo de 2026, contó con la participación de Florencia Reggiardo, abogada y especialista en DDHH; Rafael Chavero, doctor en derecho y profesor universitario; Carlos Correa, doctor en Ciencias de la Información y director ejecutivo de Espacio Público; así como también con la ponencia especial de Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El foro se desarrolló en tres módulos y fue moderado por la socióloga Marysabel Rodríguez, quien resaltó que esta ley generó consecuencias dramáticas en materia de derechos humanos. “Desde noviembre de 2017 distintas organizaciones nacionales, internacionales, incluyendo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, desde ese momento se pronunciaron y cuestionaron la legitimidad, la legalidad y los posibles efectos que pueda tener la aplicación de esta regulación”.
Rodríguez resaltó que el gobierno actual habla de nuevos momentos políticos y que se habla de una posible reforma y que por eso se decide retomar el debate sobre esta ley que ya tiene ocho años en relación a distintas características vinculadas a esta regulación.
La Ley contra el Odio es un antiejemplo
¿Cuáles o riesgos generan estos conceptos de odio o intolerancia cuando son vagos o imprecisos?
“Esta es una conversación pertinente, me llena de alegría que se reactiven estas conversaciones”, con estas palabras inició su intervención Pedro Vaca, quien resaltó que durante los últimos cinco años esta ley en Venezuela es “un antiejemplo y tiene un efecto intimidatorio incompatible con la sociedad democrática”.
Por su parte, Florencia Reggiardo aseguró que la Ley contra el Odio (LcO) “no tiene claridad” y que los ciudadanos desconocen a qué los someten por temas de delitos que al final “los llevan a condenas irrisorias”.
Entretanto, el profesor Rafael Chavero afirmó que el objetivo de la LcO es “reprimir en virtud de un momento tenso. La crearon deliberadamente de una forma vaga”, expresó.
Además, resaltó que esta ley trajo “perversas consecuencias” y que su fin es silenciar la crítica política que “no tiene nada que ver con el discurso de odio, sino un efecto intimidatorio que generó un terror gigantesco y por eso la gente prefiere apartarse de las discusiones de relevancia política”, apuntó Chavero y agregó que si bien la LcO tiene impacto en la ciudadanía, también en los medios de comunicación, por ejemplo: con las multas que les imponen y la posibilidad de revocar sus concesiones.
Mientras que Carlos Correa añadió que también existen otras leyes que limitan a la libertad de expresión como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y que “se abren procedimientos en ámbitos locales que corresponden a más de tipo extorsivos. Es una técnica que se repite en varias normas durante los últimos 25 años”.
El castigo por expresarse en WhatsApp
¿Cómo se percibe en la práctica ese efecto inhibidor?
Ante esta pregunta, Correa indicó que una de las plataformas que generó un efecto inhibidor en la ciudadanía venezolana es la plataforma de mensajería WhatsApp porque en Venezuela ocurrieron detenciones a personas por publicar en sus estados o grupos y resultaron ser víctimas de otras personas quienes los delataron ante instancias oficialistas. Esto ocurrió con ciudadanía en general y trabajadores de la prensa.
“De alguna manera nadie dice nada, nadie comenta nada y eso tiene que ver con una práctica que se asoció después de las elecciones (presidenciales del 28 de julio de 2024) y es la dinámica de delación”, dijo Correa, quien añadió que esta acción tuvo un impacto en el quiebre de la confianza en las comunidades, porque si una persona decide denunciar la falta de agua o la luz, puede ser acusada de incitación al odio.
En Venezuela hay temor para hablar de temas de interés público
“No se pueden reunir para hablar de esos temas porque hay temor”, dijo y resaltó que en el caso de WhatsApp es una herramienta de comunicación interpersonal y debe existir un derecho que proteja a las personas, pero que no solo está WhatsApp sino también las redes sociales, porque quienes hacen denuncias o se expresan, pueden ser víctimas de una detención como el líder comunitario Manuel Sánchez, quien por cuestionar a un cuerpo de seguridad lo acusaron de “instigación al odio” y recibió una sentencia de diez años de prisión.
