Septiembre: hostigamiento a periodistas

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En el mes de septiembre ocurrieron al menos 21 casos de violaciones a la libertad de expresión, 31 % más que en agosto. El último mes fue el segundo, hasta ahora, con más casos en lo que va de año y el total se tradujo en 37 violaciones y 31 víctimas, principalmente periodistas.

23 de las víctimas fueron periodistas y/o reporteros (74 % del total), junto con tres medios de comunicación, dos páginas web, un particular y dos casos que afectaron a la ciudadanía en general.

Con 11 actos de intimidación y 10 de censura, ambos volvieron a ser los principales tipos de violaciones a la libertad de expresión, patrón que se ha repetido en los últimos meses. Le siguieron cinco actos de hostigamiento verbal y cuatro agresiones, entre otros. 

Al menos 16 de los 25 victimarios (64 % del total) están relacionados directamente con el Estado venezolano. Contabilizamos ocho instituciones, cinco funcionarios y tres cuerpos de seguridad.

Cerco a los periodistas

En la ciudad de San Félix, estado Bolívar (sur), personas desconocidas fotografiaron y grabaron a trabajadores de la prensa cuando regresaban de cubrir una caminata del candidato a la elección primaria de la oposición, Henrique Capriles, el 1° de septiembre.

Los trabajadores de Qué pasa en Venezuela, VPItv, La Nación Radio, Guayana 360 y El Upatense regresaban de su pauta cuando un grupo de motorizados y un carro gris sin placa se les acercaron, les tomaron fotos y grabaron a los carros. Una periodista contó que las personas eran afectos al oficialismo que usaban franelas identificándose como “colectivos”.

La intimidación a la prensa también ocurrió en otros sectores del estado Bolívar. En Upata, motorizados con identificación de la Alcaldía local fotografiaron a periodistas y trabajadores, mientras que en Ciudad Bolívar otro vehículo siguió a periodistas, los grabó y fotografió.

Simpatizantes del oficialismo hostigaron e insultaron al periodista Dexcy Guédez luego de que publicara en su cuenta personal de Instagram, el 1° de septiembre, una denuncia de vecinos sobre cobros de tarifas especiales en el sector El Valle del municipio García, estado Nueva Esparta (noreste).

Guédez fue increpado por mensajería directa de Instagram por Cruzanis Lairet, presunta funcionaria de la Alcaldía local, quien insinuó que la información que publicó podría “incitar al odio”. La Alcaldía aseguró en su cuenta institucional que era “información tergiversada” para “crear malestar”, aunque Guédez afirmó que la denuncia fue validada con testimonios de la zona.

En Caracas, un funcionario del Metro trató de impedir que el periodista Jean Carlos Hernández grabara y tomara fotos dentro de las instalaciones del sistema subterráneo. El hecho ocurrió el 8 de septiembre, cuando el comunicador grababa la situación que ocasionaron las lluvias en la estación Sabana Grande.

El funcionario le dijo a Hernández que “no podía tomar fotos ni grabar porque estaba prohibido”, a lo que le respondió pidiéndole que le mostrara la Gaceta o norma donde se explica tal prohibición. Al insistir en la petición, el funcionario le dijo que, si no iba a cumplir la norma, se subiera al tren y dejara de “estar molestando”.

Luis Alejandro Acosta
Foto: archivo, Luis Alejandro Acosta

Por su parte, en el estado Amazonas (sur), el periodista y activista de DD. HH., Luis Alejandro Acosta, fue víctima de detención arbitraria y desaparición forzada por parte de organismos de seguridad el 8 de septiembre, debido a la cobertura, reportes y pronunciamientos sobre las operaciones militares contra la minería ilegal que se realizaban en el Parque Nacional Yapacana.

48 horas después de la detención de Acosta, ningún organismo o autoridad se había pronunciado al respecto ni sobre las condiciones en las que se encontraba el periodista. El 10 de septiembre, la seccional Apure/Amazonas del Colegio Nacional de Periodistas informó que Acosta había sido trasladado a la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Puerto Ayacuch.

