Octubre: sustos enmascarados en detenciones y censura

Dar cobertura a una noticia, defender derechos humanos o enviar un audio de WhatsApp para exigir mejoras en la calidad vida se ha convertido en motivo suficiente para ser silenciado por el Estado. El mes de octubre estuvo marcado por un total siete casos que se tradujeron en 17 violaciones a la libertad de expresión: 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura.

Del total de víctimas registradas, hay cinco particulares, cuatro periodistas, dos medios de comunicación y dos reporteros gráficos. Mientras que los principales victimarios son: los cuerpos de seguridad, responsables de usar el miedo para silenciar a las voces críticas.

Entre enero y octubre de 2025 se acumulan un total de 192 violaciones, siendo los particulares, periodistas y camarógrafos las principales víctimas. Destacan 31 detenciones, 56 hechos relacionados con el entorno digital, y el uso del poder estatal para vigilar y silenciar las voces disidentes. 

Impedimento, detenciones y censura para la medios

El 7 de octubre, un grupo de trabajadores de la prensa fue expulsado por personal de protocolo del Congreso Ecoturístico “Bolívar Oasis de Exploradores”, un evento que realizó la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en el estado Bolívar, al sur del país. 

Los periodistas Rosangely Bruces y Félix Requena, junto con los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, fueron abordados hostilmente por el personal de la CVG  cuando iban a entrevistar a una de las ponentes de la actividad y les dijeron que no contaban con autorización para cubrir el evento, a pesar de tratarse de una actividad pública, contó Requena. “La ponente nos defendió a capa y espada hasta donde pudo, pero la bota del poder pudo más”, agregó la periodista.

El 10 de octubre, diversas organizaciones, periodistas y gremios denunciaron censura radial, suspensión de programas y amenazas contra quienes hablarán sobre el Premio Nobel de la Paz¹ que le fue otorgado ese mismo día a la dirigente opositora María Corina Machado.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que “varios comunicadores fueron instruidos por directivos de emisoras para no mencionar el nombre de Machado ni referirse al galardón”. Además, el gremio señaló que algunos trabajadores de la prensa fueron suspendidos, amenazados con ser despedidos y que otros recibieron advertencias verbales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). 

Esta no es la primera vez que el Estado venezolano impone mecanismos de censura para restringir la cobertura de ciertos temas o el uso de determinadas palabras. Por ejemplo, en 2019 la Conatel ordenó la salida del aire de un programa de radio en el estado Bolívar por emplear los términos “régimen” y “escasez”.

En la mañana del 30 de octubre, el periodista de sucesos Joan Camargo fue detenido arbitrariamente y desaparecido forzosamente luego de ser interceptado por personas no identificadas al salir de su casa en Cotiza, zona norte de Caracas, de acuerdo con información publicada en la red social X por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)².

Al día siguiente, el SNTP difundió un comunicado de la familia en X, en el que informaron que ese 31 de octubre recorrieron varios centros de detención en la capital para conocer la ubicación del comunicador; pero en todos los lugares visitados recibieron la misma respuesta: “no está aquí”. Los familiares reiteraron en el escrito su denuncia que está en condición de desaparición forzada y señalaron que habían pasado más de 30 horas sin saber el paradero, la condición física ni la razón de la detención de Camargo.

“Cómo familia, queremos recordar que Joan es, ante todo, un periodista. Ha dedicado su vida a contar lo que pasa, a informar con respeto y responsabilidad. Defender su integridad y su oficio es también defender el derecho de todos a saber la verdad”, agregaron sus familiares en el comunicado después de exigir la actuación urgente y transparente de las instituciones del Estado venezolano para conocer la ubicación, estado físico y situación jurídica del periodista de sucesos³.

Persecución a defensores, a pesar de estar en el exilio

El 13 de octubre, Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y Luis Alejandro Peche, consultor político e internacionalista, fueron atacados a disparos por sujetos desconocidos en Bogotá, Colombia. 

Velásquez emigró a Colombia en busca de refugio luego de haber sido retenido en el aeropuerto internacional Maiquetía, cuando intentaba viajar a Ginebra para una reunión de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 3 de agosto de 2024. Mientras que Peche salió de Venezuela hacia Colombia en mayo de 2025 por la persecución hacia su trabajo.

El 16 de octubre, La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó a las autoridades del Estado colombiano⁴ a fortalecer la protección para los defensores de derechos humanos y, en particular, para los venezolanos Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche, tras el atentado.

Vigilancia en manos de la ciudadanía

El 21 de octubre, Nicolás Maduro solicitó la creación de una una funcionalidad en la aplicación VenApp⁵ para alentar a la ciudadanía a denunciar “todo lo que vean, todo lo que oigan”, según expresó una Cadena Nacional transmitida en los canales estatales⁶.

Durante la alocución, Maduro indicó que la nueva función involucraría a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral con el propósito de fortalecer la “defensa del pueblo”. El Estado venezolano ha promovido el uso de aplicaciones como VenApp y VePatria para la vigilancia y el control social más que para los fines de servicio público.

En una entrevista realizada a Lennys Palmar, hermana de Marcos José Palma Martínez, se conoció que este fue detenido el 6 de enero de 2025 por un audio que difundió en el grupo de WhatsApp de su comunidad, ubicada en el barrio barrio Ayacucho, en la carretera vieja Caracas-Los Teques (norte). 

La nota de voz de 52 segundos anunciaba una protesta por la falta de entrega de las bombonas de gas. “La segunda semana de septiembre, lo llevaron a los tribunales y lo condenaron a 15 años de prisión. Nunca denunciamos esto, no sabíamos que fuera a llegar tan lejos esta situación”, dijo Palmar⁷.