Adicional a los problemas en las comunidades, Correa señaló que desde hace un tiempo los periodistas venezolanos en Venezuela no firman sus notas para evitar cualquier tipo de intimidación, detención, entre otros patrones, solo por su derecho a informar.
¿Existen en la región ejemplos concretos de diferencias entre la crítica política legítima y el discurso que expone a la violencia?
Ante esto, Reggiardo comentó que es importante lo que expresaron Correa, Chavero y Vaca sobre cómo se presenta el efecto inhibidor en Venezuela con respecto a la LcO y comentó que en la región existe un entramado normativo sobre el cierre del espacio cívico que “se da en conjunto con la Ley contra el Odio como en el caso venezolano”.
“Cada vez vemos cómo se propagan normativas para limitar la disidencia y las opiniones en diferentes niveles, incluyendo a los defensores, quienes cumplen diferentes roles en la institucionalidad”, dijo.
Por otra parte, puso de ejemplo a su país, Perú, el cual atraviesa un proceso electoral y que hay un contexto en el que se busca impedir que las voces participen en el debate público.
Mientras que el relator, Pedro Vaca, comentó que en la región existen argumentos sólidos para la protección del debate democrático, pero que es necesario proporcionarlo tanto en la sociedad como en casi todo el Sistema Interamericano. “También tenemos la discusión de cómo proteger a las comunidades. La verdad tenemos muy buenos ejemplos”, dijo.
Vaca: “Hay suficientes elementos para pensar en una derogatoria”
Vaca resaltó la importancia sobre llevar a cabo este foro porque consideró que era una buena noticia que se active este tipo de temáticas. “Yo como relator, creo que la única salida coherente es la derogación” y explicó sus razones haciendo un repaso por varios años los cuales se aplicó la LcO en Venezuela, por ejemplo: manifestaciones que ocurrieron en 2018 por la situación económica; en 2019 hacia los trabajadores de la prensa o en el 2020 durante la pandemia por el coronavirus.
El relator resaltó la urgencia de la derogación de la LcO en Venezuela por su aplicación a la libre expresión en WhatsApp (como lo señaló Correa anteriormente), así como también a los medios digitales. “Hay suficientes elementos para pensar en una derogatoria”, enfatizó.
Ya para el tercer momento del foro, Rodríguez comentó que la aplicación de la LcO si bien tiene un impacto en la sociedad y que es necesaria la recuperación de las garantías, no solo en derechos humanos sino también en materia de libertad de expresión.
También resaltó que, en el contexto actual, varias organizaciones plantean iniciativas y acciones que van en la línea de la recuperación de las garantías institucionales y democráticas, además de exigir que se derogue la LcO también otras leyes que restringen el debate público, así como también se deben recuperar las concesiones a las emisoras de radio y televisoras en todo el país y cesar los bloqueos a los medios digitales.
En definitiva, la Ley contra el Odio se debe derogar
En ese sentido, Reggiardo comentó que además de la derogación de la ley, los jueces tienen la responsabilidad de proteger los derechos de las personas y reducir los riesgos de arbitrariedad en Venezuela.
Por su parte, Chavero indicó que en Venezuela no existen las condiciones para tener y sostener una LcO o similar. “Es una ley malintencionada y no juega ningún rol en la Venezuela que queremos. No podemos tolerar una pena de 10 a 20 años de prisión por un mensaje en WhatsApp. ¡Esto tiene que cancelarse!”, enfatizó.
Para concluir, los cuatro panelistas coinciden de manera rotunda en que la LcO se debe derogar de manera inmediata porque generó y sigue generando daño en la sociedad venezolana. “No sirve para reformar, sino que se debe derogar. Es un aparato que genera miedo y hay que avanzar a una dinámica de protección. Las buenas prácticas se construyen en libertad”, expresó Correa.
Por último, resaltó que en el más reciente informe de Espacio Público, el cual se presentó el miércoles 29 de abril, hay dos trabajos especiales que dan cuenta del peligro y las vaguedades de la existencia de esta ley: La Ley contra el Odio: origen ilegítimo, incompatibilidad internacional y obligación de derogación y Del dicho al hecho: Odio, discurso público y represión en Venezuela.