El comunicador y activista fue excarcelado el 21 de septiembre bajo medidas que violan sus libertades fundamentales: presentación en tribunales cada 15 días; prohibición de salida del estado Amazonas y prohibición de expresarse en redes sociales y ante los medios de comunicación sobre lo que ocurre en Yapacana, continuando así con el patrón de censura.

El 19 de septiembre, la periodista Luzfrandy Contreras recibió amenazas a través de panfletos que arrojaron personas sin identificar en la sede del Colegio Nacional de Periodistas del estado Táchira (suroeste). El vigilante de la institución fue quien detalló que arrojaron los panfletos desde un vehículo color blanco, pero no logró identificar la placa ni a los responsables.

“Luzfrandy politiza la labor periodística. Terminarás como Seir Contreras, escondiéndose y sin empleo”, fue el mensaje que salía en los panfletos, junto con fotografías de ella y de su colega, quien fue despedido del canal privado Globovisión en agosto por cuestionar a un diputado oficialista en una entrevista.

Contreras dijo que el hecho la sorprendió porque no ha tenido conflictos por sus trabajos periodísticos. “Hago muy poco trabajo de política, me enfoco en las denuncias de comunidades, en hacer encuestas de calle”, señaló.

En el estado Zulia (oeste), el director del Hospital Binacional de Paraguaipoa, José Domingo González, amenazó el 19 de septiembre al periodista Algimiro Montiel luego de denunciar la falta de insumos y de personal médico en ese centro asistencial.

“Tú sabes lo difícil que somos como wayúu, puede haber problemas por eso porque yo soy wayúu y mi familia es mala. Por eso te digo que tengas cuidado”, le dijo González a Montiel, en lengua wayúu, en un mensaje de voz de WhatsApp. El periodista indicó en un comunicado que no es la primera vez que recibe amenazas por parte de personas que trabajan en ese hospital.

Captura de pantalla

El 21 de septiembre la periodista Ronna Rísquez fue víctima de hostigamiento verbal por parte de cuentas en la red social X luego de publicar información y un video sobre la denominada “Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro” en la que las autoridades retomaron el control de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.

En el video, Rísquez explicó cinco datos sobre el operativo de seguridad en Tocorón, que servía como base de la banda delictiva Tren de Aragua, sobre la que investigó y escribió en un libro de su autoría. La periodista explicó que la toma del penal no implicaba la desarticulación total del grupo delictivo.

El video fue replicado por varios medios de comunicación y, posteriormente, recibió mensajes en los que se descalificaba su trabajo. Los victimarios la acusaron de “palangrista” y uno dijo que “hay medios que se encargan de exaltar y magnificar para poner a los delincuentes como unos héroes”.

El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, hostigó verbalmente al periodista Alberto Torres, del medio Crónica Uno, luego de que le preguntó sobre la inflación venezolana durante una rueda de prensa el 20 de septiembre en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas.

El reportero le preguntó al parlamentario cómo se le podía explicar a las personas que haya crecimiento económico si la inflación sigue siendo elevada, entre otras interrogantes. Faría volteó a verlo, le preguntó de qué medio era, lo acusó de manipulador, puso en dudas su labor periodística y lo acusó de tener sesgo político.

Amenazan a periodista Dimas Medina por informar censura de Conatel

Programas y medios censurados

El 1° de septiembre, tras una inspección de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), salió del aire la emisora Radio Modulación 100.3 FM que operaba en el municipio Puerto Cabello del estado Carabobo (centro), con decomiso de su transmisor por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) detalló que la comisión de la Conatel “ordenar decomisar el transmisor y las antenas” debido a supuesta interferencia con otra emisora y un periodista de la entidad señaló que se presume que Radio Modulación no contaba con los permisos para operar. El director de la emisora, Enrique Izaguirre, explicó en un comunicado que la salida fue para “hacer mejoras técnicas”.

El mismo día en San Cristóbal, capital del estado Táchira, dos funcionarios de la Conatel se presentaron en la sede de la emisora Continental 103.5 FM y ordenaron apagar sus equipos de transmisión debido a una supuesta extinción de dominio y a que requerían el dial para el funcionamiento del Circuito Radial Tiuna.

