Situación general del derecho a la libertad de expresión e información. Enero – abril 2026

abril 29, 2026

La reconfiguración forzada del poder en Venezuela —ante la detención de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada— no ha funcionado como un catalizador para la restitución de las garantías democráticas. El derecho a la libertad de expresión permanece bajo el asedio de una arquitectura jurídica diseñada para la censura. En tal sentido, el relevo en la jerarquía del poder político no implicó el desmantelamiento de la estructura represiva, ni el cese de las políticas de hostigamiento.

En este contexto, los anuncios realizados a principios de enero por Jorge Rodríguez, sobre la liberación de personas detenidas, sumado a la posterior aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Legislativo, generaron una expectativa de apertura que se materializó parcialmente con la excarcelación de varios periodistas y ciudadanía que permanecía bajo custodia arbitraria. Sin embargo, estas medidas no están orientadas a atacar la raíz del problema, puesto que no buscan el cese definitivo de la persecución judicial.

Por otro lado, la reciente designación de Enrique Quintana Sifontes como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) no ha supuesto un viraje en la política de restricciones arbitrarias que define al ente regulador. La nueva gestión ha mantenido los bloqueos discrecionales contra portales informativos, organizaciones de derechos humanos y redes sociales como X. La permanencia de estas barreras técnicas y administrativas, ejecutadas sin el debido proceso ni transparencia institucional, reduce cualquier expectativa de apertura democrática en el ámbito comunicacional; lejos de una flexibilización, la persistencia de estas medidas confirma que el control del ciberespacio sigue siendo una política de Estado para la administración actual.

Durante los primeros 4 meses¹del año registramos un total de 38 casos, que se traducen en 91 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión. Estas cifras constituyen una disminución del 36% con relación al total de casos y del 16% con respecto al número total de violaciones documentadas durante el mismo periodo del 2025. Esta variación da cuenta de una leve desaceleración con respecto a los patrones de criminalización del derecho en Venezuela, sin embargo, también demuestra que no existen condiciones que garanticen el derecho a recibir y difundir información.

Agresiones a trabajadores de la prensa

Durante los últimos años, la labor periodística en Venezuela ha sufrido una estigmatización sistemática impulsada por el discurso oficial y materializada en violencia física, detenciones arbitrarias e impedimentos de cobertura. Esta política de intimidación constante no solo busca silenciar, sino también enviar un mensaje ejemplarizante al resto del gremio, consolidando un entorno hostil, de censura y limitaciones al ejercicio de la labor periodística.

El 9 de febrero, personal administrativo y de seguridad del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, en el estado Zulia, impidió que los periodistas Jaira Molano (Canal 11 del Zulia), Eduardo Colina (Noti Primicia), Isaac Ramírez (Info News); y Manuel Calcaño, Lismar y Ángel Pacheco (pasantes de la Universidad del Zulia)², cubrieran una asamblea que convocaron los trabajadores del centro asistencial.
El 9 de abril, durante la cobertura de una protesta laboral desarrollada en Caracas, varios trabajadores de la prensa fueron agredidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el centro de la ciudad. Entre los afectados se encuentra Sergio González³, fotógrafo de la ONG Provea, a quien los funcionarios golpearon con un escudo y rociaron con gas pimienta.

Detenciones arbitrarias

Pese a que desde el poder estatal se ha intentado proyectar una narrativa de reconciliación y apertura hacia un escenario menos restrictivo, la práctica no ha sido coherente con este discurso. Las detenciones de trabajadores de la prensa y de ciudadanos particulares no han cesado; se mantienen como una herramienta de control a través del uso conveniente y arbitrario de la fuerza y de la justicia que además de castigar, funciona como un mecanismo de disciplinamiento social. En este periodo al menos 29 personas fueron detenidas de forma arbitraria, 15 periodistas, 7 particulares, 6 camarógrafos y 1 reportero gráfico. La mayoría fueron detenciones de corta duración.

El domingo 4 de enero, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron durante aproximadamente dos horas al equipo de prensa de Univisión Noticias mientras cubrían un operativo en la frontera venezolana. Luis Carlos Vélez⁴, periodista del medio, informó a través de sus redes sociales que les revisaron los documentos, teléfonos y les borraron el material informativo.
Yorman Acevedo⁵ fue detenido por funcionarios del SEBIN el 13 de enero en Maracay, en el estado Aragua, luego de comentar un video en la red social TikTok que hizo referencia a la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Estuvo 19 días en condición de desaparición forzada. Sus familiares supieron de la detención porque varias personas vieron cuando los efectivos se lo llevaban, pero no sabían dónde lo tenían. Finalmente, conocieron que estaba recluido en El Rodeo I, acusado de “instigación al odio”.

Víctimas y victimarios

Registramos un total de 68 víctimas, donde el grueso de las agresiones recayó directamente sobre los trabajadores de la prensa, con 34 periodistas y reporteros afectados, seguidos por 14 particulares y 8 medios de comunicación. También fueron blanco de ataques el personal técnico, fotógrafos e incluso trabajadores públicos, lo que demuestra que el cerco informativo es amplio y no discrimina funciones

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Aragua informó el 10 de marzo sobre el hallazgo del cadáver de la periodista Yolimar Hidalgo⁶ en una vivienda en el sector Huete, en Cagua, estado Aragua. Según el diario El Siglo, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se trasladaron al lugar el domingo 8 para iniciar las averiguaciones de rigor y esclarecer el hecho. A la fecha, no se ha ofrecido información pública oficial sobre avances en la investigación que permitan determinar las causas y responsabilidades.
El 3 de marzo se conoció el asesinato del periodista Walter Alexander Jaimes⁷, cuyo cuerpo hallaron en la carretera La Variante en la ciudad de Mérida, en el estado Mérida. La información la dio a conocer el también periodista Daniel Molina, quien hizo el reconocimiento del cuerpo de Jaimes a través de fotos. Jaimes salió de su hogar el sábado 28 de febrero a una pauta informativa y no regresó.

