El 9 de marzo de 2026 entregamos un solicitud de revisión de oficio y levantamiento de medidas restrictivas al derecho a la libertad de expresión y de información ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
A la fecha de hoy no ha habido pronunciamiento, pese a que el lapso de 20 días hábiles se cumplió, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Transparencia.
Fuimos ante esta autoridad en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión amparado por nuestra Constitución Nacional en los artículos 57 y 58, así como en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y bajo el respaldo de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática del 20 de febrero del año 2026.
Esta solicitud se fundamenta en la naturaleza reparadora de la Ley de Amnistía, con el objetivo de que este organismo gubernamental subsane las decisiones administrativas que han comprometido el desarrollo del ecosistema de medios en Venezuela.
Peticiones para garantizar la pluralidad
Bajo el propósito de proteger el derecho a la información de la ciudadanía y armonizar la actuación de esta Comisión con el nuevo espíritu de convivencia democrática, sustentamos nuestra petición en los siguientes puntos:
1.- Cese del bloqueo de portales digitales y contenidos en línea
2. Sobreseimiento y cierre de procesos administrativos sancionatorios
3. Regularización de licencias y concesiones radioeléctricas
4. Devolución de equipos e infraestructura
La implementación efectiva de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática representa una oportunidad institucional para que la Comisión procure la garantía técnica del espectro radioeléctrico, y promueva un entorno de seguridad jurídica y transparencia administrativa.
Es responsabilidad del Estado garantizar la armonía en el ecosistema de medios, respetando la pluralidad y el cese de las restricciones previas, eso constituye un paso esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la paz social.
Confiamos en que la gestión de este ente regulador se alineará con los principios de buena fe y celeridad administrativa, permitiendo avanzar en la resolución de los puntos aquí expuestos en favor del derecho a la información de la sociedad venezolana.
