Entre enero y junio de 2018, se registraron 161 casos/situaciones1 en los que se vulneró el derecho a la libertad de expresión, lo que representa un total de 219 violaciones al derecho. Esto representa una reducción del 72% de los casos en relación al primer semestre de 2017, el año con mayor cantidad de violaciones registradas en 15 años, con una incidencia que superó la media regular. Este 2018 hubo un incremento de 11% en relación a la media de casos registrados entre 2013 y 2016.
Se sostiene el hostigamiento hacia los trabajadores públicos, en especial aquellos movilizados(as) en reclamo por las críticas condiciones laborales. Al menos 20 personas, en su mayoría del sector salud, fueron perseguidas, amenazadas o detenidas por protestar o denunciar activamente las situaciones en los centros hospitalarios.
-El 23 de abril, la nueva directora del Hospital del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) José Antonio Vargas, mejor conocido como La Ovallera, en el estado Aragua, prohibió al personal médico hacer declaraciones a la prensa con amenaza de despido. María Eugenia Pérez Chejade, familiar del Ministro de Salud, Luis López Chejade, le abrió expediente administrativo a cinco trabajadores por protestar. Esto tras la manifestación que realizó el personal el 20 de abril en rechazo a la detención arbitraria, sin orden judicial, del doctor Domingo Rodríguez, jefe de Traumatología; Yan Sandoval, técnico patólogo, auxiliar de la morgue, y un tercer trabajador, que no fue identificado. Asimismo, los trabajadores reclamaron las irregularidades asociadas a la designación de la nueva directiva, entre ellas la falta de credenciales.
La detención de los trabajadores de la salud fue ejecutada por encapuchados, vestidos de negro y fuertemente armados mientras se desarrollaba la protesta. El Colegio de Médicos del estado Aragua denunció que entre el 21 y 22 de abril, el personal encarcelado fue reseñado en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), presentados en tribunales, y dictada una medida privativa de libertad. Se les acusó de falsificación de certificaciones médicas, en la Fiscalía 21 del estado Aragua2.
– El 11 de junio, el Ministro de Salud, Luis López, amenazó con cárcel al líder sindical, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano. “Detrás de cada protesta en salud está ese señor (Zambrano). Cuando te pongan los ganchos, no te quejes. Tú eres el que fomenta las protestas en el sistema de salud, eso es sabotaje”, declaró López durante un programa transmitido en la emisora Radio Nacional de Venezuela (RNV), previo a la visita al país de Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)3.
La censura estuvo vinculada al cese de circulación de impresos por escasez de insumos, impedimento de cobertura por parte de funcionarios, en especial durante manifestaciones públicas, exhortos y sanciones por parte de Conatel, así como ataques cibernéticos y bloqueos a sitios web.
Para el primer semestre, cinco medios impresos salieron indefinidamente de circulación: Diario El Tiempo, en Anzoátegui; El Impulso, en Lara; El Oriental, del estado Monagas; La Prensa de Barinas y La Región de Oriente, de Sucre.
Veinte acciones entre bloqueos y ataques informáticos contra sitios web, medios digitales y cuentas personales de redes sociales, se registraron entre enero y junio de 2018. Del total de afectados (12), el 58% (7) fueron sitios informativos, entre ellos El Nacional Web, La Patilla y El Pitazo, cuyo acceso fue bloqueado por la operadora pública Cantv, al igual que las páginas de contenido sexual Youporn, PornHub, Xvideos. Asimismo, la operadora pública bloqueó el acceso a Tor, una red de comunicación anónima que sirve para evadir bloqueos. En estos últimos casos se trató de bloqueos por dirección IP, una nueva modalidad en relación a los patrones previos que implica un mayor nivel de sofisticación de cara a impedir el acceso y libre circulación de información.
La “Ley contra el odio” que, entre otras cosas, castiga las expresiones de odio hasta con 20 años de prisión, se empezó a aplicar este año. El instrumento fue utilizado contra trabajadores públicos4, manifestantes procesados judicialmente5, miembros de la Iglesia Católica, periodistas para exhortarlos a “suavizar” su línea editorial cuando abordan temas que evidencian la crisis social, y como sanción contra medios digitales.
El 37% de las víctimas son periodistas o reporteros; 63 medios de comunicación, la mayoría de estos se vieron impedidos en su circulación (por escasez de papel) o en su difusión, por bloqueos de sitios web o ataques informáticos de plataformas6, así como por atentados contra sedes físicas, en los estados Táchira7, Zulia8 y Cojedes9.
En la mayoría de los casos, los cuerpos de seguridad arremeten contra reporteros durante la cobertura de calle, en particular durante manifestaciones públicas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) realizó allanamientos, sin orden judicial10, así como visitas en centros hospitalarios tras la denuncia sobre casos graves, producto de la crisis alimentaria11.