El locutor y productor independiente de la emisora, Antonio Ruiz, relató que al lugar no llegó ningún cuerpo de seguridad ni se llevaron equipos, solo se ordenó firmar el acta y apagar los equipos, dejando sin empleo a al menos 10 productores, tres operadores de audio y un coordinador. 

El 4 de septiembre, durante su programa que se transmite en el canal del Estado, Nicolás Maduro hostigó verbalmente al portal de noticias Voz de América, al acusarlo de sacar noticias para “malponer a Venezuela”.

Maduro hizo referencia a un reportaje sobre la situación económica en el Parque Nacional Morrocoy. “Buscan un periodista de los que odian a Venezuela y le dicen ‘haz tu reportaje’”, dijo para luego nombrar directamente al periodista Gustavo Ocando, autor del reportaje.

Por presión de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro del estado Miranda (norte), la emisora Altos 107.1 FM sacó del aire el programa Al día con nosotros que conducía el caricaturista Fernando Pinilla. 

El acto de censura ocurrió en represalia a una caricatura que publicó el autor en sus redes sociales, que hacía crítica a la Gobernación de Miranda, controlada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y a su gestión pública en el municipio Guaicaipuro.

El programa radial del periodista y candidato presidencial independiente, Manuel Isidro Molina, que se transmitía por la emisora Tropical 990 AM, fue sacado del aire el 7 de septiembre por órdenes de la Conatel por presuntas retaliaciones políticas del gobierno de Nicolás Maduro y su ministro de Comunicación, Alfredo Ñáñez.

En un comunicado, Molina vinculó la acción “al nerviosismo, la pérdida de apoyo popular y del respaldo” del partido de gobierno, el PSUV. El presidente del Movimiento Popular Alternativo (MPA) mencionó que se ejercen presiones cotidianamente contra dueños de medios de comunicación y que el acto de censura se produjo “en complicidad con la burocracia de Conatel y el sistema judicial”.

Sociedad civil restringida

Desde el viernes 7 de septiembre, y durante todo el fin de semana, usuarios de las redes sociales reportaron que no podían acceder al portal de consulta de la elección primaria de la oposición. El 11 de septiembre, el Observatorio de Internet VE Sin Filtro confirmó el bloqueo de buscadorprimaria2023.com por parte de las principales empresas proveedoras de internet en el país.

La organización detectó dos tipos de bloqueos: DNS y HTTPS/HTTP. El primero fue aplicado por las operadoras privadas Digitel, Inter, Supercable, NetUno y la estatal CANTV; el segundo tipo de bloqueo lo aplicó la empresa privada Movistar. Los bloqueos son ordenados por la Conatel para evitar que la ciudadanía se informe o acceda a contenido crítico con el gobierno.

El portal web de la Comisión Nacional de Primaria, una organización de la sociedad civil, permite que las personas pueden revisar los centros de votación asignados para la elección primaria de la oposición pautada para el próximo 22 de octubre.

cazadores de fake news

Desde el 14 de septiembre el portal web de la organización de la sociedad civil, Cazadores de Fake News, estuvo bajo ataque y temporalmente inaccesible. Su director, Adrián González, atribuyó el ataque a un grupo de hackers que operan en la red social X.

El ataque a la página ocurrió luego de que vincularan al grupo de hackers venezolanos con una página en la que publicaron un rumor sobre la supuesta muerte de Tareck El Aissami. La semana anterior, el portal de Cazadores de Fake News recibió un primer ataque de tipo DDoS dirigido, específicamente, a un artículo que desmentía un bulo sobre la precandidata presidencial de la oposición, Delsa Solórzano.

Funcionarios de la Policía del estado Monagas (este) detuvieron al ciudadano Horacio López mientras hacía perifoneo para el recorrido que hizo la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, el 21 de septiembre en la zona industrial de Maturín.

De igual forma, ese mismo día, simpatizantes del oficialismo trancaron la calle del sector Santa Inés, en la avenida Raúl Leoni, para impedir que trabajadores de la prensa y seguidores de Machado pasaran por ese lugar y llegaran a la concentración.

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