El 10 de marzo, el ministro del interior, Diosdado Cabello, indicó en un acto en el estado Mérida que el presunto asesino de Jaimes fue detenido, que se trató de un “tema personal”, y enfatizó que las causas “estaban muy claras”⁸. Ni el CICPC ni el Ministerio Público han dado información pública oficial respecto a la investigación o los procesos que estarían en curso.

De los 37 victimarios registrados en este periodo, los cuerpos de seguridad encabezan la lista con 27 responsables, seguidos por 12 instituciones del Estado y 3 funcionarios que actuaron de forma directa. Esto significa que el aparato público, en lugar de garantizar la protección de los ciudadanos y la prensa, es el principal agente hostigador. El resto de las agresiones se reparten entre victimarios desconocidos, atacantes informáticos y simpatizantes del oficialismo.

Con respecto a la ocurrencia de casos por ubicación geográfica, Caracas ocupa el primer lugar en la lista, acumulando el 33% de las situaciones. Seguido por Táchira (11%), Mérida (8%) y Miranda (8%). El 22% de las situaciones registradas tuvieron lugar en el plano virtual, esto incluye bloqueo de páginas web, fallas en los servicios de internet o electricidad o detenciones por la difusión de opiniones o informaciones a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Marco metodológico

El registro parte de la libertad de expresión e información como derecho humano que corresponde a toda persona, independientemente de su oficio o profesión. Esto incluye entre las categorías frecuentes, no únicas, a: PARTICULARES: quienes no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan medios y recursos a su alcance, digitales o analógicos, para expresar ideas, opiniones o contenidos de interés público. PERIODISTAS, REPORTEROS/AS: personas que se dedican de manera profesional a la comunicación, o que constituye su dedicación principal o dominante.

Por CASO se entiende el hecho o situación en la cual se compromete la garantía del derecho a la libertad de expresión. En un mismo evento o caso se puede registrar la participación de varios agentes violadores o responsables, varias víctimas, así como varias DENUNCIAS de violaciones o restricciones al derecho. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos, y varios tipos de violaciones.

El registro se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron diferentes variables, entre ellas: área geográfica o espacio de ocurrencia; género de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, particulares, medios); tipología según el área de trabajo (fotógrafos, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías de violaciones:

AGRESIÓN: en el caso de personas heridas o golpeadas por civiles o por fuerzas de seguridad.

ATAQUE: estructura física de instituciones o personas dañadas o asaltados por la difusión de noticias u opiniones o contenidos.

AMENAZA: en forma personal, por teléfono, por mensajes de texto, voz u otra modalidad. Agresión a las propiedades de una persona, como por ejemplo, disparos de armas de fuego contra su vivienda o destrucción de su vehículo, o ataques, amenazas o seguimiento a miembros de su familia.

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas o documentos de identidad negados o suspendidos arbitrariamente.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento sobre periodistas, comunicadores detenidos sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas durante el desempeño de sus tareas.

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: amenazas de funcionarios de iniciar acciones judiciales contra un medio, periodista o ciudadano, demandas por daños y perjuicios, o querellas por calumnias e injurias destinadas a inhibir la difusión de un hecho o de una crítica, y sentencias a prisión o a pagar indemnizaciones por esos delitos; imposición a periodistas y reporteros de revelar sus fuentes de información, arresto o detención de periodistas por orden de autoridades judiciales, allanamiento de medios de comunicación.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: insultos o descalificaciones de funcionarios hacia medios de comunicación, periodistas o ciudadanos, declaraciones destinadas a ubicar a la prensa en el papel de adversario político, aprobación de proyectos de resolución o de declaración en repudio de artículos periodísticos, opiniones o contenidos específicos.

RESTRICCIONES LEGALES: aprobación de leyes restrictivas para la libertad de expresión y de prensa, o presentación de proyectos legislativos o decretos del Poder Ejecutivo con esa finalidad.

RESTRICCIONES ADMINISTRATIVAS: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del Ejecutivo Nacional, regional o municipal.

MUERTE: periodistas o ciudadanos asesinados mientras realizaban su trabajo periodístico, por o posiblemente a causa de buscar/difundir información, o por motivo de éste, luego de su realización.

Las descripciones de las categorías son generales, incluye ejemplos de denuncias registradas a modo de ejemplo, no configura una lista exhaustiva o cerrada.

Para validar las posibles causas de violaciones graves[28] en relación al ejercicio de la libertad de expresión, se revisan antecedentes sobre la difusión de contenidos, restricciones, amenazas u hostigamientos previos, así como las investigaciones judiciales que cumplan con las garantías legales del Estado de Derecho y la independencia de los poderes públicos. Ante la ausencia de investigaciones adecuadas, y la existencia de antecedentes restrictivos, se asume el ejercicio del derecho como causa de la violación hasta la aparición de nueva información corroborada o investigaciones penales debidas que demuestren lo contrario.

Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en medios de comunicación a nivel nacional o regional, así como el testimonio de las víctimas y personas afectadas, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional e internacional.

A partir de los datos recogidos se creó una matriz que considera las variables que explicitamos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos que ilustran este informe. El estudio comprende una descripción de los patrones de violación al derecho, seguidos de una ilustración con algunos casos relevantes