Unas 46 personas resultaron detenidas, entre manifestantes procesados judicialmente; periodistas que fueron trasladados, retenidos, o fue revisado e incluso eliminado su material audiovisual durante coberturas; trabajadores públicos, entre miembros de organismos militares12, trabajadores de la industria eléctrica, y del sector salud por denunciar situaciones críticas. La totalidad de detenidos(as) que fueron procesadas(os) judicialmente son trabajadores públicos, funcionarios o infociudadanos.
– El 10 de mayo, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron sin orden judicial a Pedro Patricio Jaimes Criollo. La detención ocurrió luego de que Jaimes publicara el 3 de mayo desde su perfil de Twitter (@AereoMeteo) información sobre el espacio aéreo venezolano, específicamente la ruta del avión presidencial. Esta información es de dominio público y se encuentra en internet.
El 12 de mayo Jaimes fue presentado ante el Tribunal Tercero de Control de Los Teques, estado Miranda, ante la jueza auxiliar Rumely Rojas Muro. En la audiencia de presentación la fiscalía señaló que Jaimes fue detenido en “flagrancia”, por tuitear, lo que a su juicio constituía un delito contra la seguridad nacional. La jueza Rojas acordó la detención de Jaimes.
Tras la audiencia del 12 de mayo, el Sebin trasladó a Pedro Jaimes a un lugar desconocido. Desde esa fecha y hasta el 15 de junio Jaimes estuvo desaparecido. Durante esos 33 días no hubo noticias sobre su paradero.
El 15 de junio, Pedro Jaimes llamó a su familia y les notificó que fue encarcelado en El Helicoide, una instalación del Sebin, en Caracas. Jaimes recibió golpes para revelar sus contraseñas de redes sociales y a consecuencia de ello tiene fracturada la costilla derecha. Pedro Jaimes sufre desmayos, dolores agudos, y tiene dificultad para conciliar el sueño, sin embargo, no cuenta con atención médica adecuada.
Espacio Público intenta defender plenamente a Pedro Jaimes a nivel judicial, no obstante, el Tribunal Tercero de Control ha negado a los abogados juramentarse como defensores y con ello el acceso a los expedientes penales de investigación y control.
– El teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Paul Machado, fue sentenciado el 24 de mayo de 2018 a cuatro años y 10 meses de cárcel por romper su carnet de la patria durante una protesta registrada en el estado Táchira el 17 de mayo de 201713. Machado fue acusado por ultraje a la Fuerza Armada, insubordinación, contra el decoro militar e instigación a la rebelión militar, específicamente por “manifestaciones en contra del Gobierno nacional no cónsonas con su investidura de militar y no autorizadas por su comando superior”.
El sitio de reclusión quedó fijado en el Centro Penitenciario de Occidente. El abogado defensor, Omar Martínez, denunció que Machado recibió malos tratos y tortura durante su permanencia en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas, a donde fue trasladado y permaneció un mes.
Entre enero y junio, fueron registrados 11 casos que incluyen el inicio de procesos sancionatorios, tres cierres de emisoras o la salida del aire de programas por órdenes directas o presiones de Conatel, así como autocensura producto de exhortos que advierten sobre sanciones por el abordaje de determinados contenidos.
Siete medios de comunicación fueron cerrados este primer semestre de 2018. Cinco impresos regionales, la estación Nuestra 100.7Fm, que transmitía desde el estado Bolívar y el departamento de prensa de Aventura TV en el estado Zulia.
– El 10 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que Conatel sacó del aire el programa Caiga quien caiga que transmiten las emisoras Mara Ritmo 900 AM y B 94.1 FM del estado Zulia, conducido por Ángel Monagas y Gervis Medina. La Comisión no dejó nada por escrito y amenazó con abrir procedimientos a los directivos14.
– El 25 de mayo Néstor Labrador, director de la Emisora Radio Aragua 1010 entregó al conductor del programa “Aragua Defiéndete”, diputado a la Asamblea Nacional, Arnoldo Benítez una comunicación emitida por Conatel en la que califican de “irresponsables, pudiendo ocasionar intolerancia y zozobra” el contenido del espacio y se les insta a abstenerse a partir de la recepción del exhorto a difundir mensajes que respondan a esas características. Conatel amenazó con una multa de hasta el 10% de los ingresos brutos obtenidos por la emisora en el ejercicio fiscal anterior al día de la sanción, así como con la suspensión por 72 horas continuas de las transmisiones15.
Marco teórico metodológico
El registro cotidiano se realizó sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyeron las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación según las categorías definidas anteriormente. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional.
Referencias
